'Una constituyente no es el camino': Alfonso Gómez Méndez

'Una constituyente no es el camino': Alfonso Gómez Méndez

El exfiscal y exministro plantea soluciones para sacar a la justicia de su actual crisis. 

Crisis en la justicia

Ante todo, debe distinguirse entre problemas estructurales de la administración de justicia y corrupción propiamente dicha.

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123RF

26 de agosto 2017 , 10:34 p.m.

A propósito de los revelados casos de corrupción que afectan a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrados de tribunal, jueces, abogados litigantes y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (FGN), se vuelve a hablar de “crisis” en la justicia y de las propuestas de reforma constitucional para afrontarla.

Pero, ante todo, debe distinguirse entre problemas estructurales de la administración de justicia (AJ) –como lentitud, ineficiencia, trámites engorrosos, hacinamiento carcelario, política criminal errática, términos incumplidos– y corrupción propiamente dicha.

En este último evento, dos hechos han golpeado duramente la ya descaecida credibilidad en la justicia: por primera vez hay denuncia del propio Fiscal General contra magistrados de la CSJ (después de rumores sobre nexos con el anterior Fiscal en temas burocráticos), por supuesta recepción de dineros para “arreglar” fallos en favor de conocidos políticos; y el centenar de funcionarios de la Fiscalía que Martínez Neira ha ordenado investigar y hasta capturar, por sospechas fundadas de corrupción.

Sucesivas modificaciones

Frente a situaciones parecidas, y con igual argumento, ya se ha ensayado cambiar la Constitución, con variada fortuna. En 1945, Alberto Lleras sacó adelante una reforma de la AJ. En 1957, tras el Plebiscito, se reguló el nombramiento de magistrados de las altas cortes, quitándole atribuciones electivas al Congreso, para despolitizar la justicia; se establecieron la cooptación, la paridad y, en teoría, la carrera judicial.

En 1968, Carlos Lleras logró la trascendental reforma que creó, entre otras, la Sala Constitucional de la CSJ. López Michelsen consiguió un acto legislativo convocando pequeña Constituyente para reformar el régimen territorial y la AJ, pero la CSJ la “tumbó” en 1978. En el 79 lo intentó Turbay con la creación del Tribunal Disciplinario y la FGN: por razones de forma, corrió igual suerte ante la CSJ.

Barco propuso otra con temas tan importantes como la tutela, la creación del Consejo de la Judicatura (CdJ), la FGN y la Defensoría del Pueblo (DP),
la carrera judicial, elección de los altos dignatarios de las cortes y el juzgamiento de aforados.

Pero cuando su aprobación estaba prácticamente garantizada, un grupo de parlamentarios, al parecer intimidados o “aceitados” por el narcoterrorismo, introdujo una especie de “mico” para someter a referendo la extradición de nacionales, cuya prohibición era la principal “bandera” de los narcos; el Gobierno prefirió “hundirla” antes que ceder a la presión de los terroristas, que con asesinatos selectivos –Galán, Cano– tenían “arrodillado” al país.

De la Carta del 91 vienen la CC, la FGN y la DP, pero también la atribución de funciones electorales a las cortes y un sistema cruzado mediante el cual mientras los congresistas son investigados y juzgados por la Sala Penal de la CSJ o por el Consejo de Estado, los magistrados lo son por el Congreso: casi todo lo que ahora se sugiere cambiar vía Constituyente.

Causas y soluciones

En este panorama, miremos las causas y posibles soluciones al cáncer de la corrupción en los más altos niveles de la justicia: en relación con lo primero, no es necesario cambiar la Constitución.

En el Ministerio de Justicia, en colaboración con eminentes juristas, encabezados por el profesor Gaitán Mahecha, planteamos una serie de interesantes propuestas –regulación de la tutela, jueces especializados en ese mecanismo, mejoramiento de las facultades de derecho, examen de Estado, juzgamiento real de los aforados, entre otras–, pero luego el Gobierno prefirió mezclar esos temas judiciales con temas políticos, y presentó el proyecto llamado de equilibrio de poderes, que, como se sabe, todo terminó prácticamente en nada.

En el punto “gordo” de la corrupción, sus causas y soluciones, hay que partir del holocausto del Palacio de Justicia, cuando el país asistió impávido y sin reacciones adecuadas al asesinato de una verdadera Corte Admirable formada durante años.

Esto no quiere decir que después no hayan llegado magistrados eficientes y probos. Pero en general se degradó el mecanismo o su escogencia, pues los magistrados se eligen de unas listas que sin ningún rigor hace la Sala Administrativa del CSdJ.

Este es prácticamente el único país del mundo en donde los magistrados son más conocidos por los nombramientos y posiciones políticas que por su jurisprudencia

Por este aspecto, la Constituyente del 91, con la mejor intención, puso su mayor cuota al politizar la magistratura.

Este es prácticamente el único país del mundo en donde los magistrados son más conocidos por los nombramientos y posiciones políticas que por su jurisprudencia.

En muchos casos, los titulares se dedican a viajar atendiendo invitaciones de todo género mientras el trabajo, con bastante retraso, lo hacen los subalternos y auxiliares. También

El clientelismo judicial

Las funciones electorales quitaron respetabilidad a las altas corporaciones, donde se gasta más tiempo nombrando que tomando decisiones judiciales. Tienen cuotas políticas en Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Ejecutivo y hasta en el Legislativo. Facilitaron un pernicioso maridaje entre políticos y jueces. Parientes de operadores judiciales son nombrados en el Ejecutivo.

Por algo se dice que algunos de los magistrados son buenos miembros de familia, pues ubican a sus parientes en todas partes, pero no brillan por sus decisiones. El clientelismo judicial, más grave que el político, está a la orden del día. Y sin sonrojo.

¿Por qué no hubo suficiente reacción social cuando el anterior Fiscal General logró que buena parte del Consejo de Estado le prorrogara el periodo inicial, con métodos no muy claros? ¿Ni tampoco cuando ese mismo funcionario influyó en nombramientos en otras ramas del poder, incluido el secretario de la Comisión de Acusaciones? Sería bueno investigar el cruce de puestos y, sobre todo, de contratos entre magistrados o sus parientes y otras entidades del Estado.

Esa politización permite que los reemplazos de los magistrados demoran meses y aun años, porque se crean “grupos” de justicia, al mejor estilo de las corporaciones políticas. Y facilitó la perniciosa “puerta giratoria”, doblemente suprimida pero que, sin embargo, uno de sus favorecidos, el también hoy cuestionado Francisco Ricaurte, ¡quiere usarla de nuevo para entrar a la JEP!

Otro ‘round’ político se da por la presidencia de las cortes, perseguida a dentelladas por las prebendas que supone y por su cercanía al poder; se llegó incluso al ridículo de elegir presidente de la CSJ por un mes, solo por el “lujo” de tener pasaporte diplomático de por vida.

Errores de la Carta del 91

Otro gran error de la Carta del 91 fue afectar aún más el ya ineficiente sistema de juzgar a los altos funcionarios del Estado.

Antes, los congresistas no tenían fuero sino inmunidad, o sea que levantada esta podían ser procesados por un juez ordinario. En ese año esa inmunidad se cambió por fuero ante la CSJ, pero no se percataron de que pasaron a ser investigados e investigadores, a lo cual se suma que el Consejo de Estado puede quitar la investidura a los legisladores.

Así, ni el Congreso procesa con independencia a los magistrados, ni estos a los congresistas, como ocurrió en el vergonzoso caso de la piñata en la extinguida Dirección Nacional de Estupefacientes.

Cuando se quiso crear un tribunal de verdad, para juzgar al Fiscal y a los magistrados, quitando el innecesario paso por la política, saltó el Fiscal de entonces, desencajado, junto con su compañero de batalla Leonidas Bustos. Los hechos actuales están demostrando la razón de sus miedos.

La Constituyente, ¿el camino?

Al contrario de cuanto se sugiere, a mí me parece que una constituyente no es el camino para tomar. Cierto que cuando se trata de afectar sus privilegios los magistrados se oponen y vuelve el juego de intereses con el Congreso. Pero cuanto hoy se quiere cambiar no fue resultado de una norma del Congreso, sino de una constituyente, como la muy elogiada del 91. Es decir, una constituyente no es, ‘per se’, garantía de lo mejor, según se ha visto en los últimos 26 años, en lo referente a la justicia ni al sistema político.

Tras lo conocido en estos días, les quedará muy difícil al Congreso y a las cortes atravesársele a una reforma constitucional muy sencilla que disponga quitarles a estas las funciones electorales, establecer un tribunal independiente para juzgar a los magistrados y eliminar el sistema de mutua investigación.

Actuaciones inmediatas

Hay cosas que pueden hacerse ya, más allá de los recurrentes cambios constitucionales. Asumiendo que la mayoría de magistrados son probos y prudentes, se impone un propósito para lograr algunos cambios de comportamiento, como serían: no inmiscuirse en nombramientos en otras ramas del poder público, ser malos miembros de familia y no colocar parientes en el Ejecutivo o el Legislativo; reducir en lo posible los viajes fuera y dentro del país con cualquier pretexto y a los sitios más extraños; proveer rápidamente las vacantes; no enfrascarse en largas discusiones sobre presidencias anuales; mantener total independencia frente a la clase política; no usar su poder para impedir que el Congreso legisle sobre determinadas materias; presentar proyectos de ley sin entrar en el tejemaneje parlamentario; desechar ellos y sus parientes puestos o contratos del Gobierno, contratistas, fiscales, procuradores o contralores; dedicarse exclusivamente a los asuntos sometidos a su conocimiento y cumplir los términos procesales.

Convendría también que en esta campaña presidencial los candidatos se comprometan a respetar la absoluta independencia del poder judicial que pasa por no halagar a los magistrados, no contratar o buscar lobistas para acercarse a ellos, y no nombrarles parientes o amigos en cargos oficiales ni contratarlos con jugosos honorarios profesionales, no siempre justificados.

Claro que se requiere un gran control de la opinión. Pero para eso es importante que los medios cumplan responsable y oportunamente su deber de denunciar. Mucho de lo hoy divulgado era ‘vox populi’.

Ojalá se restablecieran las unidades investigativas para desentrañar la madeja de contratos y favores entre la cúpula judicial y los gobiernos o los parlamentarios y los entes de control. Conviene eliminar esa especie de contrato innominado entre algunos sectores mediáticos y las fuentes a las cuales se da “buen trato” callando comportamientos dudosos por chivas.

Como se ve, sí hay soluciones. Pero la calentura no está en la sábana de la Constitución.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ
Especial para EL TIEMPO

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