'Enfoque diferencial no fomenta la narcocriminalidad': Jorge Londoño

'Enfoque diferencial no fomenta la narcocriminalidad': Jorge Londoño

El Ministro de Justicia asegura que política criminal debe atacar a grandes eslabones.

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El minjusticia, Jorge Londoño, sostiene que el Estado debe brindar oportunidades de reinserción.

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Archivo particular

15 de noviembre 2016 , 12:01 a.m.

Desde el Ministerio de Justicia se han presentado recientemente proyectos de ley con nuevos enfoques en política criminal. Líderes como el fiscal Néstor Humberto Martínez los han criticado, pues sugieren que fomentan la narcocriminalidad.

El jefe de la cartera de Justicia, Jorge Londoño, defiende el enfoque diferencial y dice que en la lucha contra el narcotráfico, los eslabones más bajos no deben ser los más afectados.

¿Están promoviendo ustedes políticas laxas que favorecen el crimen?

La propuesta no beneficia a la narcocriminalidad. Tiene dos regulaciones claramente diferenciadas. Una, dirigida a pequeños cultivadores, tanto hombres como mujeres; otra, orientada a las mujeres condenadas y procesadas por delitos de drogas. El tratamiento diferenciado está condicionado a la vinculación a programas de sustitución de cultivos.

La estrategia sobre mujeres solo está dirigida a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. No se las está eximiendo de responsabilidad penal; las propuestas están dirigidas a dar un tratamiento diferenciado que alivie su situación.

(También: Rifirrafe entre Fiscal y Ministro de Justicia por proyecto sobre droga)

¿Pero cuál es el sustento de que exista una política diferenciada para delitos relacionados con drogas?

Hay una realidad innegable en nuestro país: la primera causa de encarcelamiento de mujeres está asociada a delitos de drogas, a diferencia de los hombres, que lo son por homicidio y hurto. Hay suficiente evidencia para proponer esta diferenciación orientada a atender los casos en los que las mujeres son usadas como carnada por el tráfico internacional, tienen una vinculación apenas marginal con las organizaciones criminales y tienen alto riesgo de quebrar todas las redes sociales y familiares a las que están vinculadas.

Entonces, ¿cómo garantizar que las mujeres no sean instrumentalizadas si reciben beneficios en penalización?

Hoy, las mujeres encarceladas por delitos de drogas reciben el mismo tratamiento y castigo que los grandes narcotraficantes. La propuesta supone un tratamiento especial para aquellas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad por razones de pobreza y discriminación estructural y que no tengan conexión con la dirección de las organizaciones criminales ni con delitos violentos. Esta política criminal garantiza que se centren los esfuerzos de investigación, juzgamiento y condena en las organizaciones criminales y en sus líderes.

Las medidas propuestas, que no son beneficios, se aplicarán por una única vez, de forma que aunque la organización criminal quisiera seguir usando a las mismas personas, no podrían derivar de ello beneficio alguno, porque se aplicarían las reglas ordinarias de persecución y castigo del delito. Además, la propuesta implica que el Estado diseñe y ponga en práctica medidas necesarias para la inserción social y laboral de estas mujeres.

¿Esto no significa de alguna manera ignorar el impacto de la delincuencia en las víctimas y la sociedad?

Los subrogados penales y las medidas alternativas a la prisión, como tampoco la prisión, pueden aportar resultados ciento por ciento exitosos sobre la prevención de la delincuencia y la reincidencia. El sistema debe fortalecer la vigilancia de quienes accedan a la libertad anticipada y procurar el éxito de las medidas que entregarán al penado: mejores herramientas para conseguir empleo, ubicarse en entornos alejados de pautas criminales y lograr el restablecimiento de sus relaciones sociales y familiares.

El Fiscal dice que los proyectos los están redactando asesores que son amigos de combatir el crimen sin cárcel...

El Ministerio de Justicia ha tenido, desde el inicio, el control sobre las iniciativas que se han presentado.

Trabajamos, además, mancomunadamente con las instituciones que conforman el Consejo Superior de Política Criminal, para discutir y analizar todos los escenarios posibles y tomar la mejor decisión, de cara a la construcción de una política criminal que se ajuste a los nuevos tiempos y exigencias de nuestro país.

JUSTICIA

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