Las razones que tumbaron el polémico beneficio a 'cerebros' de Premium

Las razones que tumbaron el polémico beneficio a 'cerebros' de Premium

La Fiscalía afirmó que los procesados no dieron activos para reparar el daño causado a las víctimas.

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Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, cabezas del Fondo Premium de Interbolsa.

Foto:

Archivo particular

12 de agosto 2016 , 09:14 p.m.

La Fiscalía cuenta con suficientes evidencias para lograr la condena de los cuestionados inversionistas Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cerebros del descalabro del Fondo Premium, por lo que su colaboración no resulta determinante para la justicia.

Ese es uno de los argumentos con los que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, tumbó el viernes el polémico principio de oportunidad concedido por el exfiscal Eduardo Montealegre y ratificado por el fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, y que les garantizaba a los procesados inmunidad por los delitos de captación masiva y habitual y no reintegro. Inicialmente, el beneficio era por un año y, si cumplían sus compromisos, sería definitivo.

La Resolución 2803, firmada por el fiscal Martínez Neira, documenta la investigación por el millonario desfalco del Fondo Premium y cuestiona que Ortiz y Jaramillo no cumplían una labor menor en el entramado para estafar a los inversionistas, sino que desde el comienzo “intervinieron en el diseño y ejecución de esa estrategia”.

El documento de 31 páginas señala que al aplicar el principio de oportunidad debe existir proporcionalidad, o de lo contrario, “los sujetos que cometen ese tipo de delitos podrían entender que su actuar no acarrea ninguna consecuencia negativa, ya que en el mejor de los casos pueden lograr su propósito en un marco de impunidad”.

Eso, dice la decisión, sería un mensaje equivocado para la sociedad e iría en contravía de la política criminal y la administración de justicia del país.

Añade el Fiscal que ya se han concedido otros tres principios de oportunidad a implicados en el caso que han entregado información clave y que lo ofrecido por Jaramillo y Ortiz solo “sería una evidencia adicional, pero no esencial para soportar la teoría del caso”.

Por esos hechos ya recibieron beneficios judiciales Jorge Arabia Waterberg, vicepresidente de Interbolsa; Adriana Rico Villalba, funcionaria de la parte comercial de la comisionista, y Ricardo Emilio Martínez, gerente de Valores Incorporados. (Además: La última carta de las víctimas de Premium contra Ortiz y Jaramillo)

“La colaboración que han prestado (Ortiz y Jaramillo) no resulta necesaria ni indispensable para la investigación”, afirmó el Fiscal General en la decisión que ya fue notificada a los abogados de los procesados y de las víctimas.
No devolvieron dinero

Adicionalmente, el fiscal Martínez Neira sostuvo que los procesados no ofrecen activos que permitan reparar el daño causado a las víctimas, por lo que darles esa gabela a los dos cuestionados empresarios sería una burla a los afectados.

“Con la aplicación del principio de oportunidad no se evidencia que la investigación y la administración de justicia obtengan un beneficio sustancialmente mayor al que obtendrían los procesados”, dice el documento. Sin embargo, añade que si Ortiz y Jaramillo entregan nueva información y muestran un ánimo real para reparar a las víctimas, se podría revisar algún tipo de beneficio.

El fiscal Martínez Neira ordenó a la fiscal del caso que siga el proceso penal contra Ortiz y Jaramillo por los dos delitos, con lo que además se destraba la sentencia en su contra por los otros cargos: estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies, los cuales fueron aceptados por ellos.

El exvicefiscal Francisco Sintura, que representa a un grupo de víctimas del Fondo, sostuvo que el jefe del ente acusador tomó una decisión correcta y ajustada a la gravedad del caso.

Se reconocen los derechos de las víctimas que hasta ahora no han sido reparadas”, indicó Sintura, quien formó parte del grupo de abogados que se opuso a que se les concedieran beneficios a Ortiz y Jaramillo, que además son investigados por el delito de lavado de activos.

De prosperar esa investigación, los enredados en el escándalo podrían terminar nuevamente ante la justicia por ese cargo, que tiene una pena superior a la establecida para los otros delitos imputados por la Fiscalía.

JUSTICIAjusticia@eltiempo.com

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