Corte realiza audiencia pública por demanda contra el 'fast track'

Corte realiza audiencia pública por demanda contra el 'fast track'

El demandante es el senador del Centro Democrático, Iván Duque.  Dice que sustituye Constitución.   

Iván Duque en la Corte Constitucional

El senador Iván Duque presentó su demanda contra la ley que avaló el 'fast track'.

Foto:

Corte Constitucional

06 de abril 2017 , 12:39 p.m.

En la Corte Constitucional se desarrolla este jueves una audiencia pública en medio de la demanda que el senador Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático en general presentaron contra el Acto Legislativo para la Paz que le dio vía libre al 'fast track'.

Esta demanda pretende tumbar la vía rápida que se creó en el Congreso para tramitar las leyes para implementar los acuerdos de paz con las Farc, así como las facultades extraordinarias que se le dieron al presidente Juan Manuel Santos para emitir decretos con fuerza de ley. 

La demanda, que fue acompañada con más de un millón de firmas de ciudadanos, también se dio contra el artículo quinto de esa ley que indicó que el 'fast track' solo podía activarse si los acuerdos eran acogidos por la mayoría del pueblo en un plebiscito.

La diligencia comenzó con la intervención del senador Iván Duque, el demandante. Afirmó que lo que busca es defender la Constitución. "El Acto Legislativo para la Paz sustituye la Constitución, amenaza gravemente el equilibrio de poderes, doblega el principio del control constitucional y va en contra del principio de rigidez", dijo.

Para Duque la construcción de la paz no está por fuera del orden constitucional y la Fuerza Pública debe ser la que debe velar por la seguridad.

Afirma que la posibilidad de negociar con grupos armados está limitada por la Constitución. "Con este acuerdo se ha relativizado la justicia", dijo Duque. Esto porque, a su juicio, toda grave violación a los derechos humanos merece una pena de prisión.

Dijo que la Justicia Especial para la Paz limita las competencias de la Corte Suprema y de la tutela. "Aquí lo importante es que bajo ninguna circunstancia ningún grupo armado ilegal puede elevarse a la posición de constituyente e imponer un mandato que no ha sido legitimado en las urnas".

Para Duque "es muy grave" que el acuerdo se haya convertido "en un referente de interpretación de derechos fundamentales".

Para sustentar que el 'fast track' sustituye la Constitución, Duque afirma que el poder de reforma que tiene el Congreso y que aplicó en esa ley termina cambiando la Carta del 91. Dice que, al permitirse que se bajaran de 8 a 4 los debates en el Congreso para aprobar leyes de paz, se disminuye la rigidez que tiene la Constitución. 

También dijo que se afecta el equilibrio de poderes porque la Constitución dice que el Congreso, una asamblea constituyente o un referendo son las únicas formas para reformar la carta magna. Sin embargo, dice que el Acto Legislativo para la Paz indica que el Congreso sólo podrá legislar sobre lo que promueva el Gobierno, sin hacer modificaciones: "se está buscando el sometimiento de una atribución propia del Congreso como representante del pueblo para que las reformas constitucionales puedan ser incididas por el Ejecutivo". 

Yo no creo que eso sea construir la paz. Esa atipicidad muestra que por la vía de las armas se puede cambiar la Constitución

También criticó que, según la ley, sólo podrá existir un control único y posterior de parte de la Corte Constitucional a las leyes que se tramiten con el 'fast track', sin que los ciudadanos puedan interponer demandas sobre esas normas.

"Yo no creo que eso sea construir la paz. Esa atipicidad muestra que por la vía de las armas se puede cambiar la Constitución, inclusive con el rechazo popular", dijo Duque.

Sobre las facultades extraordinarias de Santos, afirmó que estas pueden ser empleadas para referirse a cualquier tema de la implementación de los acuerdos, lo que podría revivir "el principio de Estado de sitio". También dijo que se están comprometiendo las inversiones por 20 años para financiar la paz. "¿Cuánto vale la implementación de los acuerdos? ¿Ha sido compartido eso a los colombianos? No existe esa información, magistrados", cuestionó Duque. El senador dice que aunque la oposición pidió que los acuerdos estuvieran sujetos a la posibilidad de los recursos, esto no se hizo.

El quinto artículo de esa norma condicionaba la implementación del fast track a la refrendación popular. Según Duque ese plebiscito fue inequitativo porque se bajó el umbral y no hubo igualdad de recursos para las campañas. "Pero aún así salimos a las calles", dijo.

Duque agregó que aunque en principio se había dicho que el acuerdo sería refrendado popularmente, se mantuvo esa línea "hasta que un día dijo que esto sería un suicidio político". Asegura que por eso se procedió a un elemento más fácil que era un "plebiscito, modificando el umbral por única vez". 

Cuestionó que aunque la oposición acudió a esa convocatoria y ganó, "resultó después que el condicionamiento había cambiado. Que se podía hacer un acuerdo nuevo, en lo cosmético, después de haber escuchado a los voceros del no". Según Duque ese nuevo acuerdo fue cosmético porque en escencia era el mismo acuerdo, y luego se cambió la forma de refrendación popular para que lo hiciera el mismo Congreso. 

Finalmente cuestionó que no se haya excluido como conexo al delito político el narcotráfico, que la sustitución de cultivos sea voluntaria y que "no haya persecución penal contra los cultivadores de droga".

Gobierno defiende ley de vía rápida para la paz 

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, aseguró que la firma del Acuerdo de Paz no es el fin del proceso sino el comienzo y resaltó lo que se ha conseguido después de llegar a ese acuerdo con las guerrilla de las Farc. 

Dijo que este acto legislativo trae una serie de garantías para poder implementar el acuerdo de paz y facilitar la transición de la guerrilla. Dice que el 'fast track' busca garantizar la fidelidad del acuerdo con las normas que se están desarrollando. "Cuando un Gobierno negocio con un tercero, pues ese tercero no va a aceptar que se le cambien los términos de lo que acordó", dijo Jaramillo. 

El funcionario aseguró que se buscaba garantizar un espacio de deliberación en el Congreso y por eso "el Acto Legislativo para la Paz dice que las propuestas se deben ajustar al acuerdo". 

Además, aseguró que en este caso se busca la celeridad, esto porque la guerrilla busca tener un partido político. "Eso requiere una reforma constitucional, pero si en condiciones ordinarias tendríamos que esperar un año para que se de esa reforma, pues realmente la posibilidad de que la guerrilla en el territorio aguante un año esperando a ver cómo sale esa discusión, es remota", dijo Jaramillo. 

También dijo que en estos procesos existen riesgos: "Si uno mira las estadísticas internacionales tiene que ser consciente de que los riesgos son grandes. Hay estudios muestran que la mitad de procesos de paz han fracasado después de la firma del acuerdo". 

Habló que en el sur del Guaviare hay una "pequeña decisión de las Farc que decidió salirse del proceso y dedicarse a los cultivos de coca". Contó que esa disidencia les está enviando mensajes a miembros de las Farc para que se salgan del proceso de paz. 

"Lo que tenemos que hacer es darles elementos a esa gente, no solo a los miembros del Secretariado, sino que todas las Farc entienda que el Gobierno está cumpliendo y que lo mejor que puede hacer es avanzar con el proceso", dijo Jaramillo. 

También dijo que los planes de desarrollo de los próximos años deben incluir un presupuesto para desarrollar los acuerdos. "Es la mayor garantía de que se va a poder cumplir lo que dicen los acuerdos en los territorios", añadió. 

Finalmente, Jaramillo dijo que la participación atraviesa todos los acuerdos. También dijo que si bien en La Habana se estableció el qué, "la forma en la que se van a implementar esos acuerdos requiere de la participación de la ciudadanía, empresarios, víctimas y de las mismas Farc". 

A su turno el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el debate que propuso Duque sobre cuántas armas se han entregado o no, o cómo se debió haber hecho el acuerdo "es un debate que ya está superado". 

También cuestionó que no es posible firmar un acuerdo para que luego llegue al Congreso y sea modificado. "Se necesitaba un mecanismo extraordinario y excepcional que no solamente garantice fidelidad, sino que también garantice celeridad y los dos son elementos absolutamente esenciales para que la paz sea exitosa en Colombia", dijo Cristo. 

El ministro también dijo que si no hay un procedimiento legislativo especial, como el que se creó en el Acto Legislativo, en cinco años el Congreso podría seguir debatiendo las normas para cumplir ese acuerdo. 

Agregó que en este caso existió una diferencia insuperable entre los líderes del No y del Sí, y una de ellas es que la oposición no reconocía que había un conflicto armado. "Ahí está el fondo de ese problema. Este no es un proceso simple y sencillamente de sometimiento a la justicia y de desarme por parte de las Farc. Va mucho más allá y busca cambiar el statu quo en Colombia y hacer las transformaciones sociales y políticas que no se han hecho en el país para garantizar una paz estable y duradera", dijo Cristo. 

¿En qué se le incumplió al 'no'? 

Al ser consultado por uno de los magistrados sobre qué propuestas del 'No' no fueron tenidas en cuenta en el nuevo acuerdo, Iván Duque dijo que uno de ellos era el de la elegibilidad política. 

Duque dijo que se propuso que no fuera inmediata y que fuera después de cumplida la pena "porque institucionaliza factores de impunidad". 

También dijo Duque que, se exigía reclusión y penas efectivas, así no se tratara de cárceles convencionales, como comunidades agrícolas. "Si hoy un máximo responsable de crímenes de lesa humanidad dice la verdad, no tendrá cárcel, lo que seguramente será cuestionado por la Corte Penal Internacional". 

También dijo que la oposición propuso que se dejara claro que el narcotráfico no podía ser un delito conexo a los políticos. 

Procurador dice que Congreso mantiene sus competencias 

El Procurador Fernando Carrillo dijo que el 'fast track' no anula las facultades deliberativas del Congreso. Dice que si bien la competencia del Congreso se reduce a aprobar o a improbar, eso no implica que se anule su poder legislativo.

Carrillo afirma que el Congreso conserva las competencias de debatir las iniciativas para establecer si son o no convenientes. "El debate es una faceta autónoma del proceso legislativo, y no es equiparable con la posibilidad de enmienda de los proyectos". 

Carrillo también dijo que hay proyectos, incluso en el procedimiento ordinario, en los que el Congreso está limitado como los que vienen de iniciativa del Gobierno o de iniciativa popular. 

Dice que en el caso de reformas constitucionales la Constitución dice que el Congreso puede modificar los proyectos presentados por el Ejecutivo, pero al respecto Carrillo dijo que en este caso se trata de un proceso especial, que tiene una naturaleza temporal y cuya finalidad es lograr una paz estable y duradera. 

"El órgano representativo sigue contando con todas las herramientas en materia deliberativa", aseguró. 

Además, afirmó que el Congreso no sólo puede debatir la conveniencia de los proyectos del 'fast track' también "conserva la plena capacidad para negarlos". Dice que su poder no sólo es de veto, sino que también es un "verdadero poder de aprobación". "El procedimiento en nada inhibe al Congreso para que rechace proyectos inconvenientes o inconstitucionales". 

El Procurador también dice que el Congreso podrá modificar los proyectos o tramitar nuevos a través de los trámites ordinarios. 

Sobre la revisión de las leyes y normas tramitadas por el 'fast track', Carrillo dice que es posible exigirle a la Corte Constitucional que realice todos los eventuales juicios de sustitución de la carta del 91. 

Así, dice que no es necesario declarar inexequible los artículos que hablan de un control único y posterior por parte de la Corte, como lo había pedido la anterior Procuraduría. 

También dijo que sobre el presupuesto para desarrollar el Acuerdo de Paz, se decretó expresamente la imposibilidad de crear nuevos impuestos a través de los decretos con fuerza de ley que puede emitir el presidente. "Los decretos con fuerza de ley resultan inhábiles para establecer tributos o modificar el presupuesto de rentas", dijo Carrillo. 

JUSTICIA

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA