Corte 'da la bendición' a reforma rural pactada en el acuerdo de paz

Corte 'da la bendición' a reforma rural pactada en el acuerdo de paz

Alto tribunal avaló el decreto que creó medidas para ordenar el campo y darle tierra a campesinos. 

Tierras de Colombia

La Agencia de Tierras ha titulado 42.000 predios en todo el país. 

Foto:

Luis Lizarazo / Archivo EL TIEMPO

13 de julio 2018 , 04:15 p.m.

Tras un fuerte debate, la Corte Constitucional avaló ayer el decreto 902 del 2017, que creó una Reforma Rural Integral tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.

La decisión es clave ya que la tierra fue uno de los puntos más importantes del acuerdo con la exguerrilla, pues en la negociación se pactaron formas para organizar el campo, cambiar los procedimientos de resolución de conflictos por la propiedad rural, así como su formalización. Todas estas disposiciones son llevadas bajo la batuta de la Agencia Nacional de Tierras, que ha formalizado 1,5 millones de hectáreas en los últimos dos años.

El decreto también creó un Fondo de Tierras que administrará los predios para garantizar la democratización del campo y garantizar que campesinos sin tierra y comunidades étnicas puedan acceder a la tierra. El Fondo repartirá, según dijo el Gobierno en su momento, unas tres millones de hectáreas entre 800.000 familias.

El alto tribunal avaló ayer el decreto de tierras considerando que sí podía ser tramitado con las facultades extraordinarias del presidente Juan Manuel Santos. Y aunque la mayoría de sus artículos fueron aprobados, la Corte hizo algunos cambios.

El primero consiste en que los magistrados tumbaron el artículo 78 que creaba nuevas autoridades judiciales para que se encargaran de conocer todos los litigios en materia de tierras.

De forma unánime, los 9 magistrados decidieron tumbar este punto considerando que no hay jueces competentes que se encarguen de desarrollar esa fase del Procedimiento Único para ordenar las tierras, por lo que los jueces administrativos seguirán a cargo de esa responsabilidad.

Y aunque la Corte no declaró inexequibles más artículos del decreto, sí condicionó otros para garantizar que se respeten los derechos de las comunidades étnicas.
Así, cambió el artículo 19 que establece recursos para el saneamiento y reubicación de poblaciones asentadas en predios dentro de resguardos indígenas.

La Corte dice que la Agencia Nacional de Tierras debe encargarse no solo de la reubicación de los ocupantes que invadan los resguardos indígenas, sino también de todas las comunidades étnicas.

La Corte también condicionó el artículo 55, que creó mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación en disputas sobre predios rurales. Lo hizo para que estos mecanismos también se extiendan a disputas en territorios de comunidades indígenas, campesinas, negras y otros habitantes rurales.

Además, la Corte dice que los mecanismos que el Gobierno adoptará para resolver los litigios entre comunidades étnicas se deben limitar a la implementación de las formas alternativas para resolver los conflictos, pero no tiene poder para expedir normas que reglamenten esa materia.

La Corte también dice que, en todo caso, esas formas de solución pacífica no solo deben respetar los derechos adquiridos de comunidades indígenas, sino también de todas las poblaciones étnicas.

La discusión en la Corte

Al ser un tema sensible, el decreto de tierras tuvo discusiones prolongadas en la Corte, pues primero se presentó una ponencia de la magistrada Gloria Ortiz que proponía tumbar el decreto.

La magistrada le daba la razón a la Procuraduría General, que había enviado un concepto solicitando que la Corte tumbara el decreto afirmando que el Presidente no podía usar sus facultades extraordinarias para crear las nuevas disposiciones en materia rural, pues tenían que pasar por el Congreso.

La magistrada consideraba, además, que las comunidades étnicas no habían sido consultadas, por lo que se vulneraba su derecho a la consulta previa. Pero la ponencia de Ortiz fue derrotada hace dos meses y por eso se le encargó a la magistrada Cristina Pardo elaborar un nuevo proyecto de fallo que ayer fue avalado.

‘Corte nos dio un espaldarazo’
Agencia de Tierras habla de discriminación en lío por ubicación de resguardo indígena en Viterbo

Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras.

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Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, habla de la decisión de la Corte Constitucional. 


1. ¿Cuál es la importancia del decreto de reforma rural integral que avaló la Corte?

La decisión de la Corte Constitucional es un espaldarazo a la gestión de la Agencia Nacional de Tierras. En efecto, la Corte respalda esa revolución de la gestión de la tierra que hemos hecho: siendo eficaces, rápidos y trabajando a bajos costos para llenar el campo de propietarios.

2. ¿Cómo cambia este decreto la forma de resolución de conflictos frente a la tierra, y cómo ordena el campo?

El Decreto nos permitió implementar una estrategia masiva de formalización. Gracias a este cambio, hoy hemos titulado 42.000 predios, 4 veces el promedio que se titulaba año a año. Hemos legalizado 1.570.000 hectáreas, lo que equivale a legalizar 9 veces una ciudad del tamaño de Bogotá. Nuestros resultados en tan solo 2 años, no tienen precedentes en Colombia.

3. ¿Cuál cree que es el mensaje de la Corte al avalar casi que en su totalidad este decreto?

El mensaje es claro: la Agencia ha hecho las cosas bien y muy rápido. El Estado en su conjunto está aunando esfuerzos para sacar el campo de un atraso de medio siglo. Esperamos que el nuevo Gobierno mantenga este ritmo, esta dinámica, porque la falta de seguridad jurídica es la principal causa del estancamiento en el campo colombiano.

JUSTICIA

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