Cinco nuevas capturas por cartel de la hemofilia en Córdoba

Cinco nuevas capturas por cartel de la hemofilia en Córdoba

Más de 50.000 millones de pesos fueron desviados del sector salud

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10 de diciembre 2016 , 01:38 p.m.

 La Fiscalía General dio captura a cinco personas, entre ellas dos exsecretarios, sindicadas de integrar el llamado cartel de la hemofilia que se dedicó en el departamento de Córdoba a desviar recursos para atender a pacientes con esta enfermedad que nunca existieron.

Los capturados son Edwin Preciado Lorduy de profesión médico, quien según la investigación en mayo del 2015 cuando se desempeñaba como secretario de la Secretaria de Desarrollo y Salud del departamento facilitó desvió de recursos. Juan David Nader Chejene, médico. Alfredo Ignacio Ceballos Blanco, quien se desempeña en la actualidad como coordinador del Programa Ampliado de Inmunización PAI de la secretaria de Salud de Córdoba. Adalberto Rafael Carrascal Barón, médico cirujano y Guillermo José Pérez Ardila, quien para la época del desfalco se desempeñaba como representante legal de la IPS Unidos por su bienestar.

“La investigación señala que estas cinco personas presuntamente actuaron mancomunadamente para obtener el resultado final, que no era otro que apropiarse de recursos públicos del Estado”, advierte la Fiscalía, por lo que se les sindica de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y concierto para delinquir.

En Córdoba desde el año 2013 al 2015 se duplicaron los casos de pacientes con hemofilia, una enfermedad de alto costo que genera dificultades para que la sangre se coagule y por la que se podría morir por una hemorragia.

La prestadora de salud (IPS) –Unidos por su Bienestar, creada en el año 2013– le pasó facturas por más de 17.000 millones de pesos a la Gobernación de Córdoba por los medicamentos especializados que supuestamente les dio.
Un año después los pacientes en Córdoba con hemofilia ya eran 81, casi el doble, y por ellos Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana, otra IPS, cobraron 18.000 millones de pesos. La Contraloría detecto los sobrecostos y dio inicio a una investigación que permitió detectar el hurto sistemático al sistema de salud a Córdoba y paso la información a la Fiscalía.

JUSTICIA

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