Gobierno propone un decálogo para reformar la justicia

Gobierno propone un decálogo para reformar la justicia

Aumentar de 8 a 15 años el período de los magistrados, entre las ideas.

Enrique Gil, ministro de Justicia

El exmagistrado Enrique Gil es ministro de Justicia desde febrero de este año. Estudió derecho en la Universidad de Antioquia.

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Claudia Rubio / EL TIEMPO

30 de septiembre 2017 , 11:00 p.m.

Un decálogo de medidas para enfrentar y solucionar la crisis que estremece la justicia del país propone el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.

Las iniciativas van desde la creación de un tribunal de aforados para juzgar a altos magistrados acusados de delinquir hasta la eliminación de las facultades electorales de las cortes y los tribunales departamentales.

El ministro Gil Botero apoya la propuesta del contralor general, Edgardo Maya, de acabar con las contralorías departamentales. Posiblemente, su propuesta más novedosa sea reformar las facultades de derecho de las universidades. Dice que no se trata de formar “genios tenebrosos”, sino gente muy capacitada.

El presidente Juan Manuel Santos, en la cumbre de poderes en Pasto, dijo que el país necesita una gran reforma de la justicia, pero que solo será posible si hay un acuerdo nacional. ¿Un acuerdo nacional sobre qué?

Acuerdo nacional sobre una reforma estructural, integral, de largo aliento y sobre cuatro ejes temáticos. El primero es la creación del tribunal de aforados, que ahora está dentro de la reforma política. Este tema es muy importante porque busca que los magistrados puedan ser sujetos de investigación y juzgamiento por un órgano que actúe, ante la inercia e inoperancia de la Comisión de Acusación (de la Cámara).

¿Cuál es el segundo eje temático?

Es la eliminación de las funciones electorales de las cortes, y yo agregaría algo: las funciones de los tribunales administrativos en materia de elección de los contralores departamentales.

¿Cuáles son las funciones electorales de las cortes que se deberían eliminar?

Las de proponer candidatos para elegir fiscal, procurador y auditor.

¿Por qué cree que debe despojarse a las cortes de esa función?

Porque ha generado mucho daño, tiene un efecto distractor perverso, y por ahí entró la politización a las cortes. Insisto, los tribunales departamentales se politizaron con la elección de contralores.

En el caso de las funciones electorales de las cortes, ¿se las quitarían a ellas para trasladárselas a qué institución?

Podría ser al comité interinstitucional, es decir, a los presidentes de las cortes.

Pero en el comité interinstitucional tiene puesto el Fiscal…

Sí, él podría intervenir. Es sano que participe para que haya continuidad.

Pero todo esto requiere una reforma constitucional...

Sí, para quitar las funciones electorales de las cortes, porque en estos procesos pueden darse intrigas políticas y distracciones innecesarias.

El contralor general, Edgardo Maya, ha reiterado la propuesta de que se eliminen los contralores por ser focos de corrupción…

Yo considero que se deben eliminar. El contralor tiene la suficiente proyección nacional para ejercer controles. Me parece que ahí hay una rebatiña, a veces política, que afecta también a los tribunales contencioso-administrativos.

¿Tercer eje temático?


Mejorar el funcionamiento y la eficacia de la justicia, eliminar la morosidad y ayudar a la descongestión judicial. Lo que más ha deslegitimado la imagen de la justicia es que no hay quien resuelva, que cuando resuelve han pasado los años, que la justicia la encuentra la gente cuando se muere, en el reino de los cielos. Tenemos que poner plazos razonables. Eso es un imperativo de la Convención Americana. Hay sentencias en el Tribunal Europeo que ahora condenan a los Estados porque se demoran cinco o seis años en resolver asuntos; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya habla sobre el derecho a un fallo pronto.

Le voy a contar la historia de un señor que presentó una demanda a los 60 años; en este momento tiene 89, y en enero tuvo que poner una tutela ante el Consejo de Estado para que le resolvieran. La tutela era por mora y apenas acaban de fallarla. La tutela sirvió para que le fallaran.

Pero es que juzgados, tribunales, cortes están inundados de tutelas…

Sí, porque la justicia no actúa rápidamente. Todos los días se producen llamados de la Comisión Interamericana en el sentido de que los países tienen que resolverles a las personas su situación jurídica dentro de plazos razonables. Ni qué decir de quienes tienen en juego su libertad.

¿Y qué piensa hacer?

Sería importante generar una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que diga si darle al Estado un año para la formulación de imputación en casos de delitos menores y dos años para los delitos graves obedece a los estándares internacionales.

Lo más alarmante es que de 100 personas privadas de la libertad, muy pocas llegan a sentencia

¿Cuántas personas están privadas de la libertad?

116.312.

¿Cuántos hay sentenciados?

Hay 80.410 con sentencia y 35.902 no sentenciados… Lo más alarmante es que de 100 personas privadas de la libertad, muy pocas llegan a sentencia. ¿Sabe qué genera eso? Miles de condenas contra el Estado. La Fiscalía tiene en este momento un pasivo contingente de billones de pesos por privación injusta de la libertad. Entonces tenemos que perfeccionar también las estructuras investigativas, darle prevalencia a la presunción de inocencia, abogar por una política criminal coherente que permita descongestionar.

¿Cuál es el cuarto eje de la reforma de la justicia?

Para mí es el más importante: la enseñanza del derecho y la formación de ciudadanos; hay que reinventar la cultura ciudadana, la cultura de la legalidad, la ética y los valores.

¿A qué se refiere en cuanto a la enseñanza del derecho?

Hay que hacer una revisión general de la cátedra. Vemos con preocupación una proliferación de facultades de derecho. Bonn (Alemania) tiene una sola facultad de derecho; en Medellín hay 27; solo en el 2016 se crearon en el país 20 facultades de derecho.

¿Por qué no busca un acuerdo con la ministra de Educación?

Lo estoy haciendo. Lo que pasa es que hay una limitante que se llama autonomía universitaria, que hay que respetar pero a la que hay que exigirle razonabilidad. Hay que hablar sobre la calidad de la enseñanza del derecho, pero la calidad no solo técnica o jurídica; no sacar genios tenebrosos, sino gente muy capacitada, con mucha fibra moral, con mucha sensibilidad, con ética y valores.

¿Cómo les impone eso a las universidades?

Mediante un acto administrativo que busque modificar los pénsums. Estamos en eso. La resolución la tiene que expedir la ministra de Educación. Como ministro de Justicia, yo le estoy dando apoyo logístico con el contenido, pero no la firmo porque es de su competencia, y no de la mía.

Al margen de los cuatro ejes, ¿qué le pareció la decisión de las cortes de autorregularse?

¿Sabe por qué ha habido tanta corrupción en las cortes? Le voy a dar un ejemplo: radican una ponencia que absuelve a una persona y eso empieza a circular, y a veces se demora un mes, por ejemplo, mientras se firma; entonces alguien se aprovecha y llama a pedir dinero. Tiene que haber buenas prácticas, que las pueden implementar las cortes en su propio reglamento: transparencia en los repartos, en las decisiones, en las notificaciones; ellos se pueden autorregular porque es una facultad de cada corporación darse su propio reglamento. Y no abusar de los permisos; cada magistrado tiene derecho a cinco días al mes, y a veces abusan de eso.

¿Y cómo va a buscar el gran acuerdo nacional para reformar la justicia que pidió el Presidente en Pasto?


Me pidió generar mesas de trabajo con las altas cortes, comprometer a los partidos políticos, comprometer a la Rama Judicial, las facultades de derecho, la Procuraduría, la Fiscalía y la comunidad en general.

El presidente Alfonso López decía a sus ministros: “Cuando usted tenga un gran problema y no le halle solución, integre una comisión”… ¿Es eso?


No. Yo tengo un compromiso como ministro de Justicia y no se trata de nombrar ninguna comisión: voy a hacer unas mesas de trabajo con las cortes, con los jueces, con el Congreso, con los partidos políticos.

¿Y los casos de los magistrados Malo, Bustos, Tarquino, etc.?

Vamos a revisar el sistema de investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales, con el objeto de impulsar un modelo que, al tiempo que permita preservar la independencia de los más altos órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público, garantice la celeridad y la eficacia de las investigaciones cuando a ellas haya lugar. Será el tribunal de aforados el encargado de hacer las investigaciones de orden penal. Para lo disciplinario, podría pensarse en crear un tribunal ad hoc integrado por los presidentes de las cortes, representantes de la academia de jurisprudencia y los decanos de las facultades de derecho del país.

Y, mientras se crea, ¿quién vigila a los jueces?

En este momento está para elegirse en el Congreso la Comisión de Disciplina Judicial, que disciplinará a los magistrados, jueces y abogados. Será cosa de días.

¿Y qué hacer con la reglamentación para la elección de magistrados?

Hace parte de todos estos elementos estructurales de reforma; ahí estaría la edad, el tiempo de permanencia, la estabilidad de la jurisprudencia misma. Mire: el país no está en capacidad de generar cada ocho años, que es el período de los magistrados actuales, 70 u 80 superhombres que deben ser los magistrados; el ciclo evolutivo de nuestra cultura no da para que cada ocho años haya un relevo generacional de esa naturaleza. Yo propondría que se eleve a 15 años.

¿De período?

Sí. De período de magistrados de altas cortes. Y que no tengan menos de 50 años, cuando ya no hay tentaciones emocionales o frivolidades.

¿Le gusta que el Consejo Superior de la Judicatura no mande listas, sino que las cortes apliquen cooptación?

A mí me gusta la cooptación plena, con mecanismos de transparencia. La experiencia con la Judicatura no ha sido la más positiva. La función que debe cumplir debe ser gerencial, administrativa.

El Presidente dijo en Pasto que las cortes no están corrompidas, que apareció una oveja descarriada. ¿No le parece que lo que apareció realmente fue un rebaño?

Hay una premisa básica: que las instituciones no delinquen y no podemos generalizar, porque al hacerlo estamos destruyendo a muchos jueces y a muchos magistrados probos, que son la inmensa mayoría.

¿Por qué hay magistrados de 42 años?

Los hay de menor edad. Mire: llegar a una corte debe ser la cúspide de toda una gran carrera judicial. Pero, hoy, jueces de circuito esperan ser magistrados de altas cortes. Nunca han sido magistrados de tribunal, no tienen experiencia; tienen 30 y tantos años y ya quieren un salto copernicano. Todo el mundo quiere ser magistrado de alta corte porque es que “allá hay sueldos muy buenos”, pero es que “allá” es el punto de llegada, no es el punto de partida. Y “allá” se debe llegar por razones totalmente distintas al afán de dinero y vanidades.

Desgraciadamente, nuestra sociedad no tiene confianza en sus jueces, hay una desinstitucionalización total. Los jueces son el referente del equilibrio de las fuerzas sociales, de los conflictos, de todo; si yo no creo en las decisiones de los jueces, estoy participando en una sociedad que tiende a la anarquía, a la entropía, al caos.

¿Usted cree que es posible el gran acuerdo nacional al cual convoca el Presidente?


No solamente es posible, es necesario. Se empezará con mesas de trabajo con las altas cortes. Hay que convocar a los decanos de las facultades de derecho más calificadas del país, así como a los jefes de los partidos políticos, senadores y representantes, a la sociedad civil y a la comunidad en general. No podemos ser observadores, tenemos que hacer algo, y lo que es necesario es posible.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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