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Cortes

Corte Constitucional tendrá cinco relevos en seis meses

Jorge Ignacio Pretelt, Gabriel Eduardo Mendoza, María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio.

Jorge Ignacio Pretelt, Gabriel Eduardo Mendoza, María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio.

Foto:Archivo particular

Al alto tribunal se prepara para el reemplazo de sus magistrados.

Aunque los ojos del país han estado enfocados en elecciones como la ya realizada de Fiscal General y las que vienen de Defensor y Procurador, otros cinco cargos claves para la justicia están a meses de cambiar de dueño. Son los de igual número de magistrados de la Corte Constitucional y ya empiezan las pujas por lograr un cupo en las ternas de las que saldrán los reemplazos.
Entre febrero y abril del próximo año terminarán su periodo de ocho años la actual presidenta del alto tribunal, María Victoria Calle, y los magistrados Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Ignacio Pretelt. Este último podría irse antes si el Senado decide la próxima semana aprobar la acusación en su contra por el escándalo de Fidupetrol, lo que llevaría a su suspensión inmediata de la magistratura.
Vargas, Palacio y Mendoza terminan el periodo en febrero del 2017, y en abril saldrá Calle y termina el periodo de Pretelt. Fuentes aseguran que, en caso de que Pretelt quede suspendido del cargo, podría reemplazarlo como encargada la exmagistrada auxiliar de la Corte, Catalina Botero.
La actual Corte, con mayoría liberal, sacó adelante fallos como el que les permitió a las parejas del mismo sexo casarse y adoptar niños. En materia minera, defendió la consulta previa de comunidades indígenas y emitió sentencias que suspendieron ambiciosos proyectos de extracción de recursos.
De la mayoría liberal del alto tribunal saldrán Calle, Vargas y Palacio, quienes junto a Alberto Rojas y Gloria Ortiz han derrotado a los demás magistrados en decisiones en las que la tensión iba entre los de espíritu progresista frente a los más conservadores.
César Rodríguez, director de Dejusticia y quien destaca decisiones de la actual Corte que han mantenido la “Constitución ecológica”, velando por los derechos de la salud, de los presos, los desplazados y la justicia transicional, afirma que la renovación de la Corte no implica que vaya a darse un cambio en la tendencia de los fallos. Esto porque “la posición progresista no es de los jueces sino que es la letra y el espíritu de la Constitución del 91, y los magistrados lo que deben hacer es aplicarla”.
Rodríguez dice que la transformación de la Corte puede ser una oportunidad “para reforzar el principio de que a ese alto tribunal solo lleguen personas con altas calidades jurídicas y personales”. Sin embargo, indica que el riesgo es que los encargados de nominar a los nuevos magistrados “vean esto como una especie de oportunidad para influir en la composición de la Corte, de tal manera que primen razones personales de alineación partidista, o cercanía personal con sectores del Gobierno”.
La nueva Corte dependerá de los nominadores para ocupar las sillas que quedan libres. Así, las ternas para reemplazar a Calle y a Pretelt tendrán que ser enviadas por el presidente Santos. La silla de Gabriel Eduardo Mendoza dependerá de la terna que envíe el Consejo de Estado, mientras que la Corte Suprema podrá ternar a los candidatos para ocupar las vacantes de Vargas y Palacio.
El constitucionalista Juan Manuel Charry asegura que en países como Estados Unidos es muy importante la revisión no solo de la hoja de vida, sino de los trabajos académicos y los pronunciamientos de los candidatos a magistrados “para saber cuál es su posición ideológica”.
“Ahora que se van a elegir a cinco magistrados, que va a ser la mayoría de la Corte Constitucional, se debe tener en cuenta este aspecto, pero sin hacerse muchas expectativas porque la Corte tiene líneas jurisprudenciales que si bien pueden cambiarse, quienes lleguen deben respetarlas”.
Juristas afirman, además, que la próxima Corte tendrá un papel preponderante en los acuerdos de paz, pues si gana el ‘Sí’ en el plebiscito podrían revisar eventuales demandas que lleguen contra lo acordado.
JUSTICIA
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