Director de Agencia de Tierras revela caos que dejó Incoder

Director de Agencia de Tierras revela caos que dejó Incoder

La Agencia recibió 180.000 solicitudes de baldíos sin tramitar.

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Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, que reemplazó al Incoder.

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Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

18 de diciembre 2016 , 12:18 p.m.

El pasado 7 de diciembre terminó la liquidación del polémico Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el órgano que durante 26 años se encargó del manejo de las tierras del Estado. Su desaparición fue ordenada por el presidente Juan Manuel Santos.

Miguel Samper, el director de la nueva Agencia Nacional de Tierras, revela en entrevista con EL TIEMPO la magnitud del caos que su entidad heredó del Incoder. Se recibieron 35.000 cajas de expedientes, 15.000 de las cuales no tienen ningún registro de su contenido.

En seis meses, la Agencia registró 9.000 adjudicaciones de tierras, de un total de 64.000 que, sin razón aparente, el Incoder nunca procedió a legalizar.

La Agencia Nacional de Tierras heredó funciones que antes eran del Incoder. ¿Cuál es el balance de la liquidación de esa entidad?

Lo que encontramos sobre lo que nos deja el Incoder es muy preocupante, en el sentido de que hay mucha información inconclusa y un gran rezago, que aún no entendemos muy bien a qué corresponde. De lo que se trata es de los bienes rurales que pertenecían a la Nación, y el Incoder tenía un inventario total de 4.730 bienes. Pero solo hay información de unos 970. Lo que esto significa es que hay 3.700 bienes de la Nación que les pertenecen a todos los colombianos, pero que nadie sabe en qué estado están, si están invadidos, dónde se encuentran, qué extensión tienen...

(También: Contraloría encontró anomalías en empalme de Incoder con dos agencias)

¿Y qué pasa con los baldíos?

El inventario de bienes baldíos que pertenecen a la Nación nos lo entregaron en ceros. No existe ningún registro de un bien baldío a nombre de la Nación, aparte de los que ya empezó a abrir y a inscribir la Agencia Nacional de Tierras, que son los casos muy reconocidos como El Porvenir (que tenía Víctor Carranza), la hacienda Bellacruz y los baldíos que usufructuaban las Farc en la zona del Yarí. Pero no hay ningún registro de bien baldío que haya iniciado el Incoder en toda su historia.

El Incoder tenía la misión de recuperar los baldíos ocupados ilegalmente por particulares. ¿Qué tanto se cumplió esa tarea?

Hay casos emblemáticos en los que la acción del Estado se vio frenada y que la Agencia Nacional de Tierras ya empezó a agilizar. Por ejemplo, la recuperación material del predio El Porvenir, unas tierras que habían sido ocupadas por Víctor Carranza y que desde el 2013 supuestamente habían vuelto al Estado. Pero nunca se hizo esa recuperación material: nosotros la realizamos en cuestión de meses, empezamos a impedir que siguieran invadiendo esa tierra para defraudar al Estado. Algo similar pasaba con la famosa hacienda Bellacruz, en el Cesar. Lo primero que hicimos en la Agencia Nacional de Tierras fue, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, derogar unas resoluciones que había expedido el Incoder que impedían la recuperación de esos baldíos, y también solicitamos el registro de esas tierras a nombre de la Nación. Y esa actuación les servía a todos: tanto a los campesinos que van a ser adjudicatarios como también al empresario propietario del resto del predio, que necesita que se identifiquen las tierras del Estado para poder inscribir a nombre suyo el resto de los predios que conforman la hacienda.

¿Han encontrado otros casos en los que el Estado no se movió para recuperar lo que es suyo?

El de las islas del Rosario es otro caso muy sonoro. Nos encontramos con una serie de contratos vencidos o a punto de vencerse con cánones de arrendamientos irrisorios, de uno y dos millones de pesos. Hay también varias islas que aún no cuentan con contrato de arrendamiento, en las cuales no se ha ejercido un acto de señor y dueño por parte del Estado. Nos toca revisar todo ese proceso desde cero, revisar cada contrato, buscar cuáles hay que mantener porque hay obligación contractual, cuáles se deben prorrogar... Hay que corregir lo que haya que corregir, borrar lo que haya que borrar y hacer de nuevo lo que sea necesario.

Pero ¿esto es producto de desidia, de corrupción?

Hay una multiplicidad de factores que jugaron ahí. Evidentemente, hay muchos casos de corrupción que ya han sido sancionados por los jueces de la República, casos de corrupción que la Fiscalía ha investigado. También hay un gran desorden administrativo, y lo que uno nota es que nunca se le imprimió celeridad ni eficiencia a la gestión de la tierra en el país, algo que era absolutamente indispensable. Es que aquí no está en juego cosa distinta al futuro de los campesinos y de su herramienta de trabajo principal, que es la tierra.

Usted hablaba de rezago en las actuaciones. ¿A qué se refiere?

Hay 180.000 trámites de adjudicación de bienes baldíos que nunca se tramitaron, que siguen durmiendo el sueño de los justos. Hay solicitudes que incluso datan del año de creación del Incoder. De esos 180.000 expedientes hay 64.000 que nunca se registraron; es decir, hoy el campesino tiene su título, piensa que está a nombre de él, pero no lo está porque nunca se registró la propiedad. Ese es un trámite relativamente simple, lo que no se entiende es por qué no se llevó a cabo este registro.

¿Y qué han hecho ustedes con ese rezago?

De los 64.000 que nosotros nos encontramos, llevamos 9.000 registros en un periodo de cinco meses. Entonces sí se pueden hacer las cosas diligentemente. Pero sigo con lo que encontramos: hay otros 35.000 procesos en los que faltaba la notificación a campesinos: 35.000 familias que no saben que la adjudicación ya fue decidida. Y encontramos 20.000 procesos en los que se interpusieron oposiciones que nunca fueron respondidas: simplemente, el funcionario recibía los recursos y no se volvía a ocupar de ellos.

¿Cuáles casos le preocupan más?

Hay un hallazgo muy grave en los procesos agrarios para recuperar las tierras del Estado. Encontramos que hay expedientes en los que no aparece la práctica de una etapa procesal que sí se realizó. Solo para mencionar dos ejemplos, en los casos de las haciendas La Maporita y Santa María, en Arauca, que son 40.000 hectáreas, en el Incoder se perdieron los documentos de la notificación. Como se perdió esa prueba, entonces nos toca devolver el proceso a lo que pasó hace cerca de tres años para proceder a la recuperación de esa tierra.

¿Todo esto ya está en manos de las autoridades competentes?

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, como cabeza del sector, y el viceministro Juan Pablo DíazGranados, como presidente del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, han impartido instrucciones precisas para que todo esto llegue a las autoridades. Además, nos han pedido un recuento detallado de lo que se encontró, porque ellos, como cabezas del sector, son los principales interesados en que este proceso de transición salga bien.

¿Qué responde la Agencia Nacional de Tierras a sectores que sostienen que existe riesgo de expropiación?

Que pueden tener la plena certeza y la plena tranquilidad de que solo se van a recuperar aquellos predios que hayan sido ocupado fraudulentamente: los que se hayan ocupado ilegalmente, porque eso atenta contra la propiedad del Estado, que es la propiedad que nos pertenece a todos los colombianos. Pero si no hubo irregularidad o delito en la manera como alguien obtuvo la tierra, nadie los va a perseguir.

¿Qué va a pasar con predios de miles de hectáreas que están ocupados por particulares, incluso hace décadas, en zonas como los Llanos?

En la tierra de este país tenemos que caber todos. No se va a iniciar ninguna cacería de brujas: lo que se busca más bien es que haya una administración inteligente de los baldíos: se pueden poner a trabajar juntos, tender puentes entre el empresario, el gran propietario, el pequeño propietario, el mediano propietario y los inversionistas, y poner a producir esa tierra. En ese sentido se van a generar esquemas que estamos trabajando en este momento, para que la gente que históricamente los ha trabajado los pueda seguir trabajando: simplemente no podrán adquirir el dominio de todos porque eso sería una acumulación de baldíos, pero sí se puede poner a trabajar esa tierra.

Está comprobado que las Farc se apropiaron de enormes extensiones de baldíos. ¿Qué va a pasar con esa tierra tras los acuerdos de paz?

La recuperación de la tierra baldía, de la tierra de la Nación, esté en manos de quien esté, sea de la guerrilla o de cualquier tipo de persona, le corresponde la Agencia Nacional de Tierras, y eso lo vamos a hacer respetar.

¿Qué tan amarrada está la misión de la Agencia de Tierras al proceso de paz?

Con la implementación del proceso de paz, las metas para la institucionalidad son más exigentes, lo cual no quiere decir que la tarea no se tuviera que cumplir si no existiera el proceso de paz. Lo que hacemos es responder a una deuda histórica con el campesinado colombiano en un país en el que el 1 por ciento de la población es dueño de la mitad de la tierra que existe en el territorio rural colombiano y donde la informalidad de la propiedad es tal que llega al 60 por ciento. La institucionalidad debía y debe saldar esa deuda histórica, así no existiera el proceso de paz. Ahora, eso de que se van a generar mecanismos de socialización de la propiedad para que sea colectiva, de que se va a atentar contra la propiedad privada, eso es mentira. En el nuevo acuerdo quedó ratificado de forma cristalina que la columna vertebral del punto sobre tierras es respetar la propiedad privada, y que además vamos a garantizar la formalidad de 7 millones de hectáreas. ¿Para qué? Para darle el título al campesino que la está trabajando, para ratificar la propiedad privada en esos territorios en donde hay informalidad.

JUSTICIAjusticia@eltiempo.com

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