Polémica por proyecto del Gobierno para frenar hacinamiento carcelario

Polémica por proyecto del Gobierno para frenar hacinamiento carcelario

La Fiscalía analiza el proyecto y prepara documento de objeciones.

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La iniciativa establece que para acceder a la prisión domiciliaria se requerirá el 45 por ciento de la condena cumplida (hoy es la mitad).

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ARCHIVO EL TIEMPO

27 de septiembre 2016 , 11:29 p.m.

La nueva reforma de los códigos Penal, Penitenciario y de Infancia que acaba de presentar al Congreso el Ministerio de Justicia tiene serias reservas por parte de la Fiscalía General de la Nación.

La iniciativa, como lo reveló este diario el domingo pasado, busca bajar el hacinamiento carcelario, y para ello aumenta los beneficios de excarcelación para los responsables de la mayoría de delitos. El Ministerio considera que el aumento de penas y la prohibición de beneficios y subrogados penales para los crímenes más graves “no han tenido impactos significativos en la reducción de conductas que más le preocupan a la comunidad”.

(Le puede interesar: Gobierno abre una nueva puerta para excarcelación)

Según la exposición de motivos, si la tendencia de crecimiento de la población privada de la libertad se mantiene, la tasa de hacinamiento podría pasar de un 56,27 por ciento de hoy a un 77,25 por ciento en los próximos cinco años.

Sostiene además que la exclusión de beneficios para autores de delitos graves “desmotiva el buen comportamiento y su proceso de reinserción social”.

La Fiscalía aún no concluye el análisis de los alcances del proyecto. Sin embargo, este diario confirmó que, en principio, el fiscal Martínez es crítico de medidas de flexibilización de la detención de delincuentes que, considera, “no se sintonizan con las necesidades del país”. De hecho, la vicefiscal María Paulina Riveros prepara un documento para plantear sus críticas sobre el proyecto de ley.

(Vea también: El país detrás de las rejas)

Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa, que tiene 59 artículos, es el que les da a los jueces de garantías la posibilidad de enviar a casa por cárcel a delincuentes condenados cuando no exista “un cupo que garantice condiciones dignas de reclusión”. (Además: Cárceles tienen plata, pero hacinamiento y crisis de salud siguen)

También propone que la redención de pena por trabajo o estudio para personas privadas de la libertad pase de un día redimido por dos de trabajo o estudio a dos días redimidos por tres de trabajo.

En este punto, el proyecto plantea una gabela polémica. Así, cuando un interno pida cupo en las actividades de redención y esto no sea posible, se contaría como si los estuviera realizando. Además, que en los casos en los que la cárcel se demore en certificar los días de trabajo o estudio, los jueces concedan la rebaja “por presunción”.

Es un tema de debate porque en el pasado ese mecanismo ha sido aprovechado indebidamente.

“El espíritu de la reforma puede ser sano, pero no corresponde a la realidad de las posibilidades del país para controlar la adecuada aplicación de esos mecanismos”, dice Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia.

Borrero señala que es claro que el Gobierno debe tomar medidas contundentes frente a las condiciones inhumanas que existen en las cárceles, pero sostiene que la estrategia de “hacer más laxo” el sistema de justicia implica riesgos para la seguridad de los ciudadanos.

La iniciativa establece que para acceder a la prisión domiciliaria se requerirá el 45 por ciento de la condena cumplida (hoy es la mitad) y para la libertad condicional, el 55 por ciento (hoy es el 60). Desde el primer momento podrían ir a casa por cárcel los condenados hasta por diez años (hoy, el límite son 8 años) y aquellos que delinquen por primera vez y sean condenados a penas de hasta seis años. A este beneficio podrían acceder, por ejemplo, los responsables de hurto simple.

César Rodríguez, director de Dejusticia, dice que la iniciativa atiende las órdenes de la Corte Constitucional. “Importa mucho más que se baje la impunidad, que una persona que comete un delito grave sepa que se la va a sancionar de alguna forma”, asegura.

El proyecto mantiene la prohibición de beneficios que ya impera para narcotráfico, delitos contra menores, violencia intrafamiliar, extorsión, hurto calificado, homicidio agravado y corrupción, entre otros.

Mujeres mulas recuperarían libertad

Cerca de 3.850 mujeres condenadas o sindicadas por delitos relacionados con drogas podrían recuperar su libertad si el Congreso aprueba el proyecto de ley que radicó el Minjusticia. Esto, siempre y cuando no sean reincidentes.

Otro de los beneficios con enfoque de género que incluye el documento tiene que ver con extender el beneficio de sustitución de la detención preventiva, que hoy se aplica para madres cabeza de familia, a aquellas mujeres de quienes dependen adultos mayores o personas en incapacidad de valerse por sí mismas.

El proyecto también busca bajar las penas en delitos cometidos por mujeres víctimas de violencia sexual, cuando el caso se relacione con esos hechos.

JUSTICIA

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