Participación en política de Farc costará $ 39.688 millones en el 2018

Participación en política de Farc costará $ 39.688 millones en el 2018

En la Corte Constitucional se escuchan las diferentes voces sobre el Acto Legislativo 03 del 2017.

Corte Constitucional

En este proceso están impedidos la magistrada Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo.

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Corte Constitucional.

23 de agosto 2017 , 04:52 p.m.

La Corte Constitucional realiza este miércoles una audiencia pública donde se debate la posibilidad de que las Farc participen en política y se escuchan las diferentes voces sobre el Acto Legislativo 03 del 2017, del Acuerdo de Paz.

Esa reforma estableció que, una vez culmine la dejación de armas, se le reconocerá el derecho de personería jurídica al movimiento político que conforme la guerrilla y le da otras herramientas para financiar su partido y sus campañas políticas a la Presidencia y al Congreso. También establece que las Farc pueden tener cinco curules para el Senado y cinco para la Cámara. 

Además, se informa que hasta el 19 de julio del 2026 ese movimiento recibirá anualmente una suma equivalente al promedio de lo que reciben los demás partidos.

Igualmente, para contribuir a la financiación del Centro de Pensamiento y Formación Política del partido y a la difusión de su agenda programática recibirán hasta el 2022 una suma equivalente al 7 por ciento anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y se financiará la campaña política de sus candidatos a Presidencia y al Senado en el 2018 y el 2022.

Desde las 8:00 a. m. de este miércoles, en el alto tribunal intervendrán el Gobierno, la Misión Electoral Especial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Transparencia por Colombia, congresistas, organizaciones de víctimas, exconstituyentes, exmagistrados, entre otras partes.

Gobierno defiende la participación en política

El primero en intervenir en la Corte Constitucional fue el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien defendió el acto legislativo que permite la participación política de las Farc y aseguró que esta es la razón de ser del proceso de paz.

Afirmó que el carácter de ese acto legislativo es transitorio y excepcional, y busca "asegurar el tránsito del conflicto a la paz". 

El alto funcionario también dijo que "la reintegración política se ha considerado como la base fundante y estructural de los procesos de paz con grupos al margen de la ley, ya que solo a través de estas medidas se asegura atacar la raíz del conflicto y permite a los grupos en confrontación, en un marco democrático y legal, ser parte de los procesos de decisión pública". 

El ministro aseguró que el nuevo partido de las Farc debe seguir las reglas que ya están en la Constitución y que las reglas especiales solo serán para obtener la personería jurídica y para su participación, pero que tendrá que mantener los principios de la Carta Política. 

Rivera también dijo que debe haber un delegado de este partido en el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque el diseño de ese organismo prevé que tenga una conformación plural, y lo lógico es que los partidos tengan la posibilidad de participar en este. "Lo harán con voz, pero no con voto, lo que es una regla de pluralismo, equitativa y perfectamente defendible desde el punto de vista constitucional", aseguró el ministro. 

El ministro también aseguró que el Acto Legislativo que está estudiando la Corte no crea privilegios ni genera un desequilibrio frente a las otras organizaciones políticas. 
"La única manera de otorgarle personería jurídica sería bajo unas condiciones especiales”, dijo. 

Afirmó que si no se les elimina el umbral del 3 por ciento frente al censo electoral, no podrían participar en las elecciones del 2018. "Era necesario establecer esa condición especial en la Constitución y ello no es ni un privilegio ni atenta contra las otras organizaciones políticas en cuanto a sus derechos". 

Rivera también dijo que las cinco curules para Senado y las cinco para Cámara que se les darán a las Farc no afecta a los otros partidos porque son adicionales, y no se descontarán de las que ya existen. 

'Solo una de las sanciones permite hacer política': Rivera

El ministro Rivera también recalcó que la Justicia Especial para la Paz (JEP) trajo tres tipos de sanciones. Las primeras, que son sanciones propias, traen restricciones de la libertad y ordenan tareas de restauración. 

"Esas sanciones propias podrán ser impuestas en la medida en que en el ingreso a la JEP las personas que comparezcan a la misma reconozcan verdad plena.
Yo diría que solo ellos podrían participar en política, porque solo tendrían restricciones de libertad, no privaciones efectivas", afirmó. 

El segundo tipo de sanciones son las que vienen con el reconocimiento tardío, porque no se hizo antes del juicio, sino después de ser acusados. Allí habría una privación efectiva de la libertad de entre 5 y 8 años, "y quien esté privado de la libertad no podrá ser candidato ni podrá participar en un debate electoral". 

Finalmente, explicó que las últimas sanciones son las de carácter ordinario y van para quienes nunca reconozcan ni verdad ni responsabilidad, "con una sanción de hasta 20 años de privación efectiva, por lo que tampoco podrían hacer política". 

'Ya se pidieron 3.600 millones para el partido de las Farc': CNE

Alexander Vega Rocha, presidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que el reconocimiento de la personería jurídica durante ocho años al partido de las Farc busca su reincorporación a la vida civil, por lo que está de acuerdo con este punto. 

"En el momento en que se conviertan en partido, no pueden continuar sus actividades ilícitas. Se les da el reconocimiento, pero las Farc deben ser claras en que tendrán ocho años de personería y deben cumplir las mismas reglas de juego de todos los partidos", dijo.

Vega también dijo que ese partido sí puede tener personería jurídica sin pasar por el umbral, ya que existe un antecedente en el que se permitió esa situación, y fue el de la Unión Patriótica. 

Vega también aseguró que se debe certificar no solo la dejación de armas, sino también las caletas, lo que a su juicio la Corte Constitucional debe dejar claro. 

El presidente también aseguró que ya se le solicitó al Ministerio de Hacienda el presupuesto de 3.600 milllones de pesos para el partido político que creen las Farc: 1.800 millones para su funcionamiento y otros 1.800 millones para el Centro de Pensamiento Político.  

Sobre esa asignación de presupuesto dijo que a los otros 13 partidos políticos que existen en el país solo se les asignan gastos de funcionamiento. "Acá a las Farc se les está dando una prerrogativa con un dinero adicional por su estudio de pensamiento. Si se les da igualdad en su participación, se debe estudiar si los demás partidos políticos también tendrían derecho a ese rubro. Hay un reclamo justificado porque ningún otro partido político en Colombia tiene tal asignación", dijo. 

Vega se apartó de la posición del Gobierno en cuanto a la asignación de un vocero de las Farc en el CNE. Dijo que darle la posibilidad de tener un magistrado por ocho años en este no resulta equilibrado respecto a los demás colectivos políticos, porque una vez termine este periodo las Farc ya tendrán curules en el Congreso, lo que les permitirá elegir a un magistrado por un proceso democrático, como sucede con los demás partidos. 

¿Cuánto cuesta el partido de las Farc?

El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango, afirmó que financiar el partido de las Farc, más sus campañas políticas y las 10 curules en Senado y Congreso, costará 39.688 millones de pesos en el 2018.

El viceministro dijo que el costo hasta el 2026, hasta cuando va la financiación de la mayoría de programas para la participación en política de las Farc, sería en total de 239.490 millones de pesos. 

Desglosando esos costos, los gastos adicionales fijos para el 2018 serán de 13.411 millones de pesos, que es el 0,007 por ciento del presupuesto general de la Nación. Y los gastos contingentes (dependen de que logren o no el umbral) serían de 26.277 millones de pesos, que es un 0,013 por ciento del presupuesto general. Así, en total costaría en el 2018 unos 39.688 millones de pesos. 

El viceministro dijo que en el 2018 el Centro de Pensamiento de las Farc costaría 3.080 millones de pesos. 

Las cinco curules adicionales en el Senado cuestan 1.500 millones de pesos cada una (el salario del miembro del Congreso más su UTL), lo que implica que en total serían 7.580 millones de pesos. Ese mismo valor costarían las cinco curules en la Cámara. 

¿Las 10 curules para las Farc son desproporcionadas? 

Nicolás Farfán Ñamén, director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional, aseguró que las curules que se les están dando a las Farc "no son desproporcionadas frente al número total que conforma el Congreso".

Farfán explicó que las cinco curules que se les asignarán en el Senado representan el
4,8 por ciento del total, 
pues el Senado tiene 100 curules ordinarias, dos de circunscripción indígena, y con el Acto Legislativo se le dará una curul más que ocupará el candidato no elegido que obtenga la segunda mayor votación a la presidencia de la República.

En el caso de la Cámara, el porcentaje es menor pues las cinco curules para las Farc con el 2,99 por ciento de las que tiene ese organismo. La Cámara tiene 161 curules territoriales, cinco especiales y con el Acto Legislativo también se creó una adicional que ocupará el candidato a la vicepresidencia de la segunda mayor votación que no resulte elegido.

"Se muestra proporcional en la medida en que es una disposición transitoria, que solo tendrán vigencia en dos periodos constitucionales”, dijo Farfán.

'Se les están dando más privilegios que a ningún otro partido': ex alto comisionado

Camilo Gómez Alzate, ex alto comisionado de Paz, afirmó que la ley le está otorgando a las Farc más privilegios que a cualquier partido político. Dijo que en este caso "las víctimas han sido los colombianos y los victimarios han sido las Farc, y ese principio debe constituir este análisis", afirmó. 

Gómez dijo que el M-19 nunca tuvo los beneficios que han tenido en política las Farc y que aunque de tiempo atrás se ha reconocido el carácter político a esta guerrilla, "el derecho a la paz se debilita cuando se permiten privilegios únicos a los cuales nadie más tiene la posibilidad de acceder". 

El ex alto comisionado de paz cuestionó el numeral quinto del Acto Legislativo, pues dijo que llevaría a que la Constitución de Colombia sería la única que permitiría que "criminales hagan política sin haber sido juzgados", lo que a su juicio sustituye la Constitución. 

Afirmó que esto resultaría contraproducente para las víctimas, pues tendrían que ver a sus victimarios dictando las leyes sin haber sido juzgados. "Qué pasaría si 'Timochenko' o Iván Márquez son elegidos con la manifestación de someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que no cuentan todos sus vínculos con el narcotráfico", cuestionó Gómez. 

"El hecho de que un criminal de guerra pueda ser presidente de Colomiba no tiene sentido. Esa posibilidad debería darse cuando pasen por el sistema de justicia, cuando dejen de tener esa connotación de acusados o condenados internacionalmente", aseguró. 

Sobre la financiación del partido de las Farc y del Centro de Pensamiento, dijo que resultan desequilibrados porque los demás partidos no cuentan con los mismos beneficios: "No se debe aceptar la financiación del Centro de Pensamiento por violar el principio de igualdad", afirmó. 

Expertos debaten sobre la financiación del partido 

Rosa Inés Ospina, delegada de Transparencia por Colombia, se mostró de acuerdo con la financiación del partido de las Farc y de sus campañas políticas. 

"El actual esquema de distribución de recursos públicos es funcional al mantenimiento de las élites políticas en el poder, pues la mayor proporción se entrega en virtud al número de curules elegidas", dijo.

Por eso, señaló que la asignación de recursos a las Farc "reconoce adecuadamente que la legitimidad no radica únicamente en la cantidad de curules, sino en la capacidad de movilizar y agregar intereses ciudadanos”.

También agregó que la "financiación del partido de las Farc es fundamental y la exime de participar en contiendas electorales como condición para mantener su personería". 

Aseguró que actualmente hay un problema con los recursos propios de las Farc, pues deben ser entregados a un Fondo Especial para reparar a las víctimas, por lo tanto no tendrían recursos para participar en política. "Si tenemos en cuenta que en la práctica la mayoría de campañas se financian con recursos privados, sería difícil que obtuvieran esas curules, a no ser porque en el Acto Legislativo se les han dado unas curules mínimas", señaló, advirtiendo la importancia de las curules automáticas. 

Por su parte, Fabio Enrique López, historiador de la Universidad Nacional, también estuvo de acuerdo con la financiación al partido de las Farc. 

"La financiación no les quita un peso a los partidos políticos de los recursos a los que ya tienen derecho", señaló y dijo que esta financiación busca disminuir la brecha histórica del partido de las Farc en el ingreso a la política. "Están en desventaja con los demás partidos, y esto los equilibraría un poco en el plano real”, advirtió. 

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, aseguró: "Los beneficios del fin de la guerra mostrarían que los gastos de la participación en política son insignificantes frente a las ganancias que se obtienen".

Agregó que en los últimos años Colombia gastó 22.000 millones de pesos diarios en la guerra, por lo que el aumento del costo del partido "no tendrá implicaciones nocivas sobre el presupuesto general de la nación". 

Mujeres piden equidad en la política 

Adriana Benjumea, representante de Sisma Mujer, afirmó que en este caso se debe "promover la participación política de las mujeres reincorporadas, entendiendo que son las mujeres las que menos acceso han tenido a la formación política". 

Benjumea también añadió: "Se deben evitar los obstáculos para la participación de las mujeres de la organización".

Según la representante de mujeres, este es un riesgo que corren todas las mujeres en la sociedad civil. "Este no podrá ser un riesgo que no sea tenido en cuenta por toda la legislación tendiente a garantizar la participación efectiva de las mujeres reincorporadas”, dijo.

Participación de exguerrilleros en política nació con la constitución del 91

En su intervención ante la Corte Suprema de Justicia, el alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, hizo un balance de los avances que ha tenido el proceso con la guerrilla, específicamente de la entrega de armas y como consecuencia de la desaparición de las Farc como organización guerrillera.

Rivera señaló que desde la Constitución de 1991 ya se había facultado al gobierno para crear circunscripciones especiales y para permitir la asignación de curules en el Congreso para la transformación de organizaciones armadas en organizaciones políticas.

Dijo que la transitoriedad del sistema de curules garantiza la consolidación del partido político que nazca de las Farc, que tendrá además las mismas obligaciones y restricciones de los demás partidos políticos.

Además, precisó que los candidatos políticos de las Farc solo alcanzarán el estatus político luego de asumir un compromiso con la verdad, la justicia y la reparación.

“La exclusión nos llevó al conflicto y es la que nos puede mantener en él”.

La MOE encuentra que con la entrega de curules no solo se genera garantías de no repetición sino que se fortalecen los principios democráticos. Ese fue el principal planteamiento que manifestó Camilo Mancera, representante de la MOE, ante los magistrados de la Corte Suprema. 

“La exclusión nos llevó al conflicto y es la que nos puede mantener en él”. Por eso, de acuerdo con Mancera, no hay nada más inclusivo que la vinculación de los exmilitantes de la guerrilla al Congreso e hizo énfasis en que es la forma más eficiente de darle estabilidad al acuerdo de paz.

La MOE considera que no hay afectaciones para los demás grupos políticos con la asignación de curules directas a las Farc.

Por otra parte señaló que tal como está concebido el sistema de justicia transicional, las personas que reciban sanciones propias, es decir, que digan la verdad y reconozcan su responsabilidad en delitos, tendrán una restricción de movilidad, más no estarán privadas de la libertad. En consecuencia, dijo que podría haber simultaneidad entre el cumplimiento de la pena y la participación en política solo para quienes reciban ese tipo de sanción. 

Mancera dijo que quienes incumplan los compromisos asumidos con la verdad, la justicia y la reparación, recibirán sanciones privativas de la libertad por lo que de facto no podrían participar en política porque se les aplicaría el régimen de inhabilidades políticas.

JUSTICIA

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