Ante la Corte piden cambios en la ley de amnistía

Ante la Corte piden cambios en la ley de amnistía

Fiscalía criticó la suspensión de procesos. Procuraduría pide modificar edad sobre el reclutamiento.

Cumbre de Policías en Cali

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, defendió el tratamiento especial para los agentes del Estado responsables de delitos en el conflicto.

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Policía Metropolitana

03 de agosto 2017 , 12:43 a.m.

En una audiencia de ocho horas, representantes del Gobierno, juristas, sectores políticos, representantes de víctimas y ONG expusieron sus puntos de vista sobre la ley de amnistía e indulto que la Corte Constitucional está evaluando.

Aunque la mayoría de los sectores están de acuerdo en que sea avalada esa norma –que permite conceder esos beneficios a quienes no sean responsables de delitos graves en el marco del conflicto–, pidieron cambios.

La audiencia fue presidida por la magistrada Diana Fajardo, quien en las próximas semanas entregará una ponencia a la Corte para definir si se avala, tumba o modifica la ley de amnistía que hace parte del acuerdo de paz.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que las amnistías han sido avaladas por instancias internacionales como una herramienta esencial de los procesos de paz. Según dijo, a la fecha, 6.637 guerrilleros se han beneficiado con esta herramienta. A su turno, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, defendió el tratamiento especial para los agentes del Estado responsables de delitos en el conflicto. A la fecha, aseguró, van 1.800 miembros de la Fuerza Pública en la Jusrisdicción Especial para la Paz (JEP).

Una de las voces más críticas fue la del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que la Corte Constitucional debe resolver los vacíos y “resquicios a interpretaciones perversas que puedan afectar la seguridad jurídica”.

Dijo que no está claro cómo será la extinción del dominio de los bienes de las Farc ni qué va a pasar con los delitos que continuaron después de la firma del acuerdo de paz, como el lavado de activos, pues no serían cobijados por la amnistía. “El martes debió entregarse el listado de bienes de las Farc, pero la amnistía que ellos podían recibir solo aplicaba para conductas anteriores al primero de diciembre”, aseguró Martínez. “¿Esa es la trampa jurídica que les ofrecemos a la Farc después de su desmovilización?”, cuestionó.

También señaló que hay vacíos sobre cuáles serían los delitos conexos con la dejación de armas, y afirmó que la suspensión de procesos en contra de la guerrilla hasta que entre a operar la JEP podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional.

Tanto el procurador Fernando Carrillo como el delegado de Unicef, Roberto Bernardi, le pidieron a la Corte que modifique lo relacionado con el tratamiento para delitos como el reclutamiento de menores.

En su concepto, considerar el reclutamiento de jóvenes entre los 15 y los 18 años va en contra del interés superior del niño.

José Miguel Vivanco, delegado de Human Rights Watch, aseguró que la ley de amnistía “no cumple con los estándares internacionales porque otorga beneficios sin verificar el cumplimiento de requisitos”.

Todd Howland, delegado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, señaló que la ley debería limitarse expresamente para dar amnistías a los delitos de rebelión y conexos, sin ampliar más su espectro a violaciones contra derechos humanos, como el reclutamiento u otros crímenes. “La ley de amnistía está creando beneficios a condenados por homicidios, para personas protegidas tanto por ser miembros de la Fuerza Pública como de las Farc, sin hacer reconocimiento de aportes de la verdad ni acciones de trabajo de valor social con carácter de reparación”, dijo.

Paula Robledo Silva, delegada de la Defensoría, aseguró que la Corte debería declarar que el plazo de cinco años que la ley exige para que se presenten los beneficiarios de amnistías e indultos ante la JEP “solo puede ser entendido como un término mínimo”, mientras que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo aseguró que tal y como está la norma, no hay una simetría “entre el delito político y los cometidos por agentes estatales”.

Juristas como Rodrigo Uprimny le pidieron a la Corte condicionar la norma para que se entienda que en realidad es una ley estatutaria especial.

JUSTICIA

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