Los secretos del cartel de los sobornos en la Contraloría de Bogotá

Los secretos del cartel de los sobornos en la Contraloría de Bogotá

Funcionarios les exigían dinero a los contratistas a cambio de ocultar hallazgos fiscales.

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El 21 de diciembre estalló el escándalo en la Contraloría con unos audios donde una funcionaria pide dádivas a un interventor. Ocho días después, la Fiscalía ya tenía el primer capturado.

Foto:

Abel Cárdenas / EL TIEMPO.

01 de enero 2017 , 10:35 p.m.

Un apartamento situado en la carrera 30 con calle 39, a pocas cuadras de la Contraloría de Bogotá, era el sitio donde una presunta organización criminal se reunía para pedir millonarias dádivas (sobornos) a contratistas y evitar que hallazgos fiscales pasaran a manos de la Fiscalía.

En ese inmueble, al parecer de Hermelina del Carmen Angulo Angulo (de quien las autoridades sospechan que es la voz que se escucha en un audio donde exige 60 millones de pesos a su víctima), se organizaron reuniones como la del pasado 21 de octubre, a la que asistieron el contratista interventor de una obra, Humberto Bohórquez, y el entonces director técnico de la dirección de talento humano de la Contraloría, Gabriel Alejandro Guzmán Useche, quien hasta el año 2011 trabajó en el Concejo de Bogotá.

En la información suministrada por el contratista interventor a los investigadores se dice que Guzmán Useche, en tono imponente, y sin dejarlo hablar, le dijo que él era el dueño del contrato 259 del 2015 (que corresponde a una intervención vial en la localidad de Usme). Según contó, el funcionario le pidió 75 millones de pesos para evitar el reporte de unos hallazgos fiscales.

El primer plazo para el pago se fijó para el 15 de noviembre del 2016, pero el contratista no apareció. Después se acordó para el 1.º de diciembre y no pagó. Luego, el pasado 19 de diciembre pidió cita con la señora Angulo Angulo para arreglar el pago y fue de esa conversación que salió la grabación donde la mujer le rebaja la cuota de 75 millones a 60 millones.

Lo que han podido establecer los investigadores es que ese contrato en particular no tenía ningún hallazgo fiscal.
Según la acusación de la Fiscalía, el funcionario encargado de coordinar las reuniones, organizar los pagos, enviar mensajes y ejercer presión a través de ocho citaciones por acciones fiscales que programó en un solo día contra funcionarios y trabajadores cercanos al contrato 259, era Ómar Ricardo Calderón Camacho, a quien el viernes un juez le dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria.

El ente acusador le imputó a este funcionario los delitos de concusión en concurso heterogéneo con cohecho propio, prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de particulares. Como gerente de la subdirección de gestión local, adscrito a la dirección de participación ciudadana de la localidad de Usme, Calderón Camacho no pudo asistir a la reunión del apartamento (21 de octubre) porque un familiar se encontraba mal de salud.

En esa audiencia de imputación de cargos, la Procuraduría le solicitó a la Fiscalía que se investiguen los hallazgos reales en la contratación y que fueron archivados de forma irregular, al parecer por orden y firma de Guzmán Useche.

Esto porque en otro contrato, el 051 del 2013, en el que sí se encontraron varias irregularidades, se pagaron 40 millones de pesos para archivar los hallazgos. Ese pago, según lo relató el ingeniero Bohórquez a las autoridades, se hizo en efectivo en el piso sexto de la Contraloría en mayo del 2015. Para ingresar el dinero, el funcionario Calderón Camacho le prestó el estuche de un odómetro (aparato que sirve para contar el número de pasos y medir la distancia recorrida por una persona).

En la grabación que el interventor Bohórquez les entregó a las autoridades, Hermelina Angulo reconoce que recibió, pero no 40 sino 30 millones de pesos por esa ‘mordida’. Esto significa que Bohórquez miente o que la mujer se le estaba quedando con parte de la plata de la organización.

La Procuraduría pidió que también se investigue la ruta de las hojas de vida que le entregaban al interventor de la obra, porque de las grabaciones se deduce que lo obligaban a contratar a determinados profesionales en las obras.

La denuncia penal a la Fiscalía con los audios y los señalamientos a los tres funcionarios con nombre propio fue puesta en conocimiento del contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, el pasado 21 de diciembre.

A su despacho, el ingeniero Bohórquez, acompañado de otro contratista, Joselín Torres, le hizo llegar la grabación que realizó el pasado 19 de diciembre, cuando la mujer le dijo que le rebajaba a 60 millones de pesos.

Así era el modus operandi de la red de corrupción, que cuando no hacía montajes de supuestos hallazgos para pedir los sobornos, utilizaba los verdaderos hallazgos para exigir millonarias mordidas y archivar las investigaciones.

Por ahora se esperan más capturas y no se descarta que el cartel sea más grande de lo que hasta ahora se ha descubierto.

REDACCIÓN JUSTICIA

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