¿Cuáles son las principales dudas sobre la justicia transicional?

¿Cuáles son las principales dudas sobre la justicia transicional?

Entrevista de María Isabel Rueda al presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas.

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Danilo Rojas fue elegido presidente del Consejo de Estado en enero de este año.

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Mauricio Moreno / EL TIEMPO

18 de octubre 2016 , 08:00 a.m.

Uno se pregunta cuál debe ser el papel de las cortes en una coyuntura como la actual del proceso de paz…

Es de compás de espera ahora que el proceso ha vuelto a la fase política en estricto sentido.

Usted ha expresado reservas muy puntuales sobre la justicia transicional que se les aplicaría a las Farc. ¿Ante esas inquietudes, cómo pueden ser neutrales las cortes?

Tiene razón. El papel no es de neutralidad. Nosotros efectivamente produjimos un documento hace dos meses más o menos, donde planteamos nuestras inquietudes. Se lo presentamos al doctor De la Calle y al doctor Jaramillo, y supe que lo habían mirado.

¿Y qué les respondieron?

El doctor De la Calle envió un video a una cumbre que hicimos en Paipa, porque él estaba invitado y no pudo ir. Eso fue en el último momento, cuando se produjo la última encerrona en La Habana. En el video nos dice que tenemos razón, que hay una serie de puntos para tomar en consideración, de los cuales ellos mismos ni se habían percatado.

Por favor, resúmame esas inquietudes….

Por ejemplo, sobre la acción de tutela, como quiera que esa es una institución importantísima desde el 91 para acá.

¿Qué tipo de inquietudes?

La pregunta que nos hicimos es: ¿procede la tutela contra las decisiones que tome el Tribunal para la Paz? En el acuerdo solamente se dice que habrá una modificación de la tutela, pero no se entra en ningún detalle. Luego en ese punto específico habría que modificar el artículo 86 de la Constitución, pero no se sabe cómo.

(Además: 'Fiscalía no está preparada para retos de la justicia transicional')

¿Por ejemplo, se permite que la Corte Constitucional siga siendo el órgano de revisión de las tutelas, en cuyo caso muchas de las cosas de la jurisdicción de transición pasarían a la Corte Constitucional?

¿O es que habrá una tutela muy particular, que empezará y se cerrará en la propia jurisdicción de paz?

¿Y qué pasará con la cosa juzgada?

Es otra pregunta, no menos importante. La cosa juzgada es otra institución judicial muy importante. ¿Qué pasará por ejemplo con las decisiones del Consejo de Estado que se han tomado en relación con las masacres, con las desapariciones forzadas, con todos los temas de las guerras donde el Consejo de Estado ha impuesto condenas?

Pues que se podrán reabrir y reversar…

Esa es la pregunta. La hipótesis que tengo es que uno vería bien la reapertura de la cosa juzgada, la relativización de esa cosa juzgada en relación con la narrativa de la guerra, pero en lo demás no.

No entiendo...

Me explico. Si el juez penal cuenta una historia de lo que pasó en una cierta acción bélica durante estos años de guerra, y el juez contencioso administrativo con base en pruebas semejantes cuenta otra historia, y luego el tribunal de paz cuenta otra historia, pues no tiene sentido hacer una narrativa tan dispar.

La narrativa de la guerra puede ser tan amplia como usted quiera. El Tribunal cobijará todo lo que desee cobijar.

Mi argumento es que en relación con la narrativa está bien, pero en otro tipo de decisiones que hemos tomado hay que andar con mucho cuidado. ¿Qué va a pasar por ejemplo con aquellos casos en donde nosotros hayamos determinado claramente la responsabilidad de algún miembro de la Fuerza Pública? ¿Qué va a pasar con aquello en lo que se haya hecho un llamamiento en garantía o se haya iniciado alguna acción de repetición con ocasión de estos temas de guerra, a los miembros de la Fuerza Pública?

(Lea: El enigmático Tribunal)

Se lo contesto nuevamente: el Tribunal de Paz hará lo que le venga en gana.

Salidas posibles: se puede mirar un procedimiento especial de tutela para hacer una articulación con la justicia ordinaria. Y tratando de respetar la justicia transicional, se pueden contemplar limitaciones más centrales en relación con esa cosa juzgada.

Y desde luego ponerle un término de tiempo al funcionamiento de ese Tribunal…

Claro, la temporalidad es un problema concreto que tampoco está resuelto. Resulta que la Comisión de la Verdad está prevista para tres años. ¿Entonces uno se puede preguntar, el Tribunal de Paz también va a durar tres años?

Pero se supone que la Comisión de la Verdad no producirá decisiones de efectos jurídicos que puedan alimentar el Tribunal de Paz…

Pero sí a la inversa. Uno no puede decir que lo que vaya a decidir la jurisdicción de paz no vaya a ser relevante para la narrativa que tenga la Comisión de la Verdad. Por eso no vemos claridad en el tema de tiempos.

La justicia transicional es, por esencia, temporal…

Cierto. Es un punto importante de revisar. Entre otras cosas porque recuerde que si hubiese pasado el Sí, todas esas 297 páginas se habrían convertido en un parámetro de constitucionalidad, no solamente para el desarrollo normativo sino también para las propias decisiones de la jurisdicción de paz.

¿Le gusta que vaya a haber magistrados extranjeros?

A mí me gusta. Personajes que tengan una gran calificación en torno al Derecho Internacional Humanitario pueden traer beneficios en una justicia transicional. En Colombia no es que haya muchísimos expertos en esos temas; vale la pena aprender de otros. Uno espera de esos magistrados extranjeros mucha idoneidad y que no vengan cargados políticamente, porque esa es la peor desgracia para un juez.

(También: Pedagogía de la Justicia Transicional)

En un escenario tan político como es este de la paz, lo más probable es que vengan magistrados muy cargados políticamente.

A lo mejor sí.

¿Es cierto que el Consejo de Estado ha pedido, tras bambalinas, el derecho a nombrar a los magistrados del Tribunal de Paz, así como se lo han ofrecido a la Corte Suprema?

Tras bambalinas nosotros no hacemos nada. De frente. Cuando el Papa no aceptó participar en esa elección, yo expresé públicamente que sería una oportunidad para que se pensara que la Rama Judicial hiciera presencia en ese escogimiento.

¿Pero no es contradictorio que las Farc no confíen en ustedes para que las juzguen, pero ustedes sí puedan nombrarles a sus jueces?

No sé si sea contradictorio. Pero si las Farc miraran todo lo que ha hecho el Consejo de Estado en materia de reparación integral con ocasión de la guerra, se impresionarían de lo garantista que ha sido la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Nosotros tomamos decisiones del mismo tenor de la Corte Interamericana, esto es, no solamente indemnizaciones sino exigiendo reparaciones integrales. Mire todo este tema de masacres, desapariciones, falsos positivos, y realmente no tenemos nada que envidiarle a la Corte Interamericana.

Si el Consejo de Estado se la pasa revocando las sanciones de la Procuraduría como pasó en el caso de la exsenadora Piedad Córdoba, estas dos entidades no pueden convivir juntas porque sobra una de las dos...

(Risas). La Procuraduría es representante de los derechos de las personas. Por fortuna, todos los actos administrativos de carácter sancionatorio y todos los actos administrativos en general son objeto de juicio judicial. Nosotros somos los jueces de las decisiones de la Procuraduría.

Esa es una garantía que precisamente no trae la nueva justicia alternativa, que es de única instancia…

Sí, ese es un tema. Lo que pasa es que se supone que la justicia de transición no tiene ese carácter administrativo sino judicial, y uno aspira a que los integrantes de esta jurisdicción conozcan muy bien el oficio de ser juez.

No, pues, usted sí está muy exigente. Está pidiendo un magistrado de origen extranjero, muy bien preparado, totalmente despolitizado, que tenga la sabiduría para juzgar correctamente. Ojalá mi Dios se lo conceda.

¡Ojalá! (Risas).

Usted está liderando un nuevo esfuerzo de reforma de la justicia. Venimos de unos fracasos tremendos. Qué pena, pero hemos perdido confianza en la voluntad de los jueces para reformarse...

Todas las reservas son perfectamente válidas por los resultados. Efectivamente, se han hecho como unos seis intentos, pero tenemos la obligación moral de volverlo a intentar. El Gobierno y el Congreso están muy ocupados en lo que debe ser el proceso de paz, pero el país sigue padeciendo en todos los otros frentes, y uno de esos es el de la justicia. A mí particularmente me angustiaba que cuando la Corte Constitucional tumbó lo esencial del equilibrio de poderes, se mandó el mensaje a través de los medios de ‘¡ah claro!, es que las cortes no se quieren dejar reformar’. Cuando se discutía ese proyecto, al que nos invitó el Congreso a participar con nuestras observaciones, les dijimos: miren, la Rama Judicial necesita otro tipo de reformas. Inventémonos una suerte de ‘misión justicia’ para pensar esto con más calma, no de manera reactiva.

(Lea también: Uribe insiste en creación de una segunda instancia en la Corte Suprema)

Luego de tanto afán, se les cayó casi todo en la Corte Constitucional…

Exactamente. La reforma fue impulsada por los escándalos que se produjeron en las cortes en ese momento, desafortunadamente. Entonces, como que le fueron pegando cosas y fue saliendo así. Vamos a ver si somos capaces por lo menos de volver a mirar los diagnósticos que se han hecho. Creo que algo se debe y se puede salvar.

¿Y un poco de autocrítica sobre la eficiencia de la rama?

Claro. El resultado debería llevarnos no solo a reformas normativas, constitucionales, legales, sino también a mirar nuestras propias prácticas y gestión. Y a lo mejor no se necesita una cosa rimbombante, sino ajustada a alguna cultura judicial que se ha quedado ahí, adormilada.

Usted también se queja de que a la Rama Judicial le van a quitar un billón de pesos en el presupuesto. Pero es que ahora van a trabajar muchísimo menos porque buena parte de sus funciones se las llevará el aparato de la justicia transicional...

Ese aparato, según los cálculos del propio Consejo de la Judicatura, creo que va como en 81 billones para su funcionamiento en los tres años. Eso es una platica.

Sí, una platica. ¿Usted cree que nos la hubiéramos podido ahorrar?

Yo no sé, pero por lo menos fraccionarla a lo mejor sí. Ni sé si el cálculo esté bien, además. Lo cierto es que nosotros tenemos en este momento un auténtico SOS judicial en materia de congestión.

¡El mismo problema de siempre!

Peor. Déjeme darle solo una cifra para que se angustie: yo estoy en la Sección Tercera del Consejo de Estado, que es la encargada de resolver los asuntos de contratos y de reparación de daños, y tenemos en este momento 16.000 expedientes. Los vamos fallando en el orden en que van llegando. ¿Sabe cuántos expedientes puede sacar razonablemente un magistrado durante el año? Doscientas sentencias, y eso equivale más o menos a una diaria.

Sí, muy preocupante. ¿A propósito, no cree que esta oportunidad que se ha armado con el ‘No’ puede ser una tabla de salvación para mejorar esa propuesta de justicia del acuerdo de La Habana?

Necesariamente obliga al Gobierno y a las Farc a revisar el tema. Las observaciones más importantes corren en ese sentido. Y particularmente, las nuestras no son extravagantes. Solo señalamos la pertinencia de mirar la compatibilidad de lo que estamos haciendo actualmente en la justicia estándar versus lo que se va a hacer en la justicia transicional.

¿En palabras del Presidente, sus observaciones son viables y realistas?

Yo creo que sí. Vale la pena esta pausa para mirar el tema.

Por último, usted está empeñado en llevar a los municipios colombianos una cultura de legalidad, para que los servidores públicos no sigan cometiendo las mismas ilegalidades una y otra vez…

Ha sido mi programa bandera. Se llama Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones, que tiene dos propósitos: uno, que la administración local, esto es esencialmente alcaldes y gobernadores, conozcan quiénes son sus jueces. Y dos, que aprendan a no seguir cometiendo los mismos errores de siempre.

Entonces nos fuimos los consejeros de Estado a las regiones, por grupos, con auditorios habitualmente de 200 personas. Nos presentamos como sus jueces y les explicamos que todos los días estamos condenando a funcionarios prácticamente por lo mismo: porque no hacen bien los contratos, porque despiden mal la gente, porque no hay prevención de derechos humanos, porque se inventan impuestos. Por todo eso tienen una herencia presupuestal negativa terrible.

¿Será que aprendieron algo?

Con esa pedagogía de casos muy concretos, no rollos teóricos, aspiramos a que la administración municipal aprenda para que en estos cuatro años no terminemos condenándolos por lo mismo de siempre. Es angustioso que estemos llenos de ese tipo de procesos exactamente iguales. Pero también hemos creado en el Consejo de Estado y en todos los tribunales la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas.

¿Y eso para qué sirve?

Si bien de un lado condenamos, del otro estamos obligados a rendir cuentas. Ese programa lo inscribimos en la Alianza para Gobierno Abierto, una organización integrada por 70 países con una misión parecida a la de Transparencia Internacional. Somos el único país del mundo cuyo compromiso con esa organización lo integra un componente de la Rama Judicial. Iremos a París a presentar a los europeos esta experiencia de cómo estamos rindiendo cuentas. No sé si eso sirve para la transparencia de la rama, pero la infraestructura queda montada y eso me permitirá irme tranquilo de la presidencia.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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