El secuestro que el Consejo de Estado pide que investigue la JEP

El secuestro que el Consejo de Estado pide que investigue la JEP

El tribunal exhortó al Gobierno para que defina reglas de responsabilidad de las Farc como grupo.

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Magistrado Germán Bula, presidente del Consejo de Estado (izquierda) y magistrado de la Sección Tercera Orlando Santofimio, ponente del caso.

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10 de mayo 2018 , 08:13 p.m.

Un fallo en el que el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una millonaria indemnización por el secuestro de una familia ocurrido hace 17 años se convirtió en el primero enviado por el tribunal a la Jurisdicción Especial de Paz.

Esa condena de reparación exhorta, además, al Gobierno para que implemente mecanismos de responsabilidad jurídica sobre las Farc como organización; es decir, para que la exguerrilla –y no solo algunos de sus integrantes de forma individual– garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de este caso.

La decisión, con ponencia del magistrado Orlando Santofimio, se refiere al secuestro de Fabio Botero y su hija, entonces de 12 años, Natalia Botero García, ocurrido en Calarcá, Quindío, el 28 de noviembre del 2001. Y quienes, tras permanecer más de siete meses en cautiverio, fueron liberados luego de pagar 3.000 millones de pesos.

Al estudiar la demanda, el tribunal consideró que pese a tener conocimiento de los riesgos a los que estaba expuesta la familia, el Estado omitió su deber de protegerlos.

En el expediente consta que dos días antes del secuestro, Fabio Botero contactó a agentes del Gaula para informarles de una llamada que había recibido en la que le dijeron que se cuidara porque “de pronto lo iban a secuestrar”.

En esa diligencia se acordó realizar una nueva reunión el 28 o 29 de noviembre para profundizar en el asunto, pero la familia fue plagiada en el entretanto. También aparece un informe remitido por la Seccional de Inteligencia Policial de Quindío el 8 de febrero de ese mismo año, en el que se informa sobre la directriz de las Farc para mejorar sus finanzas a través de secuestros como el del comerciante.

“La Sala considera menester, ante la ausencia de regulación legal sobre la materia, exhortar a la Presidencia y al Congreso para que (...) se adopten los instrumentos legales, administrativos y judiciales, razonablemente eficaces que permitan a las víctimas obtener la declaración de responsabilidad de la organización Farc por graves violaciones de los derechos humanos”, se lee en el fallo.

JUSTICIA

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