Estado podrá recuperar hasta $ 7.000 millones que pagó en condenas

Estado podrá recuperar hasta $ 7.000 millones que pagó en condenas

Excontralor Carlos Ossa y el gobernador de Antioquia, algunos de los que deben responder.

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Carlos Ossa Escobar, excontralor General.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

13 de septiembre 2016 , 05:13 p.m.

El excontralor general Carlos Ossa Escobar tendrá que pagar de su bolsillo 1.879 millones de pesos por declarar insubsistente a una funcionaria del organismo de control hace 14 años.

En marzo del 2002, Ossa Escobar, que ocupaba el cargo de contralor General, declaró insubsistente a Clara Eugenia Domínguez quien se desempeñaba como directora de Control Disciplinario.

La justicia consideró que esa decisión se dio porque Domínguez no accedió a cambiar su decisión en una investigación interna.

La Nación fue condenada por esos hechos en el 2009 y pagó la millonaria suma a la funcionaria. En agosto del 2012 la Contraloría presentó el recurso de repetición contra Ossa Escobar que ahora tendrá que responder económicamente por esa decisión.

Esta sentencia hace parte de los 18 fallos que emitió la sección tercera del Consejo de Estado y que le permitirán al Estado recuperar cerca de siete mil millones de pesos que ya había pagado por condenas del contencioso administrativo.

El magistrado Jaime Orlando Santofimio enfatizó que los funcionarios condenados tendrán que reponer de su pecunio lo que el Estado pagó por su actuación irregular.

“Nadie puede actuar por razones diferentes al interés público, al interés general y en estos casos lo que ha encontrado la Sección Tercera es que actuaron por razones personales, por razones desviadas, por asuntos totalmente alejados de lo que es constitucionalmente el ejercicio del poder”, dijo el magistrado.

También fue condenado a pagar 183 millones de pesos el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez por no acatar una decisión del Tribunal Administrativo de ese departamento.

En marzo del 2001 ese tribunal ordenó reintegrar en su cargo a Sergio Naranjo Pérez quien había sido declarado insubsistente en agosto de 1996 con una resolución firmada por Pérez Gutiérrez que para esa época era secretario de Educación de Medellín.

El Consejo de Estado consideró que “deliberadamente” Pérez Gutiérrez intentó justificar la supuesta imposibilidad para cumplir el reintegro y por ello tendrá que reembolsar el dinero que la Nación le canceló al funcionario.

Los policías José Pablo Arrieta y José Luis Hernández deberán pagar más de doscientos millones de pesos por un operativo irregular que realizaron en un local en Buriticá (Antioquia) en abril del 2000. En esos hechos perdió la vida un civil y otro resultó herido.

El Consejo de Estado consideró que en el operativo hubo “una violación de los derechos humanos en razón al uso arbitrario de la fuerza por parte de miembros de la Policía”.

El alto tribunal también resolvió una acción de repetición interpuesta por el Ministerio de Defensa contra el subteniente de la Policía Frank Báez Hernández quien siendo comandante de la estación de Timbío (Cauca) golpeó a un ciudadano ebrio que había sido conducido a la sede policial. Por esos hechos la Nación fue condenada al pago de seis millones de pesos que tendrán que ser asumidos por el uniformado.

JUSTICIA

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