El cara a cara en la Corte sobre las consultas mineras

El cara a cara en la Corte sobre las consultas mineras

Consejo de Estado ratificó en la competencia de gobiernos locales para restringir esas actividades.

El cara a cara en la Corte sobre las consultas mineras

Tras la audiencia pública en la Corte Constitucional, la magistrada Cristina Pardo debe elaborar una ponencia.

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Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

13 de abril 2018 , 01:14 p.m.

Por cinco horas los representantes de 20 instituciones de diferentes sectores respondieron el jueves una pregunta clave para el futuro del sector minero-energético: ¿Hasta qué punto un ente territorial y una consulta popular pueden prohibir actividades extractivas?

A la fecha, nueve consultas populares han frenado la minería y el petróleo, y el jueves el Consejo de Estado ratificó en un fallo la competencia de los gobiernos locales para restringir esas actividades.

Mientras instituciones del Gobierno y del sector minero hablaron de la importancia de las rentas de esas actividades para la economía, y de la necesidad de que no se impongan posiciones sino que se llegue a consensos, las comunidades y organizaciones sociales expusieron la validez de las consultas mineras como mecanismo de participación.

Las posiciones a favor y en contra del veto local a la minería

Carlos Alberto Benavides, representantes de Mansarovar –firma que interpuso una tutela después de que la consulta de Cumaral, Meta, frenó su proyecto petrolero–, dijo que mientras no estén claras las competencias de la Nación y entes territoriales sobre el subsuelo, “será muy difícil mantener la inversión extranjera”.

El ministro de Minas, Germán Arce, aseguró que “la minería y el petróleo son los sectores que sostienen las finanzas del Estado y el gasto social, pues contribuyen con un 9 por ciento del PIB, y señaló que el 46 % de la inversión extranjera ha sido para este sector. Afirmó que la Corte debe volver a la jurisprudencia que le ordenaba al Gobierno Nacional y local concertar, “sin que exista un poder de veto de una u otra parte”.

Wiler Edilberto Guevara, viceministro de Ambiente, aseguró que el país ha avanzado en la protección de recursos y por eso ha delimitado 30 páramos y 30 millones de hectáreas.

Luis Guillermo Vélez, presidente de la Agencia de Defensa Jurídica, expresó que los gobiernos locales no tienen poder de veto a la minería, por lo que la Corte debe buscar una fórmula intermedia y volver al “sano balance en donde ninguno de los dos principios en tensión –autonomía territorial versus Estado unitario– pueda ser aplicado de manera desproporcionada afectando al otro”.

Silvana Habid Díaz, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, dijo que en 125 municipios se ha concertado con las comunidades la minería, por lo que el camino “debe ser la participación efectiva informada”.

Fernán Ignacio Bejarano, vicepresidente de Ecopetrol, señaló que las “facultades de los entes territoriales no pueden ser absolutas ni preferentes” y señaló que hoy hay 37 consultas en zonas de hidrocarburos. Dijo que Ecopetrol le ha dejado al país 135 billones de pesos en 5 años, y que debe continuar la exploración porque las reservas alcanzan para 7 años más.

Miguel Antonio Caro, alcalde de Cumaral, defendió la consulta popular que frenó a Mansarovar y criticó el “absolutismo y utilitarismo del Estado que quiere aplastar la autonomía de los entes territoriales”. Dijo que los beneficios económicos para la región “han sido muy pobres”, pues han recibido 100.000 millones en regalías y se han valorizado las tierras, “pero eso no se ha visto reflejado en la calidad de la salud, educación y servicios básicos”.

Luis Arturo Ramírez, apoderado del Consejo Municipal Cumaral, y promotor de las consultas, dijo que si esas actividades extractivas garantizaran el desarrollo “los niños no se morirían de hambre en La Guajira, y Casanare y Arauca serían departamentos de primer orden, pero Canasare lleva 6 años sin acueducto”.

Paula Robledo, defensora delegada, señaló que el efecto de una consulta popular es vinculante y obliga al ente territorial a ejecutar el mandato popular, y aseguró que el hecho de que haya más consultas mineras “es un efecto frente al déficit en los mecanismos de participación ciudadana en este sector”. Señaló que la Corte debe definir qué pasa cuando la concertación Gobierno-ente territorial fracasa, y bajo qué parámetros la decisión de la comunidad puede vetar la minería, “ya que quien recibe directamente los impactos son las comunidades”.

Gilberto Toro, presidente de Fedemunicipios, señaló que los municipios tienen competencias para regular el uso del subsuelo, opinión que compartió Diana Rodríguez, investigadora de DeJusticia, quien señaló que la Constitución dice que el dueño de estos recursos es el Estado, pero que la Corte ha dicho que los entes territoriales también son Estado.

Aseguró que solo 9 municipios de 1.100 han hecho consultas populares, y que el aumento de esos mecanismos debería ser bienvenido porque “muestra una madurez de la democracia”.

JUSTICIA

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