Así va la guerra por el agua en Santa Marta

Así va la guerra por el agua en Santa Marta

Operadora Metroagua reclama $ 60.000 millones para entregar redes del acueducto y alcantarillado.

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Algunos habitantes gastan hasta $ 76.000 mensuales en botellones y carrotanques.

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Archivo / EL TIEMPO

23 de enero 2017 , 01:07 a.m.

Por momentos, Santa Marta parece el Sahara. En el barrio Alto Delicia, solo hay agua 40 minutos por semana. La Dirección Nacional de Planeación (DNP) calcula que en el 20 por ciento del puerto turístico no hay acueducto.

De hecho, en esos sectores de estrato 1 una familia se gasta 76.000 pesos mensuales en botellones, carrotanques y baldados de líquido. Siete veces más que en otras ciudades de la Costa. Y en El Rodadero y el Centro Histórico, los turistas tuvieron que soportar malos olores en enero porque el alcantarillado se rebosó.

Ahora muchos samarios temen quedarse sin agua del todo por el agrio enfrentamiento entre la actual administración del alcalde Rafael Martínez y Metroagua, empresa que lleva 25 años prestando servicio de acueducto y alcantarillado en Santa Marta y cuyo contrato caduca el próximo 17 de abril.

El distrito reclama la devolución de la infraestructura, pero Metroagua exige que le reconozcan más de 60.000 millones de pesos.

Quienes le han metido mano al asunto aseguran que el convenio entre el distrito y Metroagua, que data de 1991, cuando el gerente era Hernando Pinedo Vidal y el alcalde era José Ignacio Vives, nació viciado.

La empresa, en la que tenían participación varias de las familias más poderosas del puerto, logró que se firmara un contrato de arrendamiento y no de concesión, que en teoría le daba más derechos a la ciudad.

Bajo ese particular mecanismo, que según jurisprudencia del Consejo de Estado se considera irregular a la luz de la ley de contratación, se pactaron varias cláusulas que parecían favorecer más al contratista que al distrito turístico.

Por ejemplo, acordaron que Metroagua le entregaba el 33 por ciento del recaudo a la ciudad y 180 millones de pesos anuales. A cambio, recibía las redes en alquiler.

Pero con cuatro otrosíes firmados en 1996, 1997, 2000 y 2002, las condiciones fueron cambiando.

En 1996, Metroagua dejó de entregar los 180 millones de pesos; en 1997 se redujo al 2 por ciento la participación en el recaudo que se tenía que entregar; en el 2000 se excluyó la interventoría, y en el 2002 se anuló la cláusula de caducidad y se dictó que todos los bienes y mejoras de Metroagua tenían luego que ser reconocidos por el distrito.

En un informe de la Alcaldía, ya en manos de la Superintendencia de Servicios, se describe el mal estado de las bocatomas, grietas en tanques de almacenamiento, equipos inservibles, filtraciones y entornos usados como botaderos. Se hizo además un censo según el cual en cinco barrios hay agua una vez por semana, y en seis más el servicio es muy irregular.

EL TIEMPO conoció también un documento donde se estima que entre el 2003 y el 2016, Metroagua cobró $ 221.000 millones por concepto de costo medio de inversión, suma que se les factura a los usuarios. Mientras que la empresa dice que en ese periodo invirtió más de $ 400.000 millones, la Alcaldía cree que apenas llega a $ 50.000 millones y resalta la urgencia de recuperar un contrato, considerado lesivo y leonino.

Cuenta regresiva

Bajo condiciones tan favorables, fue fácil venderles el negocio a terceros. Hoy, el 35 % de Metroagua es de Inassa, una filial de la española Canal de Isabel II; el 33 % es del contratista William Vélez, y el 28 %, del distrito.

En diálogo con EL TIEMPO, su gerente, Luis José Londoño, y su jefe jurídico, César Camacho, explicaron que la no planeación de las Administraciones ha sido enorme, que el boom inmobiliario puso a prueba las redes y que Santa Marta recibió más de 170.000 desplazados, la mayor cantidad del país frente al tamaño de la ciudad, lo cual plantea un verdadero reto a los servicios públicos.

Sostienen además que tienen $ 60.000 millones comprometidos en gastos e inversiones que deben recuperar. Argumentan también que no han entregado las bases de datos, pues es información confidencial que la Superintendencia de Sociedades ya protegió con una medida cautelar.

El miedo ahora es que en abril, Santa Marta se quede sin agua. La Alcaldía abrió una licitación para encontrar un operador temporal mientras adjudica la alianza público-privada (APP) que estructuró la Dirección Nacional de Planeación (DNP). De hecho, su director, Simón Gaviria, viajó este fin de semana a Santa Marta a hacer la presentación oficial del modelo de APP, que operaría también en otras regiones con similares problemáticas en cuestión de suministro de agua potable.

Al respecto, Metroagua afirma “no quererse atornillar” y piden que la liquidación se haga de manera serena. El lío es que si el distrito no les desembolsa el dinero que están exigiendo, el nuevo prestador del servicio no tendrá redes para distribuir el líquido ni la base de datos de los usuarios para facturarlo.

En todo caso, la SuperServicios ordenó el jueves pasado la vigilancia especial a la empresa y las alternativas del distrito.

La primera APP social

Con la alianza público-privada (APP) que Planeación Nacional estructuró para Santa Marta como plan piloto, se aseguraría una cobertura del ciento por ciento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Además, se garantizaría que es agua apta para el consumo humano, el servicio se prestaría 24 horas al día y se reduciría la pérdida del líquido en un 27 por ciento. También se prevé la firma de un contrato a 30 años, que incluiría el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las infraestructuras, y la remuneración del contrato por cumplimiento de indicadores relacionados con el servicio.

UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com

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