Fiscal pide volver a la fumigación aérea contra los cultivos ilícitos

Fiscal pide volver a la fumigación aérea contra los cultivos ilícitos

Dice que auge del narcotráfico amenaza paz. Policía tiene herbicida que reemplazaría al glifosato.

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Néstor Humberto Martínez, fiscal General de la Nación.

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Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

04 de septiembre 2016 , 06:10 p.m.

En siete páginas, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, expuso ante el Gobierno las razones por las que considera que la fumigación aérea de narcocultivos debe revivir en Colombia. (Vea la carta del Fiscal a Minjusticia, conocida en exclusiva por EL TIEMPO)

Un año después del fin oficial de las aspersiones con glifosato –que se hizo en acatamiento de una orden de la Corte Constitucional–, el Fiscal advierte que la estrategia de erradicación manual de coca no está funcionando.

(Lea: Anla suspende oficialmente aspersión aérea con glifosato)

¿Sus principales argumentos? La disparada de la coca en los últimos cuatro años –se pasó de 47.788 hectáreas en el 2012 a casi 97.000 el año pasado, y la cifra actual supera de lejos las 100.000 hectáreas– y la certeza de que, ante la inminente desmovilización de las Farc, otros grupos armados ya están llegando a las zonas para disputarse el control del narcotráfico.

Martínez Neira le escribió al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, para que convoque a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes, que es la máxima autoridad en materia de lucha contra el narcotráfico en Colombia.

(Lea también: Fumigación ahora será 'mata a mata' de coca)

Allí, el Fiscal pedirá “evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos, examinar la marcha de los acuerdos con las comunidades y considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea”.

‘Riesgo para la paz’

Se trata de un asunto polémico, porque los acuerdos con las Farc plantean que la punta de lanza de la estrategia contra el narcotráfico será la sustitución voluntaria, si bien el Estado se reservó el derecho de recurrir a otras salidas si las condiciones de seguridad o el incumplimiento de las comunidades con la sustitución se convierten en obstáculo de la lucha contra el narcotráfico.

(Además: Manuel Vicente, un rostro de las víctimas del glifosato)

La carta del Fiscal, que se radicó el viernes en el Ministerio de Justicia, señala que, lejos de ir en contravía del proceso, las medidas para revertir la expansión de la coca serán una salvaguarda para la paz. Martínez Neira resalta que en departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, que históricamente han tenido fuerte presencia de las Farc, las narcosiembras no paran de crecer. En Nariño y el Catatumbo, los cultivos están creciendo por encima del 66 por ciento al año.

“Esta circunstancia –dice la carta– pone de presente el gravísimo riesgo de que, como resultado de la desmovilización acordada en el proceso de paz, se dé inicio a una nueva perturbación del orden público en esos territorios, resultado de la lucha de otros actores armados ilegales por cooptar las zonas de normalización, lo que ya empieza a evidenciarse” con la aparición del Eln y comisiones del ‘clan Úsuga’ en áreas en las que los frentes de las Farc eran el grupo armado predominante.

(Lea: 'Es encima de nuestros hijos donde termina todo ese veneno')

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fiscal pide retomar fumigacion aerea

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Un eventual regreso de las aspersiones no implica la resurrección del glifosato, cuyos efectos supuestamente cancerígenos llevaron a la orden de suspensión de la Corte. EL TIEMPO confirmó que, tras varios meses de experimentación, la Policía Nacional ya tiene un candidato para reemplazar el polémico herbicida que fue usado durante más de dos décadas. Se trata del glufosinato de amonio, que se usa en 182 países sin restricciones para eliminar la maleza de los cultivos legales y cuya efectividad contra la coca fue probada en los cultivos experimentales de la Policía.

La carta del Fiscal dice además que los fallos de la misma Corte y los compromisos internacionales del país imponen “la obligación y el deber (...) de combatir en todo el territorio nacional los cultivos de uso ilícito. Pero bajo las condiciones actuales, agrega, “puede afirmarse que la erradicación manual se ha vuelto imposible”.

Esto, por “las protestas y bloqueos de la población campesina” a los equipos de erradicación en tierra, que suman ya más de 400 en lo que va del año; también, por la amenaza de las minas antipersona y los ataques armados contra los erradicadores, así como por la disminución de los grupos móviles de erradicación, que llegaron a ser 900 y hoy son apenas 200.

(Lea: 'Campesinos sí cumplen pacto de no sembrar coca en el Catatumbo')

Y agrega que la productividad de los narcocultivos pasó de 4,3 kilos de cocaína por hectárea de hace 15 años a 6,72 kilos por hectárea en la actualidad.

“En tres lustros, la eficiencia productiva de esta industria ilegal ha aumentado en más de un 50 por ciento”, dice la carta, que advierte que esa es la explicación del boom del microtráfico y la delincuencia asociada a él. En Cali está disparado el robo de motos porque son usadas “como moneda de cambio de la droga que se adquiere para distribuir en las calles”.

Y cuestiona que los buenos resultados en incautación (168 toneladas de alcaloide en el 2015 y 146 en lo que va de este año) se explican porque “se produce más coca y así se aumentan los registros de interdicción”.

Frente a esta realidad, se impone el deber de repensar la estrategia para frenar la expansión de los cultivos ilícitos”, asegura el Fiscal General.

Lo que dicen los acuerdos

El acuerdo fija una hoja de ruta para enfrentar el problema de las drogas en todas sus dimensiones.

Privilegia la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos ofreciendo programas de desarrollo alternativos. En los casos en los cuales los cultivadores de coca no manifiesten su intención de sustituir los cultivos o incumplan compromisos, se procederá a la erradicación, priorizando la manual. También fija la persecución a los carteles, y no a los eslabones más débiles.

El consumo se tratará con un enfoque de salud pública.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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