En curso demanda que busca evitar despido de drogadictos

En curso demanda que busca evitar despido de drogadictos

Proponen que, por tratarse de una enfermedad, a los adictos se les dé 180 días para rehabilitarse.

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La Procuraduría afirma que no es posible validar el consumo de drogas como una conducta natural y aceptable.

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Archivo / EL TIEMPO

14 de noviembre 2016 , 12:03 a.m.

¿Si la drogadicción ha sido reconocida en Colombia como una enfermedad, por qué los adictos pueden ser despedidos de sus trabajos cuando consumen en horarios laborales?

Esa es una de las preguntas con las que dos estudiantes de la universidad Uniciencia de Bucaramanga basaron una demanda que llegó a la Corte Constitucional, y que pretende tumbar un artículo del Código Sustantivo del Trabajo.

A comienzos de este año, Claudia Liliana Sánchez Guiral y Carlos Mario Gómez García, quienes cursan el último semestre de Derecho, afirmaron que el artículo 60 del Código del Trabajo que les prohíbe a los trabajadores “presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes” va en contra de los derechos a la igualdad, a la no discriminación, la estabilidad laboral, entre otros.

Sánchez y Gómez argumentan que mientras el espíritu del Código Sustantivo del Trabajo es lograr un equilibrio en las relaciones de empleados con sus empleadores, y protege a quienes sufren enfermedades comunes (las que se dan por fuera del oficio) con incapacidades que van hasta los 180 días, en el caso de los adictos no se da esa protección y se permite que se los despida con justa causa.

Los demandantes dicen que, desde el 2013, la Corte Constitucional estableció que las personas que necesiten su dosis personal son enfermas. Esto implica que se les debe dar un tratamiento especial, adecuado e idóneo, en el que se pueda buscar la rehabilitación y la cura de su enfermedad.

También aseguran que la Ley 1566 del 2012 reconoció el problema del consumo de sustancias psicoactivas como un caso de salud pública, lo que implica que la drogadicción pueda ser catalogada, incluso, como una enfermedad de tipo mental que debe ser tratada en el sistema de salud.

Así, no encuentran comprensible que mientras la Corte y la legislación ya han hecho la diferencia entre los consumidores habituales y los adictos, el Código de Trabajo les dé el mismo tratamiento a la hora de despedirlos por el consumo en horas laborales, por lo que proponen que a los drogadictos se les debería dar también un tiempo de 180 días para rehabilitarse y la oportunidad de revisar sus casos antes de terminar su contrato de trabajo para establecer si su condición afecta sus funciones.

El tema en la Corte Constitucional ya ha generado debate. Fuentes aseguran que el magistrado Alejandro Linares, quien tiene la ponencia del caso, plantea mantener viva la prohibición de ir a trabajar bajo el efecto de las drogas y el alcohol, pero su ponencia podría no ser acogida por la mayoría de magistrados.

Al alto tribunal ya han llegado varios conceptos. Uno es el de la Procuraduría General, que pide mantener la prohibición y argumenta que aunque la drogadicción sea una enfermedad, esto no significa que sea deseable en el ámbito laboral ni que sea asimilable a otras enfermedades. “El consumo de drogas está constitucionalmente prohibido y, por ende, el legislador se encuentra legitimado para inflingirle consecuencias a la violación de esa prohibición”.

Para la Procuraduría, no es posible “validar el consumo de tales sustancias como una conducta natural, conveniente, neutral, permitida o aceptable”.

Pero una opinión distinta tiene la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que incluso plantea que la petición de los demandantes no solo debería aplicar para los drogadictos, sino también para los alcohólicos. “Ambas son enfermedades de origen común y ambas pueden afectar a terceras personas”, asegura.

Así, establece que como la drogadicción y el alcoholismo son enfermedades “el trabajador que esté afectado debe ser tratado con discapacidad”.

Esto implica, dice la Comisión, que la empresa que quiera despedir a alguien que sufre estas patologías tenga que pedirle previamente una autorización para el despido al Ministerio del Trabajo y propone hacer un Código del Trabajo “vigente para el presente siglo y no para el anterior”, pues la norma es de 1950.

Julio Roberto Gómez, presidente de la Central Unitaria del Trabajo (CUT), aseguró que si bien cada caso de trabajadores que consuman alcohol o drogas debe ser estudiado en profundidad, la norma debe mantenerse. “Levantar la prohibición daría una patente de corso para que cualquier persona alegue toxicomanía y no pueda ser objeto de una acción disciplinaria”, afirmó.

El exdecano de la facultad de Jurisprudencia del Rosario, Antonio Aljure, asegura que si se tumba la prohibición, “prácticamente no habría ninguna causal para despedir a alguien porque fácilmente se puede relacionar un comportamiento frente al alcohol o las drogas con una actitud patológica”. Pero el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Genaro Alfonso Sánchez, opina diferente. “La drogadicción es una enfermedad y como tal debe ser tratada médica y psiquiátricamente. Es excesivo que una persona que consume drogas sea despedida por su condición”, dijo.

Riesgos del consumo en el trabajo

En un documento que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar publicó este año, con el que busca desarrollar un programa para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, se afirma que, en el ámbito laboral, las drogas aumentan el ausentismo, generan problemas disciplinarios, afectan la productividad y comprometen la seguridad individual y colectiva, pues la persona bajo los efectos de alcohol o drogas presenta alto riesgo de accidentes. Según el ICBF, el 30 por ciento de accidentes laborales mortales se dan por estas causas. Y entre 20 y 40 por ciento de procesos disciplinarios se relacionan con consumo de sustancias tóxicas.

JUSTICIA

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