Tras un año de regreso de Policía a El Mango, Corte ordena su retiro

Tras un año de regreso de Policía a El Mango, Corte ordena su retiro

Tribunal dice que estación de Policía en esa zona del Cauca pone en 'grave riesgo' a la comunidad.

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Los Policías del corregimiento de El Mango, municipio de Argelia (Cauca), en julio del año pasado.

Foto:

Archivo Particular

04 de agosto 2016 , 02:02 a.m.

Un año después de que 60 integrantes de la Policía fueran expulsados por los pobladores del corregimiento El Mango, de Argelia (Cauca), y de que su retorno se diera en menos de 48 horas en medio de tensión, se conoció una decisión de la Corte Constitucional que ordenó el traslado definitivo de la estación de Policía de la zona.

En el fallo la Corte le dio un mes a la Policía Nacional para que traslade su estación “a un lugar que no ponga en riesgo la vida e integridad de los habitantes”.

Teniendo en cuenta que esta zona “ha sido un blanco de ataques militares por parte de distintos actores armados”, y un “foco de violencia” protagonizado por las Farc y el Eln, se ordenó la reubicación lejos de las viviendas de los ciudadanos, afirmando que “existe una amenaza o riesgo grave para la integridad de la comunidad y sus habitantes”.

La Corte aseguró que en el corregimiento más de 90 casas han sido afectadas por las hostilidades, y que sólo el 12 de julio del año pasado, después de la tensión entre la Fuerza Pública y la comunidad, “se presentaron cerca de cinco acciones armadas en contra de la infraestructura y personal policial-militar”, lo que afectó a 300 habitantes de la zona.

Para la Corte también se probó que tras los hechos de julio del año pasado y el retorno de la Policía a la zona, hubo una “ocupación ilegal de la Policía a las viviendas de los habitantes de Campo Alegre”.

Y aunque la Corte afirma que desde el 15 de septiembre pasado la situación ha mejorado y no se han vuelto a presentar enfrentamientos similares a los de otros años, dice que esto corresponde a “circunstancias coyunturales que pueden, eventualmente, cambiar”.

“Si bien el objetivo de la ubicación de la estación de Policía es el de proteger a la población civil, la práctica y contexto de la zona en estudio demuestra que esa circunstancia ha ocasionado una serie de lesiones a las viviendas, vida, integridad personal, entre otros derechos, al tiempo que algunas familias han tenido que desplazarse por causa del conflicto”, dice el fallo, cuyo ponente fue el magistrado Luis Ernesto Vargas.

La tutela

El alto tribunal resolvió una tutela a favor de dos habitantes del Mango, presentada el 18 de agosto del año pasado contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, afirmando que la mencionada estación y la presencia de la Fuerza Pública en la zona estaba vulnerando sus derechos fundamentales a la vida y la integridad personal.

Los ciudadanos recordaron en la tutela que el 23 de junio la comunidad expulsó a la Policía de la zona “dados los riesgos que generaba la presencia de cualquier actor armado en cercanías de la población”. Afirmaron que tres días después, los policías se trasladaron a la vereda Campo Alegre, ubicada en El Mango, “ocupando los alrededores de 15 viviendas”, entre las que se encontraba la de la familia que interpuso la tutela.

La Corte recordó que según los convenios de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario “existe una prohibición según la cual las partes bélicas no pueden involucrar en la guerra a los civiles, utilizándolos como escudos o desplegando alguna conducta que los exponga ante los ataques del ‘enemigo’”.

Así, la Corte recordó las reglas de juega que ese alto tribunal ya ha sentado cuando se ha pedido, por medio de una tutela, la reubicación de una base militar o policial. Según la Corte, desde 1999 se ha establecido que “bajo ciertas circunstancias, es viable el traslado de estaciones de policía a zonas que disminuyan el riesgo para la población”.
Esas circunstancias deben acreditar “una amenaza o riesgo grave para la vida o integridad de la comunidad”.

El alto tribunal dice que si bien la comunidad tiene el deber del correcto funcionamiento del Estado en la región, “ello no debe ser una medida que lesione derechos fundamentales, o aumente desproporcionalmente el riesgo de ser vulnerados”.

Así, para la Corte, a pesar de que la Policía hace parte de la Fuerza Pública y de que su función exige que esté en todo el territorio nacional, “de ahí no se sigue que, en todos los casos, puedan ubicar sus estaciones en cualquier zona”.
En el proceso aseguraron que el 27 de junio los policías “ocuparon su casa de forma ilegal y arbitraria” y que el 11 de julio “los sacaron por la fuerza de su casa”. Al día siguiente hubo un ataque con armas de fuego y cilindros bomba protagonizado por las Farc.

Por estas razones la familia pidió “que se ordene la entrega inmediata de su vivienda, y que se suspenda cualquier instalación de la estación de Policía en su localidad”. Pidieron que la Policía sea ubicada “a una distancia que respete el casco rural y las viviendas de la población civil”.

La Policía afirmó en medio de la tutela que su desplazamiento a la vereda la Cumbre y Campo Alegre de El Mango, contó con “el beneplácito de la comunidad, mientras se realizaban los acercamientos hasta que se encontrara un predio adecuado para que se instalara nuevamente la Policía en el corregimiento”. Además, negó cualquier procedimiento policial de desalojo a la comunidad.

Agregó que la Policía tuvo conocimiento de que integrantes del frente 60 de las Farc estaban presionando a la población “para que hagan todo lo posible para desplazar a la Policía de dicho sector”.

JUSTICIA

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