Puja entre Gobierno y sectores agrícolas por la ley Zidres

Puja entre Gobierno y sectores agrícolas por la ley Zidres

Mininterior defendió esa norma, pero organizaciones campesinas afirman que les resta autonomía.

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La ley Zidres buscó la asociación de pequeños, medianos y grandes productores.

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Bloomberg

15 de septiembre 2016 , 10:15 p.m.

En medio de la revisión que la Corte Constitucional realiza de una demanda contra la ley que creó las zonas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), este jueves se realiza una audiencia pública en el alto tribunal en la que se escucha al Gobierno, a los congresistas que demandaron la norma, a los que la avalaron en el legislativo y a diferentes organizaciones de justicia y grupos étnicos.

Al inicio de la audiencia, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo aseguró que lo que el Gobierno buscó con esta ley fue "desarrollar el concepto de asociatividad del campo”. Así, agregó que “sí es posible que en el campo haya espacio para pequeños, medianos y grandes capitales para explotar adecuadamente las tierras". (Centro de estudios jurídicos pide a la Corte tumbar la ley de Zidres).

Según Cristo, en el desarrollo de esta ley “se tomaron las precauciones para garantizar la vida digna de los campesinos con el fin de que el sector agropecuario contribuya al desarrollo, la superación de la pobreza, el desarrollo sostenible de las regiones y la seguridad alimentaria”.

Cristo también dijo que esta norma no vulnera ni modifica la competencia de los concejos municipales, como aseguran los demandantes. Además, dijo que no es cierto el argumento de la demanda en el sentido en que la ley vulneró la consulta previa. “Se desconoce que la promoción de proyectos productivos en la Zidres es voluntaria y se hará cuando las personas decidan adelantarlos”, dijo.

“Esta ley no afecta a comunidad indígena, étnica o afrodescendiente en particular ni modifica el derecho a la consulta previa. Se sacó a los territorios indígenas y afro de esta norma”, dijo Cristo.

También asegura que si bien la ley permite la explotación de bienes de la Nación "no entrega la propiedad de los mismos, ni modifica la forma en la que hoy se administran los baldíos".

Finalmente, Cristo afirmó que la ley Zidres complementa el primer punto del acuerdo de paz con las Farc en La Habana sobre el desarrollo rural y agropecuario.

El viceministro de Agricultura, Juan Pablo Pineda Azurero, afirmó que la ley zidres “es una oportunidad de oro para el campo”, y reiteró en que la norma no “va a atropellar a nadie ni se la va a imponer nada al campesino”.

Aseguró que es una oportunidad para el país porque en el 2050 el mundo necesitará 100 millones de hectáreas productivas para alimentar a la población. Dijo que Colombia, excluyendo las áreas de negritudes, reserva campesina, étnicas y las protegidas, tiene 26 millones de hectáreas disponibles para este fin pero hoy sólo “aprovechamos 7.1 millones”.

Sin embargo, dijo que hoy “los suelos agrícolas no se cultivan. Estamos sembrando cercas”. También aseguró que con la Ley Zidres no se está permitiendo la acumulación de baldíos. También invitó a los demandantes a cambiar el discurso de clases sociales. "Ese discurso de clases sociales es el que nos tiene mal y hay que empezar a decir que todos cabemos en este país”.

Procuraduría apoya la norma

A su turno, la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda aseguró que la ley Zidres coincide con los objetivos de la Constitución, y dijo que es garantista porque le exige la vinculación como asociados al pequeño o al mediano productor en los proyectos que contemplan la entrega de baldíos. 

También afirmó que con la Zidres "se beneficiarán los entes territoriales en términos de mejoramiento de infraestructura, integración a mercados nacional e internacionales y aumento de competitividad".

“Este es un proyecto tramitado para el engaño”: Robledo

El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, aseguró que no está en contra de la producción empresarial, “ni contra desarrollar la altillanura, ni contra el derecho a asociarse, siempre y cuando se trate de buenas asociaciones y no de zorras con gallinas".

Sin embargo, dijo que la Ley Zidres está cargada "de una retórica anticampesina, y contra los pequeños y medianos empresarios".

Según Robledo, en el trámite del proyecto “ocultaron que esto busca entregarles tierras a magnates transnacionales y extranjeros. Ocultaron que es una norma de ordenamiento territorial, lo que le da una dosis de inconstitucionalidad”.

Robledo también dijo que en este caso ya hay una cosa juzgada pues un artículado muy parecido se aprobó en el Plan de Desarrollo del 2010, que fue demandado, y que fue tumbado por la Corte Constitucional.

Afirma que el artículo 13 de la norma “despoja a los campesinos de los baldíos para entregárselos a los magnates”. Esto porque permite que se les “entreguen a los magnates nacionales y extranjeros en cualquier número de hectáreas, por encima de la Uiaf, las tierras baldías del Estado”.

Robledo dice que si bien la ley dice que no es traslaticia de dominio, el efecto práctico es que sí resulta teniendo ese efecto porque a los grandes emrpesarios se les darán "contratos de arrendamiento por 20 a 30 años, renovables a perpetuidad. Al magnate le van a entregar unas tierras con las que se va a quedar toda la vida", dijo. 

La siguiente en intervenir fue la abogada de la Universidad del Rosario, Rocío del Pilar Peña Huertas, quien afirmó que la ley zidres viola el bloque de constitucionalidad porque omite la consulta previa a comunidades étnicas que se van a ver afectadas. “La legislación que pretende transformar las relaciones entre habitantes, campesinos, afecta a las comunidades étnicas particularmente en lo que tiene que ver con su territorio”, dijo.

Afirmó que la Zidres "niega la presencia de comunidades étnicas en territorios que efectivamente son asociaciones indígenas”.

El senador Alberto Castilla Salazar, quien también presentó una demanda contra la ley, asegura que en este caso "la Corte enfrenta el estudio de un nuevo modelo económico y de los límites que la Constitución le impone al legislador al momento de diseñarlo, a pesar de decirse que tenemos una constitución neutra en materia económica”.

Aseguró que en este caso, el derecho debe ser el que marque el límite de las políticas que pueden afectar "de manera profunda e irreversible los derechos fundamentales". Finalmente aseguró que, contrario a lo que dijo el ministro Cristo,  "existe una contradicción política y normativa entre el modelo de la Zidres y el acuerdo final para terminar el conflicto. La Zidres impide la garantía del derecho de justicia social", aseguró. 

Por su parte, Jennifer Mojica, representante de la Comisión Colombiana de Juristas, afirmó que "no hay ningún elemento en la Zidres que realmente implique una redistribución de tierras" ni del reparto de utlidades y subsidios para la población campesina.

 JUSTICIA

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