¿Por qué los congresistas ya no serían juzgados por la Corte Suprema?

¿Por qué los congresistas ya no serían juzgados por la Corte Suprema?

Según la propuesta, tendrían segunda instancia y serían juzgados por el Tribunal Superior de Bogotá.

Los congresistas saldrían del radar de la Corte Suprema

Parlamentarios serían juzgados por Tribunal de Bogotá.

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Martín García / EL TIEMPO

14 de marzo 2017 , 09:18 a.m.

Tras las dos décadas más prolíficas en materia de investigación y sanción de los delitos cometidos por miembros del Congreso –procesos que llevaron a casi un centenar de condenas por los escándalos de la ‘narcopolítica’, a mediados de los 90, y la ‘parapolítica’, en la década pasada–, la Corte Suprema de Justicia quiere soltar la investigación y el juzgamiento en primera instancia de los parlamentarios.

Este lunes, el presidente de la Sala Penal, Eugenio Fernández Carlier, puso sobre la mesa la propuesta de la Corte Suprema para cumplir la orden de la Corte Constitucional de garantizar la doble instancia a los altos funcionarios y servidores públicos con fuero.

Ese tema, que amenazaba con convertirse en un nuevo ‘choque de trenes’, sería resuelto así: en el caso de los congresistas –que hoy son investigados por tres miembros de la Sala Penal y eventualmente juzgados por los otros seis magistrados–, la investigación pasaría a manos de fiscales delegados ante la Corte Suprema. El juicio en primera instancia se cumpliría en la Sala Penal del Tribunal Superior, y la Corte conocería esos procesos solo en la segunda instancia y en las casaciones.

La propuesta es polémica porque supone un revolcón sin precedentes en un sistema que le permitió al país investigar y condenar a algunos de los más poderosos barones políticos que terminaron aliados con narcotraficantes y paramilitares.

La reforma incluiría un acto legislativo (para reformar tanto las funciones de la Corte como las del Fiscal General) y una modificación a la Ley Estatutaria de Justicia de 1996. Según uno de los textos, que fue presentado a varios líderes del Senado con el acompañamiento del Gobierno, “las investigaciones previas, los sumarios y los juicios que adelante la Sala de Casación Penal serán remitidos en el estado en que estén a la autoridad competente para conocer de la instrucción o juzgamiento en primera o segunda instancia”. Actualmente, la Sala Penal adelanta casi 500 procesos y juicios en primera instancia.

Eso significa que, una vez tramitados los cambios, la Sala Penal solo se quedaría con las funciones de casación (el conocimiento extraordinario de algunos procesos), con la segunda instancia de los congresistas y con el juicio y la eventual revisión de casos remitidos por el Senado. Estos son los que afectan a altos magistrados, al Fiscal General y al Presidente de la República (los que tienen fuero ante la Comisión de Acusación de la Cámara).

(También: ‘No creo que nuevos magistrados vengan con giros dramáticos’)

Altas fuentes de la Corte señalan que se trata de propuestas que aún están en construcción. Sin embargo, las que se han puesto a rodar son propuestas discutidas y que tienen respaldo en ese tribunal.

Desde hace ocho años, los congresistas lograron que sus casos fueran investigados por una sala de tres magistrados y juzgados por el resto (antes la investigación y el juzgamiento los hacían los mismos), pero no existe la posibilidad de impugnar las decisiones en su contra. Ese, que es un derecho consagrado por normas internacionales, en Colombia suple actualmente por la garantía que tienen los congresistas de ser investigados y juzgados solo por los más altos dignatarios de la Justicia: los magistrados de la Corte Suprema (ver notas anexas).

La Sala Penal de la Corte también entregaría los juicios en primera instancia contra altos funcionarios que hoy son investigados por el Fiscal General, pero acusados ante ese tribunal. Es el caso de los vicepresidentes de la República, el procurador general, el defensor del pueblo, el contralor general, los gobernadores, generales y fiscales delegados ante las altas cortes, entre otros. En esos procesos, la primera instancia correspondería a la Sala Penal de Tribunal Superior de Bogotá.

En la reunión de ayer entre magistrados, el Gobierno y las cortes, se discutió la posibilidad de que las iniciativas se tramitaran por el 'fast track' de las normas del proceso de paz, pero finalmente se llegó al consenso de que esto no era viable.

Así, cualquier cambio en materia de las funciones de la Sala Penal solo empezaría a operar en el 2018, pues las reformas constitucionales requieren ocho debates en dos periodos legislativos. Ese trámite solo podría completarse a finales del año.

La segunda instancia

La Corte propone que en los casos donde tenga que juzgar en primera instancia (caso de Presidente y Fiscal, por ejemplo), la Sala Penal se divida en dos subsalas: una de seis magistrados, incluido el ponente del caso, para el fallo de primera instancia; y la otra, de tres magistrados, para que resuelva la impugnación de la primera decisión.

Fórmula resolvería 'choque de trenes'

Al resolver una demanda de inconstitucionalidad que pretendía que los condenados por la Corte tuvieran derecho a impugnar sus fallos, la Constitucional tomó varias decisiones claves. Por un lado, blindó todos los procesos fallados por la Sala Penal en el entendido de que habían sido tomados en derecho y con un modelo de procedimiento que daba todas las garantías. Pero también señaló que, para cumplir parámetros internacionales, se debía garantizar en el futuro la doble instancia.

Esto generó una dura reacción en la Suprema, que anunció que era imposible acatar la orden de su par y que esto quedaba en manos del Congreso. Las demandas para pedir doble instancia, casi todas vía tutela, fueron usadas por varios de los condenados por escándalos como el de la ‘yidispolítica’ y las interceptaciones ilegales del DAS para intentar tumbar las sentencias en su contra.

La Corte Constitucional no aceptó esas tutelas, pues desde un primer momento dejó en claro que el cambio debía operar en el futuro. Ahora, la propuesta de la Suprema resuelve esa papa caliente. Pero mientras se tramita, podría caber el escenario de que un condenado por la Corte en los últimos meses exija y obtenga su derecho a la impugnación. ¿Qué pasaría en ese escenario? Es una pregunta que ronda en el Palacio de Justicia desde el año pasado.

Los choques entre cortes tuvieron su más alto pico cuando la Corte Constitucional avaló la tutela contra sentencias.

Juristas consideran que propuesta resuelve garantía de segunda instancia

Expertos consultados por EL TIEMPO coincidieron en afirmar que la propuesta de ceder el protagonismo penal en las investigaciones contra parlamentarios es positiva, viable y además necesaria para garantizar un derecho general de las personas procesadas por cualquier delito: la segunda instancia.

Juan Carlos Esguerra, exministro de Justicia, dijo que es una “propuesta que no descuadernar nuestro sistema de administración de justicia porque puede ponerse en marcha con las instituciones que tenemos”.

El exmagistrado de la Corte Suprema Alfredo Gómez Quintero afirmó también que es práctica, fácil de realizar y además está en sintonía con algo que se ha venido pidiendo hace mucho tiempo.

De la misma forma, Jaime Córdoba Triviño, exvicefiscal y exmagistrado de la Corte, dijo que esta es una de las formas en las cuales se puede cumplir la orden de la Corte Constitucional y brindar garantías. El exministro Alfonso Gómez Méndez resaltó, así mismo, que es una iniciativa presentada por la misma Sala Penal de la Corte.

A pesar de estar de acuerdo, Hermens Darío Lara, presidente de la corporación de jueces y magistrados, ve dificultades desde el punto de vista logístico y hace énfasis en que se le están entregando nuevas competencias a la Rama Judicial, pero sin herramientas.

“Nos parece que es una iniciativa válida, pero que no deja de tener dificultades en su implementación por razones de orden estructural que no le permitirían al Tribunal ejercer la función. Sería necesario generar desde la ley los soportes de orden financiero y económico que permitan soportar la planta de personal desde el tema logístico”.

Francisco José Sintura, exvicefiscal, dice por su parte que darle al Tribunal esa función equipara a los aforados legales con los constitucionales. Y habla de otra opción: “Lo más conveniente es que en la Corte hubiera una sala de primera y otra de segunda instancia”.

Coinciden también en que de fondo está la presión que puedan ejercer los parlamentarios, pues esta propuesta ya se había hecho hace años, pero naufragó con la reforma a la justicia del 2012. “Los senadores dijeron que no se podía permitir, en razón de su estatus, que hubiera una institución inferior a la Corte que los juzgara”, afirmó el exministro Esguerra.

JUSTICIA Y POLÍTICA

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