Las propuestas del Procurador para salvar la justicia

Las propuestas del Procurador para salvar la justicia

Fernando Carrillo cree que un referendo sería una salida posible para la actual crisis.

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación

El procurador general, Fernando Carrillo.

Foto:

Claudia Rubio / EL TIEMPO

02 de septiembre 2017 , 11:30 p.m.

¿Qué reforma urgente necesita la justicia colombiana?

Colombia debe asumir ya el rescate de la ética pública como compromiso de todos. Fundamental entender que antes que normas, necesitamos cambiar los comportamientos y ampliar el control y la veeduría ciudadanas.

Los cambios en la justicia en el corto plazo deben concretarse en medidas de autorreforma que adopten de manera inmediata los dignatarios de las Altas Cortes.

Los colombianos no dan espera a esos cambios. Se trata de actualizar los reglamentos de las corporaciones; darle fuerza y operatividad a la Comisión Interinstitucional para que actúe como un consejo de gobierno judicial; crear una instancia de veeduría interna de la Rama, sea un tribunal de ética como la ha propuesto el Consejo de Estado o un consejo ético integrado por individuos de gran reconocimiento; establecer mecanismos para la transparencia y divulgación de los conflictos de intereses en que puedan incurrir los operadores judiciales y la información pública sobre los bienes y rentas de estos; adoptar un código de ética que contenga prohibiciones efectivas sobre puerta giratoria, reglas sobre trato con abogados y partes procesales y que proscriba la postulación entre órganos y Cortes, entre otras medidas. Medidas inmediatas que envíen un mensaje de cambio a la ciudadanía que hoy esta con razón indignada.

Una constituyente en medio de la polarización y un debate electoral, sería dar un salto al vacío

En el mediano plazo, adoptar medidas legislativas y constitucionales para excluir a los órganos judiciales de procesos electorales; redefinir el esquema de juzgamiento a altos dignatarios; actualizar procesos relacionados con el reparto de expedientes, el manejo de bienes a disposición de la justicia y la selección de tutelas; así como poner en marcha y fortalecer nuevas instancias como la Comisión de Disciplina Judicial.

Se ha especulado sobre la necesidad de una constituyente para lograr este objetivo. Una constituyente en medio de la polarización y un debate electoral, sería dar un salto al vacío. Si es necesario se podría pensar en un esquema de referendo o consulta ciudadana que una a los colombianos en los temas esenciales de ajuste y permita en corto plazo, recobrar la confianza en la rama judicial que ha sido hasta el momento ejemplo de autonomía y seriedad. El actuar de pocos no puede echar al traste el esfuerzo de tanto juez y servidor abnegado, ni poner en riesgo la institucionalidad ni la democracia en el país. Las garras del populismo están a la espera del derrumbe de las instituciones.

Las últimas siete propuestas de reforma del gobierno se han caído y las de la Rama no se consolidan. ¿Quién debe liderar el proyecto?

Mi llamado es a construir un consenso nacional en la materia, que parte de un amplio diálogo social y se soporte en los estudios y análisis técnicos que ya tenemos. Es preciso consolidar una clara voluntad política en la materia. Esta es la hora de la reforma de la justicia. Se debe responder con democracia, acciones contundentes y decisión de cambio. Para extirpar el tumor de raíz.

Creo que las Cortes deben liderar el proceso, pero convocando a la ciudadanía. Por eso me parece que la vía idónea en lo normativo, podría ser llamar a un referendo que adopte los ajustes que se requieren en la justicia, más allá de los intereses partidistas y por encima de las pretensiones electorales del próximo año. El Ministerio Público tiene el deber de acompañar y enriquecer ese proceso, tanto de diálogo institucional, como de construcción ciudadana y democrática.

Otra vez se habla de desaparecer la Comisión de Acusaciones. ¿Qué órgano debe juzgar a los magistrados y al fiscal?


Debe ser un mecanismo especial de juzgamiento que les asegure su independencia, pero así mismo capacidad de respuesta y sanción efectiva. Un cuerpo colegiado, sustentado por un mecanismo técnico y especializado de policía judicial e investigación, que facilite practicar pruebas y encontrar la verdad. No debe ser el Congreso el que juzgue las causas penales; aquel puede reservarse el juicio político de indignidad, pero la investigación por delitos debe asignarse a un cuerpo especial.

Es hora de pensar que en el caso de delitos de corrupción y conductas que no tengan que ver con el ejercicio de sus funciones, los altos dignatarios deben perder el fuero de juzgamiento y someterse a las reglas generales, con algún control especial posterior.

No puede ser que a un juez municipal que reciba dineros por proferir un fallo lo juzgue la justicia ordinaria y a un alto dignatario lo investigue y juzgue la Comisión de Acusaciones, con debilidades institucionales y de procedimiento que se convierten en un blindaje inexplicable.

¿Hay que cambiar el proceso de elección de los magistrados?

Hay cargos como estos, a los que los ciudadanos deben llegar cuando quieran servir a su país y no aumentar la clientela de sus oficinas o emplearlos como trampolín para otros proyectos. Debe prevalecer el criterio del mérito, combinado con el de la solidez ética y las más elevadas condiciones profesionales.

El sistema de elección acaba de reformarse con el Acto Legislativo No. 01 de 2015, con el cual aumentaron los requisitos para acceder a dichos cargos y se mejoró la composición de listas.

Creo que un esquema de cooptación combinado puede ser adecuado y debe fortalecerse, dándole más autonomía y por ende responsabilidad a las corporaciones que eligen. Es bueno que los propios magistrados públicamente presenten candidatos. Creo que tenemos que pensar en procedimientos más abiertos como estos. La Academia de Jurisprudencia y las Facultades de Derecho tienen mucho que decir en esas postulaciones.

¿Y a los demás funcionarios de la Rama Judicial?

De manera transparente, pública y bajo estrictos criterios de mérito profesional, probidad y ética, por parte de las propias corporaciones judiciales. Con clara rendición de cuentas, oportunidad de escuchar a la ciudadanía en el proceso y plena publicidad sobre las condiciones patrimoniales y de declaración de intereses que tengan los postulados.

¿Cómo se combate la clientelización y politización en las altas esferas de la justicia?

La justicia no es ni puede ser partidista. Los jueces no están para asignar o distribuir cuotas ni cargos. Su labor debe ejercerse en forma autónoma, técnica y libre, por lo que será preciso separarlos de funciones relacionadas con la postulación de candidatos a dignidades y tareas administrativas. Pero igualmente, que la provisión de las magistraturas provenga de la propia Rama Judicial, la Academia y el foro, y no del Congreso.

Es preciso además fortalecer la veeduría y el control al interior de la Rama y aplicar normas internacionales antisoborno y de buenas prácticas y de cumplimiento de estándares de integridad y probidad.

JUSTICIA

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