En 20 días, bienes incautados a grupos criminales serían del Estado

En 20 días, bienes incautados a grupos criminales serían del Estado

Hoy, los procesos se demoran años porque, para que avancen, deben notificar a delincuentes prófugos.

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Finca ocupada por la Policía al extraditado narcotraficante Daniel el 'Loco' Barrera. En la reforma se plantea que quienes colaboren con la justicia puedan quedarse con algunas propiedades.

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Archivo / EL TIEMPO

03 de noviembre 2016 , 08:01 p.m.

La reforma del Código de Extinción de Dominio, radicada por la Fiscalía y los ministerios de Justicia y Hacienda esta semana, incluye una herramienta que apunta a revolucionar la lucha contra los bienes de las mafias. (Lea también: Al 'clan Úsuga' le han incautado medio billón de pesos en bienes)

El proyecto, que debe ser aprobado por el Congreso por mayorías calificadas (es una ley estatutaria), establece que si 20 días después de ocupados los bienes de organizaciones criminales sus dueños no han aparecido para hacerle frente al proceso, el Estado se quedará con ellos.

Hoy, el Estado tiene que cumplir con todos los ritos procesales para tratar de notificar de los procesos de extinción de dominio a delincuentes tan reconocidos como ‘Otoniel’, cabeza del ‘clan Úsuga’. Por eso los procesos se demoran años.

La reforma plantea que “cuando existan elementos de juicio que indiquen que los bienes perseguidos en extinción de dominio se encuentran estrechamente asociados a grupos delictivos organizados se presume su origen y destinación en la actividad ilícita”, con lo que la Fiscalía podrá pedir al juez de extinción que dicte sentencia en un tiempo récord de 20 días.

La iniciativa busca agilizar los trámites para resolver la situación de bienes y propiedades por cerca de 4 billones de pesos.

El término se detendrá si el afectado se presenta a defenderse en el proceso de extinción, lo que, según fuentes de la Fiscalía, es altamente improbable, pues los implicados resultan ser los jefes de redes criminales, todos prófugos de la justicia.

Esa modificación, dice la iniciativa, regirá “para la persecución de los bienes de grupos delictivos organizados que se encuentren en alguna de las causales de extinción”, a excepción de los beneficiados de la Ley de Justicia y Paz, que están destinados a reparar a las víctimas de los ‘paras’.

Beneficios por colaborar

El proyecto, que es la segunda gran cirugía de la extinción de dominio en apenas dos años, mantiene los beneficios por colaboración para quienes se acojan a sentencia anticipada o denuncien bienes comprados ilegalmente, e incrementa la posibilidad de maniobra de la Fiscalía para llegar a acuerdos de cooperación.

La idea es incrementar ese tipo de negociaciones, pues aunque se incluyeron beneficios en la reforma del 2014, solo dos personas se acogieron a ellos. Una de ellas, el ‘zar de la chatarra’, James Francisco Arias Vásquez, quien se quedó con el 3 por ciento del dinero que consiguió ilegalmente.

La norma anterior establecía un beneficio de hasta el 3 por ciento por sentencia anticipada y una cifra similar por colaboración eficaz en la lucha contra el crimen. Ahora se propone que quien negocie tenga la opción de quedarse con la titularidad de algunos de los bienes cuyo valor no supere los 2.500 salarios mínimos. (Además: Solo se conoce el 26 por ciento de bienes incautados)

“La implementación de esta nueva herramienta (...) permitiría que aumentaran de manera notable las solicitudes de colaboración eficaz con la justicia tratándose de la delación de organizaciones criminales con múltiples bienes producto de la actividad ilícita, con la contraprestación de permitir al afectado conservar algunos bienes”, se lee en la exposición de motivos enviada al Congreso.

El proyecto busca además solucionar el problema con la administración de los bienes que han sido objeto de extinción y cuyos malos manejos llevaron a la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Se propone acudir a la enajenación (venta) temprana de los bienes. Con esa figura, argumenta el Ejecutivo, “se le quita al Estado el problema de administrar tantos bienes y de diferentes naturalezas. También se elimina la posibilidad de que existan escenarios y contextos de corrupción en la administración de los bienes y, por último, permite tener acceso de manera muy rápida a recursos líquidos que son destinados contra el crimen”.

En caso de que el proceso sea fallado a favor de los investigados, el Estado tendría que devolver el valor neto de su bien, más el producido de este.

JUSTICIAjusticia@eltiempo.com

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