El espinoso dosier del general preso por 'falsos positivos'

El espinoso dosier del general preso por 'falsos positivos'

En enero arranca el juicio contra Henry Torres, el oficial de mayor rango acusado por ese delito.

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Henry Torres Escalante es el oficial de más alto rango procesado por 'falsos positivos'.

Foto:

Archivo particular

27 de noviembre 2016 , 02:51 p.m.

Tres generales de la República, tres coroneles y dos mayores procesados por ejecuciones extrajudiciales, masacres y desapariciones forzadas se reunieron hace unas semanas en el casino de oficiales del Cantón Norte. Faltaban algunos días para que se realizara el plebiscito por la paz y el Ejército quería que conocieran los beneficios procesales que tendrían en caso de acogerse a la justicia especial pactada en los acuerdos con las Farc.

Cuentan que en la reunión estaban el general Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años por la masacre de Mapiripán (1997); Armando Arias Cabrales, sentenciado a 35 años por la retoma del Palacio de Justicia (1985), y Henry Torres Escalante, el oficial de más alto rango procesado por ‘falsos positivos’.

Torres Escalante, de 54 años, es el único general aún activo al que se le ha dictado orden de captura, en momentos en que sonaba para convertirse en el segundo comandante del Ejército.

El día de la reunión, el oficial recibió la cartilla sobre los beneficios judiciales pactados en La Habana, pero fue enfático en que, así le ofrecieran ocho años de cárcel (la cuarta parte de la pena que podría darle la justicia ordinaria), no aceptaría delitos que no cometió.

“Buscan que se me aplique la responsabilidad penal por cadena de mando y no voy a aceptar crímenes que no cometí, ni ordené ni toleré”, le dijo el general Torres a EL TIEMPO por intermedio de uno de sus asesores.

La responsabilidad penal a la que se refiere es la que más preocupa a los oficiales procesados por este tipo de ejecuciones fuera de combate. De hecho, luego de quejas y protestas, ese fue uno de los puntos que se ajustaron a última hora del nuevo acuerdo de paz, firmado hace apenas 72 horas.

El caso de Torres Escalante es emblemático para los oficiales que se debaten entre quedarse en la justicia ordinaria o apostarle a la Jurisdicción Especial para la Paz.

En principio, lo acusan de ordenar, en el 2007, la ejecución de Daniel Torres y su hijo Roque, dos campesinos de Aguazul (Casanare), donde el oficial fue comandante de la Brigada XVI, entre diciembre del 2005 y julio del 2007.

En esa época, la zona estaba infestada de paramilitares, bajo el mando de ‘Martín Llanos’, y de hombres del Eln. De hecho, los dos campesinos asesinados aparecían en un informe que el DAS le envió al oficial, como “terroristas urbanos de la cuadrilla José David Suárez”.

Pero la Fiscalía y los abogados de las víctimas creen tener elementos suficientes para probar que el alto oficial está involucrado en mucho más que un doble homicidio de civiles. Aseguran que durante los 18 meses que Torres Escalante pasó en esa región se registraron varios de los 85 casos de ‘falsos positivos’ que se investigan allí.

De hecho, se le está aplicando una especie de proceso exprés: en diciembre del 2015 se lo vinculó a la investigación; el 28 de marzo pasado se ordenó su captura y el 10 de agosto ya estaba lista la resolución de acusación.

La evidencia

La actuación judicial más reciente fue el 3 de octubre. Ese día, a pesar de la oposición de la defensa de las víctimas, la Corte Suprema decidió que su juicio, que arranca en enero, tendrá lugar en Yopal, escenario de los crímenes.

Para la Fiscalía, es claro que el general estaba al mando de la operación militar Marte, que tenía el único propósito de asesinar a Daniel Torres y a su hijo Roque. La razón: ambos eran testigos ante la justicia penal militar de otros dos supuestos casos de ‘falsos positivos’ que implican a la misma brigada. Se trata de las muertes de los labriegos Hugo Araque, el 10 de octubre del 2005, y Fredy Sanabria, el 12 de agosto del 2006.

“Lo único que digo es que, si me pasa algo, al único que le echo la culpa es al Ejército, porque de pronto quieran vengarse porque yo declaré la verdad”, advirtió Roque, de apenas 16 años.

Y en igual sentido se pronunció su padre, quien denunció además que miembros de la Fuerza de Tarea Oro Negro, creada por orden de Torres Escalante, intentaron llevárselo a la fuerza después de declarar.

La defensa del general, en manos del penalista Jaime Granados, desestima el supuesto móvil de los crímenes con el argumento de que su cliente no ejercía como comandante de la Brigada XVI en las fechas en que murieron Araque y Sanabria.

Sin embargo, la Fiscalía dice que el uniformado era parte del Estado Mayor de la brigada cuando murió Araque y que, ya como comandante, aprobó la misión táctica Albornoz II, en la que el campesino Sanabria perdió la vida.

Además, el ente investigador desestimó la retractación de un testigo clave: el teniente (r) Fabián García Céspedes, comandante del Grupo Delta del Batallón Contraguerrillas N.° 65, adscrito a la Brigada XVI. García juró que Torres Escalante estaba enterado de las bajas de civiles, incluida la de Roque y la de Daniel Torres, que él ejecutó. De hecho, acusó al oficial de haberle suministrado un arma para ponerla al lado del cadáver de José Cayetano Mendivelso, otro de los labriegos muertos.

“Una prueba clara fue el día en el que Torres Escalante me dio una pistola para los resultados del 5 de enero del 2007. Estaba solo con él en su oficina, pero todos los soldados saben quién había puesto el arma. No solo lo hizo conmigo, sino con varios comandantes. Él daba las armas, él tenía las armas”, insistió García.

La defensa del general, sin embargo, pide que no se tenga en cuenta su testimonio. No solo porque el teniente se retractó ante la Procuraduría y la Fiscalía, sino también porque ha incurrido en imprecisiones y mentiras. Por ejemplo, dijo que antes del crimen de Roque y su padre se había retenido y desaparecido a la enfermera Norma Esperanza Gil. Pero la mujer fue localizada e incluso se comprobó que es una de las beneficiarias de casas de interés social del Gobierno.

El teniente García también ha dado varias versiones sobre el suministro de armas para ponerlas al lado de los cadáveres en las que no menciona a Torres Escalante.

Al respecto, la Fiscalía anota: “En más de seis declaraciones, a lo largo del 2011, 2012, 2013 y 2014, atinó a atribuir responsabilidad al acusado. Solo en diciembre del 2015, sorpresivamente, decide retractarse e indicar que Torres Escalante no tuvo conocimiento de los hechos. Pero las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas por él son las mismas”.

Y agrega que varios uniformados dan fe de que el general tenía el control operacional de todos los hombres adscritos a la Brigada XVI. Además, que el teniente García, condenado a 22 años, no recibió ningún beneficio judicial por declarar, como lo asegura la defensa del general.

De hecho, la conclusión es que, para efectuar los ‘falso positivos’, “se dividieron el trabajo criminal y cada uno de ellos realizó aportes para la ejecución del delito, siendo esencial el realizado por Henry Torres Escalante, dada su posición como comandante de la Brigada XVI”.

Por eso, la vicefiscal general, Paulina Riveros, negó tanto la apelación a la resolución de acusación como la solicitud de libertad del general, que ahora, preso en el alojamiento de oficiales del Cantón Norte, se prepara para ir a juicio.

Sin embargo, algunos sectores del Ejército le dan otra lectura a este caso. “En marzo, el mismo día en el que las Farc y el Gobierno iban a firmar el acuerdo de paz, en el Ministerio de Defensa estaban dándole la baja a Torres. Necesitan a un oficial de alto nivel, como él, para equipararlo con ‘Timochenko’ ante la justicia transicional. Él tiene el perfil: es compañero de curso del comandante del Ejército, Alberto José Mejía; tiene una hoja de vida brillante y ahora afronta 40 años de cárcel por señalamientos de un testigo que se retractó”, dijo un oficial que prefiere mantener su nombre en reserva.

Por su complejidad, el caso le fue asignado al fiscal José Vicente Valbuena, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el mismo al que no le tembló la mano para pedir que procesaran y condenaran a ‘peces gordos’ de la corrupción, como los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas, y los primos Nule.

Las otras ejecuciones de civiles

Hace apenas diez días, el juez primero especializado de Cundinamarca condenó a 20 militares por las ejecuciones extrajudiciales de cinco jóvenes que fueron desaparecidos en Soacha y luego reportados como muertos en combate en zona rural de Ocaña (Norte de Santander), en el 2008. Entre los condenados está el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado. Dos semanas atrás, el Tribunal Superior de Popayán confirmó la condena, a 50 años, a seis militares por su participación en la ejecución extrajudicial de tres recicladores, en el 2007, presentados como presuntos guerrilleros. La Fiscalía investiga actualmente más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales, ocurridas en su mayoría entre el 2004 y el 2008. Y en mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana seis casos de ‘falsos positivos’ que habrían ocurrido en la década del 90. Por este tipo de conductas, el Ministerio de Defensa ha tenido que pagar millonarias indemnizaciones.

El ajuste de última hora al acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc

La firma del nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc se dilató un par de días a raíz de varios ajustes, entre ellos, la eliminación de un parágrafo que le adicionaron en La Habana y que fue calificado como muy preocupante para las Fuerzas Armadas. En efecto, en el artículo 44 se incluyó un aparte del Acuerdo de Roma que hacía a los superiores solidariamente responsables con los delitos cometidos por sus subalternos. Los militares retirados fueron los primeros en percatarse del suceso y en enviarle una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le manifestaron que el parágrafo iba “en perjuicio directo de quienes ejercen o han ejercido los diferentes niveles de mando al interior de nuestras instituciones castrenses”. La carta, firmada por el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), general Jaime Ruiz, remataba diciendo: “De no corregirse de manera inmediata el daño causado, tenga la certeza de que la moral y la voluntad de lucha de todos nuestros combatientes se verá gravísimamente afectada”.

El malestar aumentó cuando se supo que el párrafo fue introducido sin que tuvieran conocimiento generales que representan a la tropa. El tema se subsanó pocas horas antes de firmar el nuevo acuerdo de paz en la ceremonia del Teatro Colón y parece haber tranquilizado a los oficiales que anunciaron que estarán atentos a la implementación de los acuerdos. Pero otras voces se declararon desconcertadas. “Estamos profundamente decepcionados porque el Gobierno de Colombia cedió ante la presión militar y de forma subrepticia introdujo una modificación en el nuevo acuerdo de paz que podría permitir que los comandantes del Ejército eludan su responsabilidad por los crímenes cometidos por los subalternos”, aseguró José Miguel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch (HRW). Por el contrario, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que todo quedó aclarado: “Se hicieron ejercicios muy puntuales, encabezados por el propio Presidente, para poder establecer claridades e interpretaciones de qué era lo que realmente se había acordado unilateralmente por el Gobierno y eso fue lo que quedó en los acuerdos (...) en lo que tiene que ver con la Fuerza Pública, hay tranquilidad y apoyo al proceso de paz”.

UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com

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