Tribunal de Cundinamarca tendrá que admitir demanda por caso de la UP

Tribunal de Cundinamarca tendrá que admitir demanda por caso de la UP

El Consejo de Estado dice que demandas por genocidio de la UP son imprescriptibles.

La Unión Patriótica

La Unión Patriótica nació en 1984 luego de los acuerdos de paz del gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc.

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Archivo / EL TIEMPO.

07 de abril 2017 , 04:33 p.m.

El Consejo de Estado ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dar trámite a una demanda de reparación interpuesta por sobrevivientes de la UP y familiares de los militantes del partido asesinados que reclaman una reparación por lo sucedido. 

La Corte señaló que esta demanda que fue inadmitida en febrero del 2015 se rige bajo el principio de imprescriptibilidad porque el caso de la UP fue declarado delito de lesa humanidad. Es decir, sin importar el tiempo transcurrido entre los hechos y la solicitud, debe ser estudiada.

"Resultaría paradójico que, por un lado, se acepte la imprescriptibilidad de la acción judicial en materia penal y, por otro lado, se niegue la posibilidad de acudir a la reparación directa en la jurisdicción administrativa, dado que en el sistema jurídico deben prevalecer los principios de coherencia, integración y plenitud normativa", se lee en el documento. 

El Consejo de Estado señala que si bien los demandantes no precisaron en algunos casos las circunstancias de tiempo y lugar de los homicidios, desapariciones y otros delitos, los argumentos de la demanda demuestran que se trató de un proceso sistemático. 

Los demandantes reclaman, entre otras cosas, que se condene al Estado colombiano a reparar "a todos los sobrevivientes, dirigentes y militantes de base o el colectivo de la Unión patriótica sobreviviente a pagar por los perjuicios morales de 100 salarios mínimos por el perjuicio moral que hemos padecido con ocasión al exterminio de nuestros dirigentes, camaradas y amigos militantes, aliados y simpatizantes de la Unión Patriótica".

Y además, que se condene al Estado a pagar un valor máximo de 1.000 salarios mínimos para cada familiar próximo (padres, hermanos, hijos, esposa (o), compañera (o) permanente de las víctimas del geneocidio).

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