Corte Constitucional abre el debate sobre la Comisión de la Verdad

Corte Constitucional abre el debate sobre la Comisión de la Verdad

En audiencia pública se escuchan diferentes opiniones sobre el decreto ley 588 de 2017.

Corte Constitucional

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, defendió la Jurisdicción Especial para la Paz ante la Corte Constitucional.

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Guillermo Torres / Semana

11 de octubre 2017 , 11:48 a.m.

La Corte Constitucional realiza este miércoles una audiencia pública para escuchar las diferentes opiniones sobre el decreto ley 588 de 2017, que creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

El primero en intervenir fue el viceministro para la participación e igualdad de derechos del Ministerio del Interior, Luis Ernesto Gómez Londoño, quien aseguró que la comisión es uno de los pilares del acuerdo de paz porque tiene como centro a las víctimas, esclarecer los hechos que sufrieron y su reparación.

Añadió que esta Comisión está buscando generar verdad y procesos de no repetición, crear relatos sobre lo que ha sucedido en los últimos años en el país y representar a la sociedad colombiana, pues su integración será amplia y sin discriminación.

Afirmó que pretende que con la Comisión no sea buscada una versión estatal de la verdad, sino que esta tenga autonomía y una metodología propia para reconstruir los hechos y podrá apoyarse en la Comisión de Memoria Histórica.

Ronald José Valdés Padilla, delegado del espacio nacional de consulta previa con comunidades negras, afirmó que esta población no fue consultada en varios de los puntos, por lo que le pidió al alto tribunal someter algunas de sus normas a una consulta previa. También señaló que en varios numerales de la Comisión, como el primero, no tuvieron en cuenta un enfoque étnico.

Valdés asegura que el enfoque territorial que se estableció en la Comisión de la Verdad desconoce a las comunidades palenqueras, y los fenómenos que han sufrido en el desplazamiento y masacres. También dijo que no se tuvo en cuenta las condiciones étnico-diferenciales en las zonas de comunidades negras.

Adriana Leaño Siado, de la Corporación Humanas, afirmó que es fundamental que esté conformada por comisionados con una formación y experiencia en temas de género y que se debe buscar una verdad sobre los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, estableciéndose como prioridad el esclarecimiento de los hechos.

César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, agregó que el decreto que creó la Comisión de la Verdad sí debió ser consultado con las comunidades étnicas porque muchas de las medidas están orientadas a estas poblaciones. "La Corte podría tomar una decisión equitativa y garantista. En este caso, sin desconocer que el decreto debió consultarse, la Corte podría permitir la constitucionalidad de la norma pero que se condicione a que se consulte la metodología con estas comunidades".

Esto significa que, según Rodríguez, la Corte debe avalar la Comisión de la Verdad pero estableciendo que esta tenga que consultar la manera en la que serán reconstruidos y relatados los hechos que sufrieron estas comunidades.

"Mencionados en la Comisión de la Verdad sí pueden ser investigados por la justicia": vicefiscal

La vicefiscal María Paulina Riveros habló sobre la prohibición de que la información recibida y tramitada por Comisión de la Verdad no pueda ser utilizada en procesos judiciales.

Riveros dijo que la misma Corte Constitucional ha reconocido la diferencia entre la verdad judicial y la verdad histórica. "La Fiscalía observa que dicha restricción de la utilización con fines de judicialización de la información recibida y producida en la Comisión de Esclarecimiento, no comporta una limitación irrazonable ni ilegítima del derecho a las víctimas para acceder a la administración de justicia".

Según Riveros, esa limitación de la información no afecta los elementos del derecho a la justicia, que seguirá operando de manera autónoma en su recolección de pruebas. "Esa restricción no incide en el derecho de las víctimas a ser oídas en una instancia judicial, aportar pruebas o intervenir en todas las fases del proceso penal", dijo la vicefiscal.

Para Riveros, el derecho a la verdad y la justicia son complementarios. Así, asegura que una Comisión de la Verdad no se contrapone a la posibilidad de acceder a la justicia.

"El derecho a la verdad permite crear Comisiones no judiciales", aseguró Riveros, afirmando que ese derecho implica que las víctimas puedan conocer la realidad de lo sucedido, y a que se investigue y divulgue públicamente la verdad sobre los hechos.

Riveros también dijo que no hay ningún sustento para decir que las personas aludidas en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad no puedan ser investigadas y judicializadas por la Justicia Especial para la Paz, o la justicia ordinaria. "La limitación mencionada sólo se refiere al traslado de elementos materiales probatorios", aseguró, por lo que, a su juicio, quienes sean mencionados ante la Comisión, sí podrían ser vinculados a la justicia ordinaria o especial, siempre y cuando las pruebas se hayan obtenido del proceso penal.

"Las personas que hayan declarado ante la Comisión, o las que hayan sido mencionadas en la información producido por otras, sus declaraciones puede ser elemento material probatorio siempre que esa prueba se produzca dentro del proceso judicial", dijo Riveros.

Piden precisiones sobre responsabilidad de quienes declaren ante la Comisión

María Camila Moreno Múnera, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), aseguró que la Comisión de la Verdad propone medidas complementarias para satisfacer los derechos de las víctimas, y afirmó que será efectiva para el reconocimiento de los hechos del conflicto.

Dijo que tendrá un término de 3 años, y aseguró que sus conclusiones podrán ofrecer datos para los magistrados de la Justicia Especial para la Paz.

Moreno también añadió que no es conveniente que mecanismos extrajudiciales resuelvan la situación legal de integrantes de grupos armados o agentes del Estado, porque eso desnaturalizaría su función. Por eso dijo que una participación de la Comisión en el establecimiento de beneficios jurídicos, podría ir en contra de la verdad y de las víctimas.

Paula Robledo Silva, delegada de la Defensoría del Pueblo, aseguró que para esa institución la prohibición de usar la información de la Comisión de la Verdad en procesos judiciales no va en contra de las víctimas, ya que esta Comisión tiene un carácter extrajudicial.

Al igual que la vicefiscal, Robledo también dijo que para la Defensoría esto no implica que las personas mencionadas en la Comisión de la Verdad no puedan ser investigadas por la justicia con base en otras pruebas.

Aseguró que el hecho de que la JEP tenga un término de 10 años, y la Comisión, uno de 3, no menoscaba el derecho de las víctimas. Según Robledo, mientras que la JEP debe materializar la justicia, la Comisión persigue la contribución del esclarecimiento del conflicto.

"La imposibilidad de investigar todos los casos graves de infracciones al derecho humano impacta en la definición de sus límites temporales", aseguró.

Con el fin de que la Comisión y la JEP se puedan armonizar, la Defensoría propone que el inicio de la vigencia de la Comisión se dé cuando ya haya arrancado la JEP y haya entregado información importante que pueda tener en cuenta. La otra alternativa que propone la Defensoría es prorrogar su vigencia de tres años para que pueda conocer los informes de la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP.

Guillermo Fernández Maldonado, delegado de Naciones Unidas, aseguró que las labores de la Comisión de la Verdad están orientadas a conocer el impacto, las pautas, las causas y consecuencias del conflicto, por lo que espera que permita "reconocer una historia que algunos todavía niegan".

Fernández dijo que los mecanismos de verdad y justicia no pueden operar de manera aislada. "A nuestro juicio, el decreto no recoge estos principios ni hace eco de la importancia de la interrelación entre los mecanismos, ni las condicionalidades consagradas en la constitución".

Según el delegado de la ONU, es importante que se determinen las consecuencias que tendría para una persona que esté sometida a la JEP pero que se niegue a relatar la verdad ante la Comisión.

Fernández asegura que es esencial que se fortalezcan los canales de información entre todos los sistemas (la Comisión y la JEP) para buscar los derechos de las víctimas. Por eso, afirma que es previsible que los casos que no sean seleccionados por la JEP puedan estar atendidos en cuanto a la verdad por otros organismos del sistema como la Comisión.

"La Comisión tiene el potencial de reconstruir de manera rigurosa los hechos de décadas de confrontación armada. En el cumplimiento de su mandato puede llevar al reconocimiento de responsabilidades", afirmó.

Asegura que si bien no es obligatorio para la Comisión poner nombres en el informe final, "sí podría incluirlos estableciendo que no es una prueba concluyente de responsabilidad penal", aseguró el delegado de la ONU.

JUSTICIA

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