Por detrimento al patrimonio investigan a ex directores de la DNE
Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 4:54 p.m. | 26 de Mayo del 2011
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal.
El organismo de control considera que hubo irregularidades en la venta del centro comercial Villa Country, en Barranquilla.
Aunque no citó los nombres de los ex directivos investigados, la Contraloría aseguró que el centro comercial, que era administrado por la DNE, fue vendido en 3.644 millones menos del valor que estaba registrado en el avalúo catastral.
"El Centro Comercial Villa Country en Barranquilla fue vendido por un valor inferior a su avalúo catastral, en contravía de las normas que rigen la administración de bienes extinguidos. Dicho daño se tasó en $3.644 millones", señaló la Contraloría.
"Por tal razón y con fundamento en el artículo 40 de la Ley 610 de 2000, la Contraloría Delegada para Defensa dio traslado a la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, para que se dé inicio al proceso de responsabilidad fiscal", agregó el organismo.
También anunció que se hallaron méritos para abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra Promocom, el ex liquidador de Promociones y Construcciones del Caribe y Compañía S.A., por extralimitarse en el pago de honorarios.
"La sociedad Promocom, sobre la cual se emitió sentencia de extinción de dominio, inició proceso de liquidación en diciembre de 2007. Desde abril del 2008 hasta septiembre de 2010 el liquidador ordenó y se cancelaron honorarios por sumas hasta 3 veces el valor máximo permitido para este tipo de procedimientos, acorde con las disposiciones expedidas por la Superintendencia de Sociedades, cuantificándose dicho sobrecosto en $686 millones", indicó la Contraloría.
Explicó que pese a que los contratos firmados por las inmobiliarias fijaban el pago de comisiones por ventas solo hasta que se cancelara la totalidad del precio, la firma liquidadora pagó la comisión completa sin tener en cuenta el valor de la venta.
En este caso, la Contraloría estableció que el daño patrimonial alcanza los 116 millones de pesos.
REDACCIÓN JUSTICIA
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