Entrevista de Juan Gossaín al procurador Alejandro Ordóñez

Entrevista de Juan Gossaín al procurador Alejandro Ordóñez

En el mandato del procurador Ordóñez, su despacho sancionó a casi 3.000 funcionarios en regiones.

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Ordóñez se queja de que la excesiva preponderancia del poder ejecutivo ha afectando los controles que deben hacérsele.

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Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

07 de septiembre 2016 , 08:02 p.m.

Unos lo consideran el abanderado de la moral pública. Otros creen que es un fanático religioso que se comporta como una beata. Para los primeros es un hombre de carácter al que no le tiembla la mano. Para los segundos es un inquisidor iracundo que persigue a todo aquel que no piense lo mismo que él.

Estoy hablando, como lo habrán adivinado ustedes sin hacer mucho esfuerzo, del procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, el supremo vigilante de la disciplina y la compostura de los funcionarios públicos, hombre polémico hasta el tuétano de los huesos, a quien los columnistas de prensa comparan con un engendro del demonio, que cuando era joven quemaba libros pecaminosos en Bucaramanga. Pero las señoras piadosas, en cambio, lo miran como si fuera el ángel encargado de promover las virtudes humanas. (Lea también: El procurador Alejandro Ordóñez)

¿Ángel o demonio?

Lo cierto es que, en medio de aplausos y críticas, entre partidarios y adversarios, el procurador está a punto ya de terminar su tarea. La concluye dentro de seis meses, el próximo 15 de enero, tras ocho años en el cargo, pues empezó con una elección por cuatro años y luego vino una reelección por cuatro más. Esa reelección es la que ha provocado más debates y querellas, hasta el punto de que fue demandada ante el Consejo de Estado. (Lea también: ¿Recta final de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría?)

Nos sentamos a hablar frente al mar de Cartagena. Al rompe se le nota que es un hombre de hábitos tradicionales. No se quita las tirantas o cargadores, que en mi época llamaban ‘máquinas’, con las que se ajusta el pantalón desde el frente hasta la espalda, pasando por los hombros. Y es mucho más alto de lo que yo creía.

Costos y causas de la corrupción

¿Hay alguna manera confiable y atinada de saber cuánto vale anualmente la corrupción pública en Colombia? El procurador busca cuidadosamente entre sus documentos, examina cifras, consulta a sus asesores.

–La corrupción ha aumentado y ha cambiado mucho –me dice finalmente–. Un estudio reciente de la propia Procuraduría señala que, por culpa de la corrupción, anualmente resultan afectados cerca de 20 billones de pesos de los presupuestos oficiales. Y eso sin contar su impacto en el sector privado. (Además: Exorcizar el diablo de la corrupción)

La corrupción ha avanzado tanto, que muchas entidades públicas han sido tomadas por particulares con el propósito de hacer negocios o proteger sus propios intereses. “Y eso no ocurre solamente en las regiones o en los pueblos”, añade el Procurador, “sino incluso en el nivel nacional. De esa forma, el Estado termina siendo un instrumento de los particulares”.

La debilidad de la justicia colombiana es, sin duda, una de las causas de semejante catástrofe. “La débil institucionalidad facilita la corrupción”, me dice Ordóñez, de modo sentencioso.

–Hay otros factores perversos –agrega luego–. Mire usted que el alto costo de las campañas electorales hace que los ganadores retribuyan a sus financiadores pagándoles con los recursos oficiales.

De modo que la corrupción pública, sin mencionar la privada, nos cuesta 20 millones de millones de pesos al año. Y el daño moral, que es mayor, ni siquiera se puede cuantificar.

Apoderarse del Estado

El Procurador calla un momento, caviloso y pensativo. Después retoma el hilo de sus reflexiones. “En los últimos años, el Gobierno colombiano, es decir, el poder ejecutivo, ha asumido una excesiva preponderancia sobre las demás ramas de la administración pública, afectando los controles que ellas deberían ejercer”.

La sociedad colombiana tampoco se queda atrás en este balance de comprobación que hace el procurador Ordóñez, ejerciendo su condición, si me permiten decirlo así, de revisor fiscal de lo que pasa en el país.

–Hoy existe un gran relajo ético. Hay un entorno cultural que favorece la corrupción. Hoy el relativismo moral es la ortodoxia: nada parece indebido, todo es posible, todo se permite, todo se vale. Estamos sumidos en una crisis moral sin precedentes.

La verdad, aunque duela decirlo, es que los colombianos nos hemos hundido tanto en ese pantano apestoso, “que hoy se cree que la forma más rápida y fácil de enriquecerse es acceder a un cargo público”.

Por eso, tal como se puede observar en los últimos años, la empresa privada se ha ido acomodando aceleradamente a los escenarios públicos de la corrupción. “A los particulares les interesa convertir el Estado en su instrumento”, remata el Procurador.

Casi 3.000 sancionados

Ante esa realidad aterradora, cada día es mayor el número de empleados públicos sancionados, suspendidos o destituidos. Los escándalos se atropellan unos a otros, pero ninguno dura más de un día porque mañana vendrá otro peor. Son tantos, y tan frecuentes, que el país ha perdido ya su capacidad de asombro y de indignación.

En los siete años y medio que transcurrieron desde el 1.° de enero de 2009, cuando se posesionó Ordóñez Maldonado, hasta el 30 de mayo pasado –hace apenas dos meses–, los archivos de la Procuraduría General de la Nación revelan que 2.892 funcionarios fueron sancionados de diferentes maneras en todas las regiones del país

De ellos, 1.635 eran alcaldes y 1.108 concejales. Cómo será la podredumbre en esos municipios, que han sido penalizados 500 alcaldes más que concejales, a pesar de que alcalde hay uno solo en cada localidad.

Alcaldes: Santander, el departamento nativo del propio Procurador, ocupa el primer lugar en alcaldes sancionados, con 194. Le siguen Cundinamarca, con 178; Boyacá, con 156; Bolívar, con 107, y Antioquia, con 102. Uno de los alcaldes destituidos –en Yopal, Casanare– firmó unos contratos por los que el municipio compró y pagó unas esponjas especiales de masajes que servían para exfoliar la piel de las funcionarias de la Alcaldía, renovándoles las células y embelleciéndolas.

Concejales: Otra vez Santander de primero, con 131, y Antioquia de segundo, con 127. En tercer lugar figura Cundinamarca, con 92, seguido de Boyacá (81) y Córdoba con 64.

De ediles a senadores

Entre los ediles que ejercen en barrios y comunidades, 21 han sido sancionados. Lo increíble es que 15 de ellos, que equivalen al 72 por ciento del total, son de Bogotá. Dos más son de Cundinamarca, dos del Valle, uno de Antioquia y otro de Caldas.

Gobernadores: también han sido sancionados 66 gobernadores, lo que demuestra que, en promedio, salen a más de dos por cada departamento, ya que el país tiene 32 gobernaciones. En los primeros lugares aparecen las regiones más sufridas de Colombia: Caquetá y Casanare, con 6 gobernadores condenados en cada una. Amazonas no se queda atrás, con 5, lo mismo que La Guajira, y luego Guainía con cuatro, al igual que Cesar y Vaupés.

En cuanto hace relación con los diputados de las asambleas departamentales, 5 son de Caquetá, 3 de Antioquia y 3 del Cesar.

En estos siete y medio años también han sido sancionados 23 integrantes del Congreso Nacional, entre senadores y representantes, que se reparten así por partidos: 8 liberales, 4 conservadores, 3 de Convergencia Ciudadana, 2 de ‘la U’ y uno por cada uno de los siguientes partidos: Apertura Liberal, Cambio Radical, Colombia Democrática, Colombia Viva, Integración Nacional y Polo Democrático.

¿Beata o extremista?

Las cifras me dan vueltas en la cabeza. Me pregunto cuál será la política colombiana contra la corrupción, si es que hay alguna. La gente trabajadora y los sectores productivos pagan cada día más impuestos, y mientras tanto los corruptos disfrutan de la casa por cárcel.

Periodista al fin y al cabo, no puedo desperdiciar la oportunidad de preguntarle al Procurador qué siente él cada vez que algún columnista lo llama vieja beata, rezandera o inquisidor. Lo veo sonreír por primera vez.

–Los entiendo cuando me atacan por mis creencias religiosas, porque eso demuestra ausencia de argumentos para cuestionar mi gestión en la Procuraduría. No escondo mi fe ni me avergüenzo de ella. Ella es mi fortaleza y no constituye amenaza o desafío para nadie. También me dicen extremista de derecha y, sin embargo, de los 23 congresistas que he sancionado, 15 lo han sido por paramilitarismo y solo uno por vínculos con la guerrilla.

Epílogo

Cuando me tiende la mano para despedirse, le pregunto si es verdad que va a ser candidato presidencial del uribismo o del conservatismo. Sonríe de nuevo. Ya van dos veces. Ahora me parece que soy yo el que está empezando a hacer milagros.

–Yo no me dejo tentar –responde– porque Colombia vive una crisis institucional sin precedentes y mucha gente ve en la Procuraduría la única voz institucional ante ese panorama. Solo aspiro a que me dejen terminar mi período, a pesar de que las Farc y el presidente Santos se estén herniando por sacarme…

JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO

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