Congreso definiría pérdidas de amnistías si se incumplen requisitos

Congreso definiría pérdidas de amnistías si se incumplen requisitos

Desmovilizados podrían perder beneficios si se niegan a contar la verdad o a reparar. 

Corte Constitucional
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Corte Constitucional

01 de marzo 2018 , 06:32 p.m.

La Corte Constitucional dejó este jueves en firme la ley de amnistía como parte de la revisión que viene haciendo de las normas de implementación del Acuerdo de Paz.

La Sala Plena del alto tribunal aprobó la ponencia de la magistrada Diana Fajardo en la que en esencia consideraba constitucional la ley pero a la que le puso varios condicionamientos.

En una decisión unánime con siete votos, la Corte decidió que la ley 1820 del 2016 es Constitucional, pero hizo varias precisiones en el artículo 23 eliminando la expresión "graves", considerando que era indeterminada y no quedaba claro cuáles eran los delitos graves que no podían ser amnistiados.

El magistrado Alejandro Linares dijo que esto no tiene mayor efecto sobre la amnistía porque esa definición ya está a nivel nacional e internacional.

El análisis de la Corte es que todo crimen de guerra es grave y sistemático. "Crear la categoría graves crímenes de guerra sistemáticos generaba una falta de claridad sobre lo que ya está definido en el derecho internacional", explicó la magistrada Diana Fajardo, ponente de la decisión.

La Corte estableció además que los beneficios penales de los guerrilleros que recibieron una amnistía y que ya están libres están sujetos a la condicionalidad, la integralidad y la proporcionalidad en la aplicación de las penas. Además, dijo que una condición para mantener esos beneficios es la contribución a los derechos de las víctimas.

Para el alto tribunal, el compromiso de contribuir a los derechos de las víctimas es una condición de acceso al sistema que no los exime de contribuir tanto en la Comisión de la Verdad, como la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.

"En principio las libertades son definitivas pero el Congreso de la República podrá determinar cuáles son las consecuencias de incumplir las condicionalidades del sistema", dijo Linares.

El magistrado Linares reiteró: "Tanto las amnistías como libertades son definitivas pero el Congreso puede determinar bajo qué condiciones o circunstancias el incumplimiento puede traer la pérdida de beneficios".

Eso significa que la Corte determinó que el Congreso tiene potestad de establecer reglas para definir qué pasa si un amnistiado no contribuye con la verdad, y podría determinar que se le quita la amnistía y la libertad si se rehúsa a ir al sistema.

Mientras el Congreso emite esas directrices, la JEP puede actuar con su reglamento interno, según señaló Linares.

También se hicieron cambios sobre el reclutamiento lo que implica que no son amnistiables las conductas de reclutamiento de menores de 15 años si fueron cometidas antes del 25 de julio del 2005, por los compromisos internacionales de Colombia después de la fecha. Esos casos de reclutamiento irían entonces a la JEP y no podrían amnistiarse.

Frente a la conexidad del delito de narcotráfico la Corte mantuvo intacta la norma que dice que la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP debe determinar si ese es un delito o no. También se mantuvieron intactas las normas relacionadas con los beneficios para los agentes del Estado.

En un concepto enviado a la Corte Constitucional, el Movimiento de Víctimas le había pedido a la Corte que buscara que la ley de amnistía cumpla "con los estándares nacionales e internacionales de participación de las víctimas que les permita una la intervención activa en los procedimientos de la JEP sin ningún tipo de exclusión injustificada". También pidieron tumbar varias normas que benefician a agentes del Estado.

La Procuraduría, por su parte, le había pedido a la Corte durante el proceso que condicionara ocho artículos de la ley de amnistía para que haciera varias precisiones. Por ejemplo, le pidió que determinara expresamente que las amnistías no implican la imposibilidad de usar recursos para controvertir esos beneficios como las tutelas o recursos ordinarios.

El Ministerio Público también argumentó que se debería establecer que los graves atentados cometidos contra derechos humanos no pueden ser concebidos delitos políticos, y que los guerrilleros que sean enviados a las zonas veredales no queden en libertad cuando entre en funcionamiento la JEP si son máximos responsables de delitos contra los derechos humanos.


JUSTICIA

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