Pese a orden de la Corte, las megapensiones siguen existiendo

Pese a orden de la Corte, las megapensiones siguen existiendo

Por lo menos 12 de sus decisiones se han dado en contravía de la orden de la Corte Constitucional.

Fallo de la Corte Suprema

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema concluyó que no hay evidencias de que el acusado sea responsable.

Foto:

Martín García / Archivo EL TIEMPO

16 de abril 2018 , 05:47 p.m.

Sin mucho ruido, el Consejo de Estado ha venido desconociendo el límite que desde hace cinco años la Corte Constitucional les puso a las megapensiones, cuando decidió que ante la desigualdad del sistema pensional colombiano, nadie podía superar el tope de 25 salarios mínimos en su mesada y todas las liquidaciones se debían hacer con el promedio del sueldo de los últimos 10 años de trabajo.

Esa decisión cerró la puerta para altos funcionarios que terminaban siendo contratados en costosos puestos en su último año laboral, para devengar jugosas sumas en su vejez.

Uno de los argumentos de la entonces Corte Constitucional consistió en que permitirles a unos pocos pensionarse con el promedio de salarios del último año, y a otros exigirles lo trabajado en los últimos 10 años, llevaba a conceder “beneficios manifiestamente desproporcionados, con desconocimiento de los principios de solidaridad e igualdad”.

Pero por lo menos en 12 fallos conocidos por EL TIEMPO, el Consejo de Estado ha ido en contravía de esa jurisprudencia, afectando la estabilidad del sistema pensional en el que el Estado da subsidios de 18,4 billones de pesos, pero que se reparten inequitativamente, pues mientras los que más ganan reciben más del 50 por ciento (9,3 billones), los que menos ganan solo se quedan con el 4,3 por ciento.

Una de esas decisiones, con ponencia del magistrado Hernando Sánchez, resolvió una tutela a favor de Lidia Mireya Guerrón contra el Tribunal de Nariño. La Sala ordenó que el ingreso base de liquidación (IBL) de su pensión se hiciera con el promedio de todas las sumas devengadas durante el último año.

La Sala dijo que se debía mantener la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que en diferentes fallos ha establecido que a quienes estén en el régimen de transición se les tasará la pensión con los criterios del artículo 3 de la Ley 33 de 1985 (promedio del último año), y no con el 21 de la Ley 100 de 1993 (promedio de los últimos 10 años).

También afirmó que no se podía aplicar el mandato de la Corte Constitucional, porque sus fallos sobre megapensiones y reliquidación solo se aplican para congresistas o trabajadores particulares, pero que nada ha dicho de funcionarios públicos de otra índole.

En ese fallo, Martín Bermúdez Muñoz, quien fue conjuez, se opuso a la mayoría de consejeros y les dijo que sus decisiones iban en contra de lo ordenado por la misma Corte Constitucional. El conjuez incluso les advirtió que sus fallos no solo implicaban un choque de trenes, sino que podían generar confusión entre los jueces (quienes incurren en el riesgo de prevaricar si no aplican lo que ha dicho la Corte Constitucional) y en los ciudadanos, que ya no saben al criterio de qué Corte acogerse.

Aseguró que el efecto será que los ciudadanos presentarán tutelas cada vez que se les aplique la regla que fijó el tribunal constitucional para buscar “obtener la revocatoria de tales decisiones; no dejarán de jugarse esta carta a sabiendas de que algunas veces (no todas las veces, puesto que incluso en el Consejo de Estado la posición no es uniforme), lograrán una sentencia favorable a sus intereses”.

Fuentes en la Corte Constitucional le confirmaron a EL TIEMPO que el tema ya prendió alertas. De hecho, en la última Sala de Selección de Tutelas de ese alto tribunal se escogieron tres casos que se acumularon y se le asignaron a la magistrada Cristina Pardo, quien tendrá que resolver cómo se tapan los huecos que está abriendo el Consejo de Estado. Así se seleccionaron el expediente de José Antonio García Linares – cuya pensión, al ser liquidada de manera ponderada con el último año, pasó de 1,5 a 4,9 millones– y dos decisiones más.

¿Quién está por encima?

Otra decisión polémica del Consejo de Estado se dio en abril del año pasado, cuando falló una tutela a favor de Ana Patricia León Urquijo, exfuncionaria de la Universidad del Quindío, a la que el Consejo de Estado permitió que se le diera la pensión con el 75 por ciento del promedio de sueldos de sus últimos 12 meses laborales.

En ese fallo, el argumento de los consejeros también es polémico: afirmaron que las decisiones de la Corte Constitucional “no obligan a las demás cortes de cierre”.

También asegura que el Consejo de Estado “es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, y la jurisprudencia vinculante para resolver los conflictos cuya competencia le está atribuida a esta jurisdicción es aquella dictada por este tribunal de cierre”.

Para el Consejo de Estado, admitir que las decisiones de unificación de la Corte Constitucional están por encima de las suyas “conduciría a desconocer uno de los pilares del Estado social de derecho, como lo es la estricta separación del poder público en ramas y el insoslayable marco de competencias regladas”.

El segundo argumento en esos fallos es que no se puede invocar una de las razones claves que ha dado la Corte Constitucional para poner topes a las pensiones y promediarlas en los últimos 10 años: el principio de sostenibilidad fiscal (falta de recursos). Para el Consejo de Estado, pensar en el dinero iría en “menoscabo de los derechos fundamentales de los pensionados”.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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