Nación, a pagar millonaria condena por estudiante asesinado por Esmad

Nación, a pagar millonaria condena por estudiante asesinado por Esmad

El Consejo de Estado condenó a la Nación por hechos ocurridos en septiembre del 2005 en Cali.

Enfrentamientos con el Esmad en marcha de maestros del viernes en Bogotá

Los hechos ocurrieron en septiembre del 2005 en Cali.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

16 de junio 2017 , 03:49 p.m.

Por la muerte de un joven estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Valle y las lesiones causadas a otro estudiante durante una protesta a las afueras de la institución educativa en septiembre del 2005, la Policía deberá pagar 700 millones de pesos de indemnización a sus familias. 

Los hechos fueron consecuencia de un enfrentamiento entre los estudiantes y el Esmad, que ingresó a un lugar donde los jóvenes tenían instalado un campamento. Los miembros del escuadrón agredieron a varias personas, mientras otros jóvenes salieron corriendo perseguidos por miembros del Esmad. Luego se escucharon varios disparos y el joven que resultó herido llegó sin signos vitales a la Fundación Valle del Lili de la capital vallecaucana.

"La Sección tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, precisó que, aunque la actuación del Esmad estuvo precedida de un fin legítimo como era evitar que los estudiantes bloquearan la vía pública, desconoció en el operativo los principios de precaución y proporcionalidad para evitar que se ocasionaran daños a los manifestantes", se lee en el comunicado del alto tribunal. 

Y agrega que hacer parte de una protesta ciudadana no representa "la transgresión  del ordenamiento jurídico", porque las personas tienen derecho a expresar sus disensos. "Las autoridades policivas deben estar preparadas para mantener el orden, pero siempre respetando los derechos más caros a la persona humana, entre ellos el de su dignidad y el espacio de libertad que requiere la protesta misma”, indica la sentencia.

La Sala insistió en su fallo que los miembros del Esmad que pudieron haber participado de los hechos debieron ser investigados, pues pudo haberse configurado una grave violación a los derechos humanos si se probara que se trató de una ejecución arbitraria. Incluso, exhorta a la Fiscalía para que estudie la posibilidad de reabrir la investigación. 

“Los daños provenientes de estas conductas reprochables deben ser conocidos, juzgados y reparados por la jurisdicción ordinaria, antes de someter a las víctimas del conflicto armado a la fatigosa carga de reclamar una condena en los tribunales internacionales, amén de que dicha circunstancia deja mal librada a la administración de justicia colombiana y la muestra ante la comunidad internacional como una instancia carente de eficacia e idoneidad y de legitimidad social”, puntualiza el fallo.

JUSTICIA

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