Corte regaña a la Unidad de Víctimas por errores en registro

Corte regaña a la Unidad de Víctimas por errores en registro

El alto tribunal estableció que esa institución debe probar que un hecho no ocurrió en el conflicto.

Unidad de victimas

La Unidad ha incluido en el registro único de víctimas a 8,8 millones de colombianos.

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Unidad de Víctimas

24 de junio 2018 , 09:53 p.m.

La Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, que lleva más de 7 años registrando a quienes han sido afectados por el conflicto armado, sigue recibiendo numerosas tutelas por parte de colombianos que han sufrido la violencia y a quienes se les está negando la posibilidad de una reparación por considerarse que sus hechos no hacen parte del conflicto armado.

Esta situación llevó a que la Corte Constitucional se pronunciara con un duro regaño para la Unidad –que ha incluido en el registro único de víctimas a 8,8 millones de colombianos– para que fundamente jurídicamente las decisiones en las que niega la entrada a la lista de reparación. De hecho parte de los registros (por lo menos 330.000) han venido por parte de sentencias que ordenan su inclusión.

Para el alto tribunal es claro que hay “falencias por parte de la Unidad al momento de llevar a cabo el proceso de valoración de las solicitudes de inclusión de personas en el Registro Único de Víctimas”.

La Corte dijo que esa entidad está “obligada a motivar sus decisiones con elementos que demuestren que los hechos victimizantes no se dieron en el marco del conflicto interno, acudir a bases de datos, consultar fuentes y evaluar elementos jurídicos, técnicos y de contexto”, antes de negar la entrada en el registro.

Para la Corte, motivar una decisión implica que “la mera contradicción con la declaración de una persona no puede dar lugar a que se profiera una decisión en sentido negativo”, pues se deben evaluar las pruebas. para excluirla.

Según los magistrados, la entidad también está desconociendo que la carga de la prueba no la tiene la persona que ha sido afectada sino que la institución debe demostrar que no sucedieron los hechos. Además se debe partir de la buena fe de los declarantes, aceptando las pruebas aportadas.

Tres homicidios

La Corte Constitucional aseguró que la Unidad no está teniendo en cuenta los expedientes de la Fiscalía General y las decisiones de los jueces en materia penal en las decisiones en las que niega el registro de personas cuyos familiares fueron asesinados.

Para hacer este pronunciamiento, la Corte Constitucional revisó tres tutelas de diferentes personas a las que la Unidad les había negado el ingreso al registro de víctimas, derecho que reclamaban por los homicidios de sus hijos.

El primer caso es el de María Etelvina Sánchez Aguirre, de 66 años, cuyo hijo murió el 21 de agosto del 2011 en Medellín. Según la mujer, el joven fue asesinado por hombres del combo de Odín San Pablo. Aseguró que lo mataron cuando defendía a otro joven que estaban metiendo en una bolsa plástica.

A juicio de la Unidad, el caso se trató de un hecho de delincuencia común. Según ese organismo, en Medellín delinquen 250 combos y bandas que son los causantes de los homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones.

El segundo caso es el de Nubia Marleny Morales de Zapata, de 69 años, cuyo hijo fue asesinado el 15 de enero de 1996 en el barrio Manrique, en Medellín, cuando unos hombres dispararon contra varios jóvenes que estaban en un escenario deportivo. Al valorar su caso, la Unidad le dijo que la muerte no se enmarca dentro de las condiciones del conflicto armado.

El tercer caso es el de Onán Cortés González, de 76 años. Dijo que sus dos hijos fueron asesinados en Planadas, Tolima, por un grupo armado ilegal y que, tras su muerte, recibió amenazas por lo que tuvo que desplazarse. La Unidad negó su registro considerando que no estaba demostrado que los asesinatos tuvieran fines ideológicos, militares o políticos.

La Corte tumbó las decisiones en los tres casos y le ordenó a la Unidad de Víctimas valorar la información suministrada por los afectados, para que expida una nueva decisión en la que demuestre con pruebas por qué los incluye o no en el registro.
El alto tribunal finalmente dijo que la tutela es el mecanismo idóneo para que las víctimas pidan su indemnización, pues la vía administrativa no garantiza “la protección inmediata y plena de los derechos fundamentales”.

MILENA SARRALDE DUQUE
JUSTICIA

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