Cada año, saqueo de minería ilegal equivale a una reforma tributaria

Cada año, saqueo de minería ilegal equivale a una reforma tributaria

Regiones no reciben US$ 2.000 millones al año, dice Contraloría. Cuestionan las CAR por ineficacia.

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Foto captada con dron de EL TIEMPO que evidencia el daño causado por la minería ilegal en el sector de Cuturú, Caucasia.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

07 de enero 2017 , 11:52 p.m.

Más de seis billones de pesos, el recaudo adicional que espera lograr el Gobierno en el primer año de la reforma tributaria, es lo que dejan de recibir las regiones en regalías cada año por culpa de la minería ilegal y criminal del oro.

La alarmante cifra está consignada en un informe especial de la Contraloría General sobre las actividades que seis corporaciones autónomas regionales –Corantioquia, Corpourabá y Cornare, en Antioquia; Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC); Codechocó y Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC)– emprendieron entre el 2011 y el 2015 para atacar ese fenómeno en cuatro de los 17 departamentos afectados.

(Vea nuestro especial multimedia: Minería ilegal, los cráteres que se devoran a Colombia)

El estimado de pérdidas para el Estado es de unos 2.000 millones de dólares al año, es decir, 5,5 millones de dólares cada día. Esto, porque menos del 15 por ciento del sector es legal. El saqueo es tan grande que equivale al doble de lo que generó en regalías la minería en los años 2015 y 2016: tres billones de pesos.

“El sector sería uno de los grandes generadores de divisas, pero como el 85 por ciento de la minería es ilegal, esos recursos van a parar a otras manos”, dice la Contraloría, basada en informes de la Asociación Colombiana de Minería.

El documento solo habla de dos hallazgos con incidencia fiscal, por un valor total de 330 millones de pesos y relacionados con contratos de recuperación de ecosistemas. El pecado de las CAR es, según la Contraloría, la omisión de proteger el medioambiente y sancionar a sus agresores.

El Plan de Desarrollo 2010-2014 calificó a la minería como una de las cinco locomotoras de desarrollo del país y prohibió las dragas, las minidragas, las retroexcavadoras y otros equipos mecánicos en las actividades mineras sin título o licencia. Sin embargo, el uso de esta maquinaria, en lugar de disminuir, se ha multiplicado.

Tan solo en el Chocó, según el informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito de mediados del 2016, la presencia de dragas creció entre el 2012 y el 2013 en 184 por ciento. Y ese departamento, junto con Antioquia, tiene el 79 por ciento de las 78.939 hectáreas arrasadas por la minería ilegal en los últimos años. La cifra puede ser mayor, pues cada día se multiplican las excavaciones.

(Además: El gigante invisible de la minería ilegal)

Así como Tumaco, en Nariño, es el municipio con más cultivos de coca del país, Nechí en Antioquia es el que más minería ilegal tiene, con ocho por ciento del área afectada a nivel nacional. Allí el daño ambiental puede ser irrecuperable.

El informe de la Contraloría sostiene que parte de la responsabilidad de ese aumento descontrolado del fenómeno está en la falta de acciones preventivas, imposición de sanciones y también en la ausencia de acompañamiento técnico a los operativos de la Policía por parte de las CAR.

Por ejemplo, pone en evidencia que mientras Codechocó habla de 35 explotaciones ilegales, la Policía realizó, entre el 2014 y el 2015, 268 intervenciones a unidades de extracción minera. Esos operativos de la Policía lograron en todo el país la captura de 2.242 personas y la incautación de 394 máquinas.

Así mismo, sostiene el órgano de control que los procesos que adelantan las CAR difícilmente terminan con una sanción real y acciones que reparen el daño causado. Lo mismo pasa en la parte penal. Así, de 75 casos judicializados entre el 2011 y el 2015 en Antioquia, solo seis terminaron con escrito de acusación contra los infractores; en Cauca, de 51 procesos solo en 4 hubo acusación.

La Contraloría reconoce que la presencia de grupos armados al margen de la ley en torno a la minería ilegal genera presiones y amenazas que dificultan la acción del Estado.

Mientras tanto, la depredación sigue adelante. Uno de los casos más graves es el del río Sambingo. Allí constantemente los funcionarios son agredidos y amenazados tanto por las comunidades que adelantan la explotación como por los actores armados que controlan el negocio. En esa zona hay unas 2.000 personas que dependen del oro que le arrancan a ese afluente del Patía.

Los análisis de laboratorio encontraron allí una “muy alta presencia de mercurio, tanto en agua como en suelo”. Hasta mil veces los parámetros internacionales. La afectación se extiende por aproximadamente 10 kilómetros, en los que se evidencia la desviación del cauce del río entre dos y tres veces en algunos tramos, dice el informe.

La Contraloría asegura que las CAR se excusan muchas veces en la inactividad de las alcaldías, la Policía o la Fiscalía, para no hacer presencia en las zonas afectadas. Una justificación que no avala, porque insiste en que estas entidades son las máximas autoridades en temas ambientales y a las que corresponde desempeñar un papel protagónico en la lucha contra la minería ilícita en el país.

El informe también les reprocha a las CAR que hayan otorgado licencias en zonas de exclusión minera como páramos o reservas forestales o que no actúen contra la contaminación de los ríos –79 en total en las jurisdicciones de las CAR evaluadas– y las desviaciones de sus cauces. (Lea también: Estudio indica que el 70 por ciento de la minería es ilegal)

Inversiones irregulares

El informe de la Contraloría concluyó que en el periodo de tiempo estudiado se presentaron 26 procedimientos administrativos irregulares por parte de las CAR, 18 de los cuales tienen alcance disciplinario y 2 tienen alcance fiscal –pues generaron un evidente detrimento patrimonial.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) es la entidad llamada a responder por la pérdida de 330 millones de pesos en la ejecución de dos contratos. El primero, por un valor de 130 millones, se firmó en octubre del 2015 a fin de ejecutar seis estrategias para recuperar las áreas mineras en estado de abandono de los municipios de Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao.

Pero la Contraloría encontró que las estrategias de la CRC se implementaron en “terrenos privados con propietarios plenamente identificados”.

“Para la Contraloría General, el hecho de que la Corporación asumiera la recuperación de impactos ambientales generados por terceros, sin iniciar previamente los procesos sancionatorios (...) significó que la Corporación asumiera una carga económica que era responsabilidad de un tercero, representando una gestión fiscal ineficiente y antieconómica”, se lee en el informe.

La otra irregularidad que encontró el ente de control tiene que ver con dos contratos por 200 y 300 millones de pesos que firmó la Corporación Ambiental con dos instituciones diferentes para hacer un diagnóstico de las áreas afectadas por minería en cinco municipios del departamento del Cauca, contratos que tenían el mismo objetivo y que fueron firmados con 10 días de diferencia.

El informe alerta por las pretensiones de los que quieren hacer minería de oro. Hay solicitudes sobre más de 600.000 hectáreas, la mayoría de las cuales hasta ahora no han sido otorgadas.

‘La ilegalidad supera capacidad de las instituciones’

Ramón Leal, director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), dice que la magnitud del fenómeno y la inseguridad son las mayores dificultades que enfrentan las CAR para ejercer control sobre zonas afectadas por minería ilegal. (Además: El rastro de la plata de las Farc en los negocios del 'zar del oro')

¿Qué le responden a la Contraloría General?

Nosotros (Asocars) asistimos y acompañamos el proceso que realizan las autoridades. Incluso somos parte de la Mesa Nacional de Control y Vigilancia, donde están desarrollando actividades conjuntas para enfrentar este delito. El Ministerio de Minas, en los temas de formalización de la minería tradicional, tiene convenios con las corporaciones para hacer seguimiento, pero la ilegalidad es un tema que supera la capacidad de nuestras instituciones. Las corporaciones son las autoridades ambientales, pero recordemos que teníamos una gran proporción del país donde los grupos al margen de la ley estaban detrás del tema minero.

Pero el número de sanciones es muy bajo comparado con la actividad criminal...

Se adelantan procesos sancionatorios a quienes actúan ilegalmente y se realiza el cierre de la actividad. El problema es que ocurre en zonas que no son de fácil acceso por temas de orden público.

¿Qué otras dificultades tienen para adelantar los procesos?

Lamentablemente con la reforma de las regalías, a las corporaciones les quitaron los recursos que les transferían directamente para el control y seguimiento ambiental. Antes del 2012 se recibían 130.000 millones de pesos en el año. Hoy son menos de 20.000 millones.

¿Qué seguimiento les hacen las CAR a los infractores?

La minería ilegal es adelantada por personas que invaden los predios donde se desempeñan actividades formales legales, y la acción de las corporaciones es la de diseñar el proceso sancionatorio, tomar las medidas administrativas y remitir a la Fiscalía.

VALENTINA OBANDO JARAMILLO
Redacción JUSTICIA

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