Los invasores / Opinión

Los invasores / Opinión

Son muchos los casos documentados de 'invasores profesionales' o instigados por grupos armados.

Desalojo de tierras

La Agencia Nacional de Tierras adelantó un proceso de desalojo de los invasores de la finca Las Palmas de Chipilín, en Córdoba

Foto:

Agencia Nacional de Tierras

08 de julio 2018 , 11:26 p.m.

El reportaje publicado por este diario el martes 3 de julio bajo el título de ‘Las invasiones amenazan la formalización de tierra en el país’ tiene la condición garciamarquiana de una novela con riesgo anunciado y, en su momento, desestimado.

En efecto, durante la discusión en el Congreso del proyecto aprobado como la Ley 1441 de 2011, en el componente de Restitución de Tierras, Fedegán presentó dos propuestas que se incorporaron al articulado: la primera, relacionada con el carácter sumario de los procesos y la inexistencia de doble instancia, dio lugar al artículo 92, que permitió el recurso de revisión de sentencias ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

La segunda, consignada en el artículo 207, buscaba evitar una ola de invasiones –como sucedió y sigue sucediendo, a juzgar por la nota de EL TIEMPO– al excluir de los beneficios de restitución a quien “utilice las vías de hecho para invadir, usar u ocupar un predio del que pretenda restitución o reubicación como medida reparadora”. No obstante, la Corte Constitucional, en sentencia C-715 de 2012, declaró inexequible tan necesaria medida de contención.

En oposición a la Procuraduría, que advertía con tino que “un Estado social y democrático de derecho no puede patrocinar ni prohijar el empleo de las vías de hecho…”, y a los ministerios de Justicia y Agricultura, que fueron contundentes en que “el inmueble usurpado lo restituye el derecho, no la fuerza”, la Corte se inclinó por los demandantes, la Comisión Colombiana de Juristas con el apoyo de sus aliados de Dejusticia, para sentenciar que “aunque la medida persigue un fin constitucional, es innecesaria, inadecuada y desproporcionada”.

Explicación no pedida…, dicen los juristas mismos. En este caso, la Corte sintió la necesidad de explicar que su decisión “no implica que (…) esté aprobando o cohonestando con las vías de hecho utilizadas por las víctimas”. No las estaba aprobando, pero, indiscutiblemente, sí cohonestó con su sentencia la utilización de la violencia invasora, presuponiendo, además, que todos los invadidos son despojadores culpables y todos los invasores víctimas inocentes; y no hay tal, lo que hay es mucho bandido. Son muchos los casos documentados de “invasores profesionales” o instigados por las Farc, el Eln y las bandas criminales, interesados en esconder su propio despojo y en mantener control territorial a través de falsas víctimas.

Así las cosas, cuando el Director de la Agencia Nacional de Tierras advierte –y el periódico lo resalta– que “los que invaden pueden quedar vetados para ser adjudicatarios”, está reviviendo el artículo 207 y yendo en contra de la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia excesivamente garantista de la Corte, que terminó justificando la violencia, arropando el delito y victimizando a legítimos propietarios, o bien, a verdaderos despojados.

No me anima la tonta mezquindad de un ‘lo dijimos’, pero realmente lo dijimos. Por ello, para que el director de la ANT pueda cumplir con su advertencia se requiere una nueva ley que acompase con la posición de la Corte, permitiendo, por lo menos, cerrarles el paso a los bandidos que pretendan estafar al proceso de restitución, con el que, dicho sea de paso, siempre he estado de acuerdo, a pesar de sus falencias, como un acto de fundamental justicia.

El deber ser, sin embargo, es que la Corte modifique su posición, en atención a la situación que ha generado, de “violencia consentida constitucionalmente”, porque si la condición de víctima, como la de pobreza o vulnerabilidad, justifica el tomarse la justicia por la propia mano, pues apague y vámonos.

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA
Presidente Fedegán
En Twitter: @jflafaurie

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