La prostitución, trabajo legal que sigue sin reglas

La prostitución, trabajo legal que sigue sin reglas

Corte le ordenó al Gobierno regular el trabajo sexual para evitar abusos de las autoridades.

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La Corte asegura que la Policía no puede conducir a una trabajadora sexual por estar en la vía pública.

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Archivo / EL TIEMPO

27 de noviembre 2016 , 02:30 p.m.

“Estábamos sentadas en una banca de la plaza de la Mariposa, como hacemos todos los días, vestidas igual que siempre. Los policías llegaron, nos acorralaron, nos subieron a un camión y nos llevaron detenidas. Ir presa significa no poder trabajar, y si no trabajo, no tengo con qué pagar la pieza para dormir. Lo que yo hago no es ilegal, pero ese día los policías me dijeron que estaba estorbando en la vía pública, que mi trabajo era obsceno, que me llevaban detenida por ser una prostituta”.

Con esas palabras, Julia* cuenta lo que pasó el 20 de enero en un operativo al que la Policía denominó como “de recuperación de la vía pública”; varios agentes trasladaron a 14 mujeres desde el parque de la Mariposa, en Bogotá, hasta la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Algunas fueron golpeadas, según cuentan, y a la mayoría las dejaron retenidas varias horas, diciéndoles que estaban en alto grado de exaltación.

Por abusos como este, que según la Corte Constitucional se han vuelto sistemáticos, el alto tribunal le acaba de ordenar al Ministerio del Trabajo que regule el trabajo sexual en el país. A la Alcaldía de Bogotá y a la Policía les ordenó abstenerse de “utilizar la política de recuperación del espacio público para limitar el derecho a la libre circulación” de esta población.

El fallo es clave porque, como en todo trabajo informal, no hay cifras sobre cuántas personas viven de la prostitución voluntaria, que es lícita.

“En lugar de unas reglas informales impuestas por quienes administran los negocios, o por la Policía, se necesita una regulación estatal que garantice el derecho al trabajo, a la salud y a la seguridad”, asegura César Rodríguez, director de Dejusticia, centro de estudios jurídicos y sociales.

Los estudios sobre el tema son pocos. En Bogotá se han registrado 3.000 trabajadores sexuales, pero, según María Cristina Vélez, secretaria de la Mujer, el subregistro es tan grande que podrían llegar a ser unos 30.000. Esto porque buena parte de esta población no trabaja en la calle ni en casas de lenocinio, sino a través de redes sociales, hoteles, u otros espacios.

Una encuesta que la Secretaría de la Mujer hizo el año pasado con 2.000 personas dedicadas a este trabajo cuenta que el 94 por ciento son mujeres, el 43 por ciento sufrieron violencia en su actividad, el 89 por ciento están afiliadas al sistema de salud y el 55 por ciento consumen drogas. A nivel nacional no hay ninguna cifra certera. Sintrasexco, el primer sindicato de prostitutas en el país, dice que podrían ser más de 4 millones.

Vélez cuenta que aunque en el Congreso se han radicado proyectos para regular la prostitución, ninguno ha pasado del segundo debate. “Han polarizado la discusión hasta el punto de decir que cualquier reforma es imposible. Un grupo de congresistas dice que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiere, y otro piensa que todo ejercicio de prostitución es una vulneración de derechos y hay que penalizar la demanda”, asegura.

La segunda razón por la que se necesita una regulación, dice la Corte, es que la “discriminación legal” en la que están las prostitutas ha permitido que su trabajo sea visto como indeseable, indigno, y que se cometan abusos. De hecho, la Fundación Parces, que representó a las mujeres de la plaza de la Mariposa en la tutela que interpusieron por lo sucedido, cuenta que en los casos que han registrado el 89 por ciento asegura haber sufrido algún tipo de violencia policial. En su observatorio de trabajo sexual, Parces encontró que, en Bogotá, de 150 prostitutas, 111 dijeron ser agredidas verbalmente por un policía, a 76 les pidieron dinero para no llevarlas a la UPJ y a 51 les pidieron favores sexuales para no detenerlas.

Las pautas de la Corte

La Corte ha fijado desde el 2010 pautas sobre la prostitución. El fallo dice que “el vacío legal hace que se las equipare a vendedoras ambulantes cosificando su cuerpo y presumiendo que el estar en un lugar específico implica que lo están vendiendo, cuando el trabajo sexual consentido vende un servicio”, dice el fallo.

Tampoco pueden ser retiradas bajo el argumento de que “su dedicación laboral va en contra de la tranquilidad pública y es un peligro para la sociedad”, o porque su manera de vestir sea calificada de obscena.

La Corte asegura que la Policía no puede conducir a una trabajadora sexual por estar en la vía pública, pues el trabajo sexual es legal, independientemente de si lo hacen en el día o en la noche. Esto no implica que no se deba perseguir los delitos de trata de personas, explotación sexual de menores o la inducción a la prostitución.

¿Zonas de tolerancia?

En los planes de ordenamiento territorial las autoridades regionales tienen la competencia para designar las llamadas ‘zonas de tolerancia’ donde se puede ejercer la prostitución, sitios que deben alejarse de colegios, hospitales e iglesias. Según Sebastián Lanz, director de Parces, el concepto de zonas de tolerancia debería replantearse. “Las mujeres que más sufren violencia policial son las que cruzan esas fronteras. Hemos creado un concepto en el que la gente cree que lo que se sale de esa zona no debe ser tolerado, sino sancionado”.

La Secretaría de la Mujer está de acuerdo con que debe haber una reforma.

JUSTICIA

*Nombre cambiado

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