Condena a nueve funcionarios de la Dian por millonario fraude

Condena a nueve funcionarios de la Dian por millonario fraude

Blahca Becerra, líder de la red, delató a sus fichas en la entidad.

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Blahca Jazmin Becerra, cerebro de la red cayó en 2011 y sus declaraciones permitieron abrir procesos en seis ciudades del país.

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Archivo/EL TIEMPO.

21 de enero 2017 , 07:18 a.m.

A penas de entre 7 y 13 años de prisión fueron condenados nueve funcionarios de la Dian enredados por el testimonio de Blahca Jazmín Becerra, que dirigía una red que perpetró una megaestafa a la Nación con devoluciones de IVA por exportaciones ficticias.

“Cada integrante de la empresa criminal conformaba un eslabón en la cadena de defraudación de la Dian, con roles y responsabilidades específicos que se complementaban entre sí para alcanzar un fin concreto, consistente en la defraudación del erario a cargo de la Dian”, señaló el 45 penal en la sentencia.

En el proceso, la Fiscalía documentó gracias a la declaración de Becerra los roles de cada funcionario en el fraude. Por ejemplo, María Paulina Rubio y Fabio Iván Escobar, del área de radicación y revisión de la Dian, “sistemáticamente faltaron a su deber de verificar que los documentos de las empresas solicitantes cumplieran con los requisitos mínimos para el trámite”.

Así fue el entramado

También fueron condenados Luz Mery Guevara, Alfredo Farias Sepúlveda y Gustavo Vanegas Téllez, asignados a la sección de visitas que se encargaban de ir a las empresas que tramitaban la devolución del impuesto por exportaciones.

“A pesar de que se trataba de empresas fachada (...) los empleados mencionados daban un reporte positivo de visita y de la contabilidad de las supuestas empresas”, se lee en el fallo.

Con ese aval entregado por los funcionarios a las empresas de papel, las cuentas pasaban al revisor Carlos Armando Rodríguez Torres, condenado a 12 años de cárcel por peculado y concierto para delinquir, quien las aprobaba.

Al final de la cadena, dice la condena, estaban Javier Navas Ballesteros y Amparo Barajas García. El primero, asignado a la sección de posdevoluciones y fiscalización, no hacía los cruces de información que habrían permitido detectar las empresas fachada; y la segunda tenía como tarea “mantener informada del trámite interno de las carpetas a la cerebro de la operación fraudulenta: Blahca Jazmín Becerra”.

Asimismo aparece en el entramado Alfonso Viana Cubides, funcionario del grupo de devoluciones, que recibía el dinero que luego era repartido entre los miembros de la red. Incluso a algunos se les pagó con carros.

El juez señaló que los condenados trabajaban en cargos estratégicos y “se valieron de ello para sacar provecho económico defraudando al fisco”. Según la investigación, ellos recibían sobres con uno o dos millones de pesos por cada gestión realizada a favor de las empresas manejadas por Blahca Jazmín Becerra, quien cumple una pena de 17 años de prisión.

Las declaraciones de la condenada permitieron judicializar a James Francisco Arias Vásquez, ‘el zar de la chatarra’, que la contrató como asesora en el 2007 para inventar compras millonarias de cobre y crear un entramado de supuestos proveedores para justificar las falsas exportaciones. Arias Vásquez aceptó cargos y cumple una pena de 10 años de cárcel.

La Fiscalía documentó en la investigación que las operaciones ilegales le generaron un detrimento de $ 11.250 millones.

En el proceso también fue condenado Ómar Leonidas Pisco Velandia, funcionario de la Cámara de Comercio de Bogotá, que facilitó la creación de las empresas fachada que luego eran usadas para pedir la devolución del IVA.

En la sentencia incluso está documentado un episodio el en que el funcionario Fabio Iván Escobar devolvió unas reclamaciones porque no le habían hecho algunos pagos. “Semejante proceder revela el compromiso delictivo adquirido por este servidor con la empresa criminal en procura de facilitarse el acceso a los recursos públicos”, sostuvo el juez del caso.

Al imponer la pena, el funcionario judicial consideró que con el comportamiento de los empleados se afectaron recursos de los colombianos y se envió a los contribuyentes del país un mensaje negativo frente al pago de los impuestos que terminan dilapidados, ello desestimula el pago de los tributos.

JUSTICIA

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