¿Hasta dónde puede llegar la Fiscalía en el caso de Claudia Morales?

¿Hasta dónde puede llegar la Fiscalía en el caso de Claudia Morales?

Abogados analizan el alcance de la justicia frente al derecho al silencio de la periodista. 

Claudia Morales

La periodista Claudia Morales tiene una extensa carrera en diferentes medios de comunicación del país.

Foto:

Archivo particular

24 de enero 2018 , 04:10 p.m.

'La defensa del silencio' hecha por la periodista Claudia Morales en una columna en la que reveló que había sido violada por uno de sus jefes fue el insumo para que ayer martes la Fiscalía General de la Nación anunciara que abría formalmente la investigación de los hechos que describe la comunicadora.

"Cuando trabajé con 'Él', era un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y, además, hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad. Hoy, con 44 años, reviso el momento que tengo grabado como una foto y no me arrepiento de haber guardado silencio (…) Ustedes lo oyen y lo ven todos los días y me parece que ya exponerme en este punto de la vida con un nombre, cuando ya en la historia que ha pasado no tengo tampoco ninguna prueba distinta a mi palabra, me parece que es un desgaste y además me parece que es peligroso”, escribió Morales en el su columna.

Si bien Morales ha reiterado que no dará a conocer el nombre de su agresor y que su interés es “sentar una posición sobre el derecho al silencio", la Fiscalía confirmó que la Unidad de Delitos Sexuales se ocupará de la situación y que las indagaciones se iniciarán en función de sus deberes legales “con base en fuentes abiertas”. 

Entonces, ahora las preguntas se abren en el escenario judicial: ¿hasta dónde puede llegar la Fiscalía si la víctima no va a revelar el nombre del agresor? ¿Las autoridades pueden obligar a la periodista a revelar el nombre de su violador? ¿Deberá comparecer ante la justicia si es llamada?

Al respecto, el abogado penalista Francisco Bernate aseguró que, aunque la ley debe respetar el silencio, dado que se ha tenido conocimiento de la presunta comisión de un delito, debe determinar lo que sucedió. “No es que la Fiscalía esté entrando en un juego o esté haciendo 'show'. Es su obligación si alguien denuncia un delito de estos, no hay ninguna alternativa diferente a la que está tomando la institución”, explicó.

El penalista sostiene que en el artículo 250 de la Constitución y los 68 y 67 del Código de Procedimiento Penal se señala que es deber de ese ente investigar todos los hechos que revistan las características de un delito.  Agregó que si bien la ley no puede exigirle a Morales revelar el nombre del agresor, y menos hacerla declarar contra sí misma, de ser citada a una diligencia judicial sí debe comparecer ante la justicia.

Por su parte, el penalista David Teleki es enfático en recordar que el derecho a guardar silencio debe ser respetado ya que "es una posición que plantea en razón a que la persona que llama su violador ostenta demasiado poder y tiene visos de ser una persona de altísima peligrosidad".

"Si el Estado no protege, no respalda y no adelanta las acciones pertinentes con protección de la víctima y la sociedad no la apoya, el silencio debe mantenerse. Lo que haríamos es revictimizarla y ponerla en una situación de peligro para su vida e integridad", analizó.

EL TIEMPO habló con otros penalistas, quienes solicitaron reserva de su nombre. Coinciden en que la Fiscalía debe investigar este tipo de denuncias, pero no se le puede pedir a la denunciante asumir riesgos innecesarios.

"Hay un principio general que es el de la colaboración con la administración de justicia, pero hay también una excusa y es que nadie está obligado a declarar contra sí mismo (...) Hay un delito que es la omisión de denuncia, pero aplica solo para funcionarios o particulares involucrados en homicidio agravado o terrorismo", agregó uno de estos abogados.

Sobre la prescripción del delito

Al no conocerse el nombre del presunto agresor, ni la fecha de lo sucedido, uno de los temas que se ha puesto en discusión es si existe prescripción del delito. En ese caso, el caso se archiva.

"La fecha de los hechos es determinante para saber si están a tiempo de investigar o no, si los hechos ocurrieron hace más de 20 años ya no tendría sentido empezar la indagación (...) Una investigación que pueda llegar a buen término con tanto tiempo es complicado",  aclaró el abogado Bernate.

Los abogados coinciden en que en caso de no haber prescripción las autoridades deberían designar un fiscal de conocimiento y hablar con la comunicadora. A ella se le podría solicitar una ampliación de la denuncia.

Frente al caso, un experto consultado por EL TIEMPO explicó que el delito podría estar prescrito porque hace años las penas de los delitos sexuales no eran tan altas como las actuales y por eso es necesario que se haga un rastreo de cuál era la norma vigente en ese tiempo. "Actualmente, por ejemplo, la pena máxima puede llegar a 50 años o hasta 60 cuando la víctima es un niño, pero en esa época no", dijo.

Cuando una investigación pone en riesgo al denunciante

Entre los temores que ha despertado la denuncia es el nivel de peligrosidad que esta puede ocasionar para la vida de la comunicadora y su familia. De ahí que a través de un comunicado, Martha Ordóñez, consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, haya hecho un llamado a pensar en lo que hace la sociedad para brindar confianza y seguridad a las denunciantes.

"Nos debe convocar a realizar una reflexión sobre la forma como las personas, la sociedad y el Estado acompañan y protegen a las mujeres víctimas de violencia sexual o de cualquier otro tipo de violencia de género", publicó Ordóñez a través de Twitter. 

Ante estos riesgos, Bernate dice que de conformidad con el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, es importante recordar que las víctimas tienen derecho a ser tratadas con respeto a lo largo de toda la actuación y a que se tomen las medidas de protección que se consideren pertinentes. "Si esta persona considera que en la actualidad corre algún peligro por sus denuncias, la Fiscalía tiene que tomar medidas", señaló el abogado.

"El trámite normal es que durante este tipo de procesos se le consulte a la persona si considera que necesita protección y si dice que sí, se hacen unos estudios de riesgo. De acuerdo con el mapa de riesgo se verificará qué tipo de medidas se deben tomar", concluyó.

ELTIEMPO.COM

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