¿Cuándo va a dirimir la Corte la competencia entre la Fiscalía y JEP?

¿Cuándo va a dirimir la Corte la competencia entre la Fiscalía y JEP?

Alejando Linares advierte que espíritu del acuerdo se debe respetar en los 3 siguientes gobiernos.

Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional

Alejandro Linares completa casi tres años como magistrado de la Corte Constitucional. Este año fue elegido como su presidente.

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Carlos Ortega / EL TIEMPO

18 de junio 2018 , 10:30 p.m.

La presidencia de la Corte Constitucional es uno de los cargos más honoríficos que tiene la justicia. Le tocó inaugurarse con la denuncia de que un funcionario estaba vendiendo tutelas…

Sí, hay ese tipo de dolores de cabeza. Pero, en coordinación con la Fiscalía, esto lo estamos depurando.

¿El hecho de haber avalado la forma ‘sui generis’ como el Congreso aprobó un plebiscito que este gobierno había perdido le ha traído algún tipo de desgaste a la Corte como institucional?

La sentencia C-699 define el proceso de refrendación más como eso, un proceso, no como un evento que fue el plebiscito. Hubo un proceso posterior a la realización del plebiscito muy importante donde ocurrió una renegociación del acuerdo y se oyeron todas las fuerzas que estaban en contra. En la medida de lo posible se incorporaron esos cambios, no todos.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, el tema más grueso en mi opinión: el de la participación en política; ese aspecto no quedó renegociado. Si uno revisa todas las matrices que en su momento se prepararon, en ese tema no se logró renegociar con las Farc.

¿Y en cuanto a la conexidad del narcotráfico con el ‘delito político’?

Esos temas se debatieron en esta campaña presidencial. Pero creo que hubo un proceso interesante, que terminó siendo refrendado al final por el mismo Congreso. Eso generó una mejoría a los acuerdos, aunque no hay acuerdo perfecto.

Parte de la zozobra de la JEP es que no conocemos aún el texto de la sentencia que declaró constitucional el Acto Legislativo n.º 1 de 2017, en virtud del cual se crea la justicia especial para la paz.


Bueno, es muy importante la sentencia C-674 de 2017. Se aprobó en noviembre del año pasado. El sentido del voto sí está cantado, en la medida en que la Corte revisó palabra por palabra el comunicado de prensa que salió ese mismo día diciendo que era constitucional, con algunas inconstitucionalidades. Lo difícil de esa sentencia, que está en cabeza del magistrado Luis Guillermo Guerrero, uno de los mejores magistrados que tiene la Corte, es que se encuentra en este momento para firmas. Usted comprenderá que un tema tan de fondo y tan importante lo deben firmar los nueve magistrados, y eso es como poner nueve micos para una foto.

Lo que tiene que decidir la Corte es si el caso de Santrich es un tema de la JEP o de la jurisdicción ordinaria, eso es todo lo que tiene que decidir la Corte

Y cada uno puede corregirle alguna cosita…

Sí. El proceso se demora un poco, pero el doctor Guerrero ha hecho un trabajo muy importante para que esa sea una sentencia de gran calado y sirva a los magistrados de la JEP en el ejercicio de sus funciones.

Desde luego era inevitable que surgieran conflictos de competencia con la JEP, porque todas las jurisdicciones tienen que mandar los casos que consideren caben dentro del conflicto…

En la sentencia C-674 de 2017, la Corte tomó unas decisiones importantes en materia de cuál es el órgano de cierre.

Antes de esa sentencia, en casos de conflictos de competencia, la definición la tenía la JEP. Al igual que la resolución de las tutelas…

Pero señalamos que es la Corte Constitucional la competente para definir todo eso.

Tan no están definidas las competencias que mire el caso de Santrich…

Ahí hay dos temas distintos que llegaron por vías diferentes, que tienen magistrados diferentes. Lo que tiene que decidir la Corte es si el caso de Santrich es un tema de la JEP o de la jurisdicción ordinaria, eso es todo lo que tiene que decidir la Corte. Una ponencia la tiene el doctor Guerrero, sobre la tutela que interpuso el apoderado de Santrich. Otro caso lo tiene el magistrado Alberto Rojas, sobre una solicitud de definir la competencia por parte del señor Fiscal General. Creo que la decisión se va a tomar de manera conjunta.

Ambas decisiones tendrían que ir en la misma dirección…

Correcto. Y en esa medida nos tocará estrenar la facultad que nos dio el Acto Legislativo 02 de 2015, de definir los conflictos entre las distintas jurisdicciones especiales.

Con todo respeto, ¿tratándose de un tema tan sensible como es la eventual extradición del señor Santrich, no se está tomando demasiado tiempo la Corte para la determinación de una simple fecha?

Ambos magistrados han solicitado las pruebas de los respectivos expedientes, y seguramente la semana entrante estaremos en Sala Plena, en la mitad del Mundial, tomando esa decisión.

¿Mejor en la mitad del Mundial que después?

El Mundial nos ayuda a reflexionar. Leer con mucho cuidado el artículo 19 del Acto Legislativo 1 de 2017.

La JEP está sufriendo lo de todas las instituciones cuando se crean: una búsqueda de identidad propia.

Supongamos que los gringos tienen razón y el delito de Santrich ocurrió luego de la firma del acuerdo de paz…

Entonces, eso le corresponderá a la justicia ordinaria.

¿Eso qué quiere decir?

Que va a la Corte Suprema de Justicia, que da un concepto que en las últimas ocasiones no ha sido meramente formal, sino un concepto donde se requiere que, digamos, en aras de proteger a las víctimas, haya un juzgamiento en Colombia. Pero eso lo decidirá seguramente el próximo presidente de la república, quien hace un análisis de conveniencia.

Uno de los temas que más atención ha generado en la opinión pública es si es compatible el ejercicio de la política con el pago de las penas restrictivas de la libertad de los autores de delitos de lesa humanidad… Incluso, el presidente electo propone que si son condenados, devuelvan sus cargos…

En la sentencia C-674 decimos que esa es una decisión que le corresponde a la JEP. Cuando nosotros revisamos el artículo 20 del Acto Legislativo 1, y en particular el parágrafo del artículo 20, ese artículo permite la participación en política, pero nosotros señalamos que es la JEP la que tiene que determinar la compatibilidad entre el ejercicio de la política y el pago de las sanciones proporcionales.

Eso qué quiere decir: ¿Que la JEP debe imponer unas penas que permitan la participación en política? ¿O que si la sanción de la JEP es incompatible con el ejercicio de la política, el congresista de las Farc se debe retirar?

De acuerdo con lo que está establecido tanto en el Acto Legislativo 1 como en el acuerdo de paz, la JEP puede imponer unas sanciones que se llaman ‘propias’. Son sanciones de restricción efectiva a la libertad entre 5 y 8 años. Eso supone haber dicho la verdad. Entonces, la JEP tiene que empezar a tramitar los procesos contra las personas que fueron designadas por el partido político de las Farc para ejercer las curules, las 5 en Senado y las 5 en Cámara. Ese proceso va a tomar un tiempo.

Para comenzar, la JEP no tiene ni idea de cuáles procesos priorizar…

La JEP está sufriendo lo de todas las instituciones cuando se crean: una búsqueda de identidad propia. Creería que uno de los temas que debería priorizar la JEP, por el alto impacto que tiene sobre la opinión pública y sobre su propia legitimidad, es analizar si encontrando crímenes de lesa humedad, que ameriten una restricción efectiva de la libertad, se puede ejercer la política.

Otra corrección importante hacia el futuro. ¿Cree que es conveniente separar la conexidad del narcotráfico con el delito político?

Otro tema que está en cabeza de la JEP.

¿El Congreso no podría entrar a estudiar si se desamarra eso?

Le corresponde a la JEP definir la conexidad entre los distintos delitos.

¿La decisión de volver a desvincular eso, por el bien del país, no corresponde a un ejercicio legislativo por parte del Congreso?

El Congreso es autónomo, soberano en lo que pueda determinar, pero según la sentencia C-674, debe respetar los acuerdos durante las siguientes tres administraciones.

¿Eso es obligatorio?

Hay que respetarlos en la medida de lo posible. Por razones de estabilidad jurídica se señaló que el Congreso podía modificar los medios para cumplir los acuerdos. Que tiene cierta discrecionalidad, pero no respecto de la finalidad. Tiene que conservar el fin, que es acabar el conflicto.

¿Estuvo bien que la JEP hubiera suspendido los términos de la extradición de Santrich?

No me pronuncio sobre eso. El tema de la extradición está regulado de manera detallada en el artículo 19 del Acto Legislativo 1 de 2017.

Chicharrón... ¿Qué otros tiene la Corte así inmediatos?

Quiero contarle que nos queremos ‘despacificar’, volver a nuestro rol normal, que es fallar en favor de los derechos de la gente. Pero todavía nos quedan varios temas muy de fondo en materia del fast track. Uno, sobre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un decreto que no debe tener mayor problema. Después viene el decreto de tierras, que es el 902; muy polémico, difícil. Y viene otro también complicado, el decreto sobre bienes de las Farc.

¿El que el entonces comisionado de paz Sergio Jaramillo calificó como una chambonada?

Sí. En el cual se presenta un inventario, y los bienes producto de ese inventario van a un patrimonio autónomo que tiene unos usos definidos en el decreto.

¡El que dice qué la plata de las Farc se queda en las Farc!

Para nada. La ponencia ya está repartida y revisa muy cuidadosamente unas salidas que son constitucionales frente al tema.

¿Y en temas de familia, esperamos alguna sentencia interesante?

La ley que sube la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años.

¿Me va a dar una pistica? ¿Nos vamos a poder quedar trabajando hasta los 70?

La ponencia, al parecer, viene exequible, pero con algunos condicionamientos que serán objeto del gran debate.

Y finalmente le quiero preguntar sobre el ambiente en la Corte. ¿Hay muchas diferencias ideológicas? ¿Corrientes de pensamiento distintas u homogéneas?

Depende del tema. En los de paz, desde octubre del año pasado, cuando decidimos darles valor jurídico a los acuerdos de paz, las decisiones han sido todas de consenso. Casi todas por unanimidad. En temas de paz sabemos que tenemos que ceder todos, para darle mayor legitimidad y evitar una mayor polarización del país. En otros temas de derechos fundamentales, somos unos más liberales que otros, unos más prudentes fiscalmente que otros, pero en general hay un buen ambiente. Hemos vuelto a hacer chistes en Sala Plena. Y eso es muy bueno.

¿Y desde cuando no hacían chistes?


Hemos tenido mucho sufrimiento de temas internos. Resaltaría mucho el humor pastuso que hay en la Corte, por cuenta de dos de sus miembros. Humor negro y autocrítico, muy útil en discusiones profundas. Es el mejor consejero que tenemos hoy en día: el buen humor de ciertos magistrados.

A la hora de publicar esta entrevista, ya sabemos quién es el próximo presidente de Colombia. ¿Pero quién ganó en la Corte: Petro o Duque?


El voto en blanco.

MARÍA ISABEL RUEDA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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