Corte Constitucional da beneficios a 80 mil madres comunitarias

Corte Constitucional da beneficios a 80 mil madres comunitarias

Fallo asegura que sí hubo un vínculo laboral que implica reconocimiento de pensión y prestaciones.

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En abril pasado al menos 7.000 madres comunitarias iniciaron protestas en todo el país.

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Archivo EL TIEMPO

31 de agosto 2016 , 10:54 p.m.

El pleito que al menos 106 madres comunitarias de Pasto, Medellín y Cali iniciaron contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que les reconocieran los aportes pensionales terminó hace dos días cuando la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno el pago de esos derechos laborales.

El fallo, que aplica para todas las mujeres que estén en la misma situación, podría extenderse a mínimo 80.000 madres comunitarias que han pasado por el ICBF antes del 2014, fecha en la que se formalizó su situación laboral.

Estas mujeres, en general de escasos recursos, se encargan de instalar guarderías en sus viviendas para cuidar a los niños de familias que deben trabajar.

Aunque el ICBF está esperando recibir la sentencia para pronunciarse, fuentes aseguran que el Gobierno ya está haciendo cálculos de los millonarios costos que tendría que asumir. El costo anual de una madre con prestaciones sociales es de 17 millones de pesos a precios del 2016.

Al estudiar tres tutelas que unían los casos de las madres comunitarias –sector que ha realizado varios paros en el último año alegando inseguridad laboral–, la Corte Constitucional dijo que el no pago de las pensiones y demás acreencias laborales les estaba “vulnerando sus derechos a la igualdad, la seguridad social, la dignidad humana, el mínimo vital y al trabajo”.

Según Juan Pablo Mantilla, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolescentes del Sistema de Bienestar Familiar, el ICBF se negaba a pagarles esos derechos laborales argumentando que el servicio que prestaban era voluntario “por lo que las obligaciones recaían en los operadores con las que mantenían el contrato”.

La sentencia reconoce que a pesar de que el servicio sea tercerizado, en la relación laboral entre las madres comunitarias y el ICBF hay un “contrato de realidad”, por el que se deben pagar las prestaciones.

El ponente del fallo es el magistrado Alberto Rojas Ríos, pero la sentencia aún no ha sido publicada porque faltan las firmas de María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas, quienes conforman la sala que revisó el caso, lo que podría implicar cambios en el texto.

El fallo le da al ICBF un plazo de un mes, contado a partir de la notificación de la sentencia, para que “adelante el correspondiente trámite administrativo para que reconozca y pague a nombre de cada una de las accionantes de esta tutela, los aportes parafiscales en pensiones causados y dejados de pagar”. También se ordena los pagos de salarios, prestaciones sociales “con base en el salario mínimo mensual legal vigente de cada año”.

El fallo indica que la Procuraduría debe asesorar a las mujeres afectadas.

JUSTICIA

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