Investigaciones por 'feria' con bienes de narcos están frenadas en la Corte y en la Procuraduría.

Mientras las investigaciones de la Fiscalía por el escándalo de los malos manejos en los narcobienes administrados por la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) está a punto de producir las primeras dos condenas contra los eslabones más débiles en esa cadena de corrupción, los casos de los congresistas salpicados no avanzan e, incluso, varios están a punto de ser cerrados.

A finales del 2010, el exdirector de la DNE Juan Carlos Restrepo denunció ante la Corte Suprema las supuestas irregularidades con las que podrían estar relacionados importantes miembros del Congreso.

Esta semana, la Sala Penal de la Corte resolvió una de las 13 investigaciones preliminares a favor del senador de Nariño Eduardo Enríquez Maya por falta de evidencia.

Los magistrados consideraron que no hay razón para suponer que las frecuentes visitas de Enríquez Maya -uno de los responsables de los 'micos' que terminaron por hundir la reforma de la justicia- a la DNE cuando esta era manejada por Carlos Albornoz no estuvieron orientadas "a la consecución de un bien común".

Fuentes de la Corte confirmaron que suerte similar están a punto de correr otros expedientes abiertos por la 'feria' con los bienes incautados al narcotráfico.

En la Procuraduría tampoco hay avances. La denuncia del exdirector Restrepo llevó a que se abrieran 14 indagaciones preliminares contra los mismos congresistas investigados en la Corte, de los cuales solo tres han sido citados a versión libre.

Pese a que el procurador Alejandro Ordóñez manifestó que "se evidencia un posible interés de estos políticos en obtener bienes incautados a la mafia para que fueran administrados por terceros", hasta el momento ninguna de las investigaciones ha avanzado hasta pliego de cargos.

Entre tanto, una investigación 'madre', abierta por la Fiscalía y que involucra al exdirector de la entidad Ómar Figueroa, ya va hacia las primeras condenas, pero ninguna de estas contra un alto funcionario.

Uno de los depositarios de bienes, Óscar Castilla Alarcón, aceptó cargos por prevaricato y falsedad, y el conductor Luis Fernando Rojas lo hizo por falsedad de documento.

Rojas era el conductor de José Alfredo Abril, otro depositario que aseguró que le entregaron bienes por influencia de personas cercanas a las cabezas de la DNE.

Castilla y Rojas serán condenados en los próximos días y recibirán una rebaja de hasta la mitad de la pena.

En este proceso son investigados el papá de Figueroa, Adolfo Figueroa Abella, y el cuestionado asesor de la DNE Jairo Coral.

Pese a que la imputación contra todos los investigados fue hace más de seis meses, ninguno de los juicios que restan ha arrancado.

Pese a que en diciembre la Fiscalía dictó orden de captura contra el exfiscal Camilo Bula, uno de los depositarios de bienes decomisados a narcos, este fue dejado en libertad por irregularidades en la detención.

Desde entonces, la Fiscalía ha tratado de imputarle cargos por peculado por apropiación, obtención de documento público y prevaricato por omisión.

Por este caso, la Contraloría abrió investigación por un presunto detrimento patrimonial de 19.000 millones de pesos.

REDACCIÓN JUSTICIA