Consejo de Estado pide celeridad en procesos disciplinarios y fiscales

Consejo de Estado pide celeridad en procesos disciplinarios y fiscales

A propósito de fallo contra un exdirector del Invima que prescribió en Procuraduría y Contraloría. 

07 de julio 2017 , 12:15 p.m.

Al resolver un proceso contra el director del Invima del año 2001 por suscribir un contrato de compraventa irregular y adquirir un edificio cuyo valor superaba en más del doble el precio real (según el avalúo) para ser sede principal de la entidad en Bogotá, el Consejo de Estado le hizo un llamado a la Procuraduría y la Contraloría para que no permitan la prescripción de los procesos que involucren afectación patrimonial.

El fallo con ponencia del magistrado Ramiro Pazos, señala que el Invima adquirió la propiedad por un valor de 4.000 millones cuando el avalúo dijo que costaba menos de 2.000 millones. 

Y por eso concluyó que "tan graves y patentes desconocimientos de los reglamentos de la gestión pública, todos en detrimento económico de la entidad, permiten concluir que se está ante la presencia de un acto de corrupción, en el que se defraudó el patrimonio del Invima". 

Y agrega que “son tan dicientes las conductas del servidor público, que le merecieron reproche desde el punto de vista fiscal, como quedó acreditado en el proceso, por cuanto revelan una actuación que aunque fue calificada como gravemente culposa, se adentra también en los terrenos del dolo, tal como finalmente quedó establecido cuando desde el ámbito penal se le encontró no solo responsable del delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, sino también del de peculado por apropiación”, indica la sentencia.

El tribunal le pidió entonces a los órganos de control que adelanten con celeridad todas las actuaciones disciplinarias y fiscales para evitar la impunidad. 

Y es que aunque en términos penales hubo una condena por estos hechos, la Sala advierte que el proceso prescribió en la Procuraduría y que, por parte de la Contraloría, no se realizaron acciones efectivas para lograr el cobro de la condena que fue de 4.000 millones de pesos a todos los implicados, en los que además de un director del Invima se encontró la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), dos empresas privadas y otros dos particulares.

JUSTICIA

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