Desgarradores testimonios de víctimas de violencia sexual por 'paras'
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Desgarradores testimonios de víctimas de violencia sexual por 'paras'

Fallo contra jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar reconstruyó sus prácticas criminales.

Homenaje a víctimas de violencia sexual

Homenaje a víctimas de violencia sexual en el corregimiento de El Placer, en el valle del Guamuez, Putumayo, realizado en marzo del 2016.

Foto:

Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

06 de noviembre 2017 , 12:35 p.m.

“Nos tenían amarradas a mi hermana y a mí a un árbol”. “Me taparon la boca con un trapo y me amarraron los brazos a la espalda”. “Me detuvieron y me encerraron en una jaula que tenían en el pueblo, durante dos días, con las manos atrás y amarrada a las varillas”. “Traté de gritar y me dijo que si gritaba me pegaba un tiro”. “Yo no volví a mirar a mi hijo. La verdad es que no lo quería porque fue producto de lo que me hizo esa gente”.

Testimonios como estos le permitieron al Tribunal de Justicia y Paz reconstruir uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano: la violencia sexual utilizada por los paramilitares del Bloque Central Bolívar contra mujeres de al menos cinco departamentos del país.

En una sentencia de 1.921 páginas contra los principales jefes de ese bloque, desmovilizado hace una década como parte del proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe, los magistrados documentaron violaciones, abusos y tratos degradantes con los que, aseguran, las autodefensas lograron intimidar a comunidades enteras.

Muchas de las víctimas habían preferido guardar silencio por miedo a ser asesinadas y a que atacaran a su familia. En algunos casos, sus parejas todavía no saben nada. Por eso se trataba de un delito y un drama silenciados.

Los hechos ocurrieron entre el 2000 y el 2006 en Santander, Putumayo, Bolívar, Caquetá y Nariño. Y una de las revelaciones del trascendental fallo es que, aunque estaban en pleno proceso de paz y de que supuestamente habían entrado en cese de fuegos y hostilidades desde el 2003, los ‘paras’ mantuvieron sus prácticas de abuso sexual hasta el final del proceso de desmovilización.

La mayoría, entre 19 y 25 años

Nueve de cada diez de las víctimas que se atrevieron a denunciar eran mujeres de entre 19 y 25 años. Los testimonios fueron aportados por la Policía Judicial, la Fiscalía y en audiencias de Justicia y Paz. “Algunas de ellas ya han reconstruido su vida, pero su entorno familiar no conoce el contexto de la guerra por el cual fueron víctimas de estas conductas criminales”, dice la sentencia.

Del análisis de los patrones de violencia basada en género, el Tribunal de Justicia y Paz concluye que las mujeres fueron un “botín de guerra”. Sin tener la posibilidad de denunciar, porque en muchas de las regiones hubo connivencia con autoridades civiles, policiales y militares, las víctimas eran blanco de ataques indiscriminados.

Eso pasaba en retenes ilegales “donde separaban a las mujeres de los hombres y aprovechaban para violarlas”. También era práctica usual que los paramilitares ingresaran violentamente a las viviendas o fincas, y justificaban su actuar diciendo que las mujeres atacadas eran auxiliadoras de la guerrilla. En algunos caseríos, los jefes de los grupos ilegales se convirtieron en los controladores del comportamiento femenino: “Se impartían directrices orientadas a aleccionar, creando vergüenza y humillación, como barrer las calles, cortarles el cabello e imponerles horarios”.

Las amarraban a postes, palos y árboles toda la noche sin proveerles ningún tipo de alimento, para ponerlas en situación de indefensión y abusar de ellas

“Las amarraban a postes, palos y árboles toda la noche sin proveerles ningún tipo de alimento, para ponerlas en situación de indefensión y abusar de ellas –se detalla en la reconstrucción hecha por el tribunal– (...) Este tipo de crímenes no solo atenta contra la libertad e integridad sexual de la mujer, sino que agrede profundamente a la comunidad entera”.

En muchos casos, ese tipo de prácticas hizo parte de todo un aparato de control social. Las declaraciones de los habitantes de las zonas bajo control de los ilegales así lo muestran: “Los miembros de ese grupo actuaban libremente, no respetaban a nadie, eran la autoridad en ese momento”; “Uno a las 6 de la tarde ya tenía que estar metido en la casa, porque si lo encontraban en el camino lo mataban”; “Como ellos eran los que mandaban en el pueblo, los ‘paracos’ les ponían muchas reglas a las personas que vivían en El Tigre: que no podían salir de noche, que las mujeres no podían andar en ‘short’, etcétera”.

¿Qué se lograba con estos delitos? Según la sentencia, varios objetivos criminales: “Amedrentar o aleccionar a la población civil con el fin de reafirmar el control de la estructura paramilitar”; “generar ganancias económicas con la prostitución forzada de mujeres”; “castigar”; “humillar al enemigo”; “vengarse del adversario” y “castigar el incumplimiento de códigos de conducta impuestos por el grupo armado ilegal con base en modelos hegemónicos de género”.

Uno de los crímenes reconstruidos en el fallo ocurrió el 18 de octubre del 2003 en la finca La Esperanza, en La Hormiga, Putumayo. Una mujer de 26 años se encontraba en su casa junto con sus tres hijos, de 3, 4 y 5 años de edad. Cuando su esposo se encontraba pescando, en su vivienda irrumpieron cuatro hombres uniformados que portaban pasamontañas.

Dos de ellos entraron a la habitación de la mujer, “la atacaron y, halándole el cabello fuertemente hacia atrás, le ordenaron que les entregara los objetos de valor que tuviera”. Como la mujer se rehusó, los paramilitares la lesionaron en el brazo con un arma blanca. Le robaron un millón de pesos y una cadena de oro. “La tumbaron en el suelo, la golpearon en la cabeza con una tabla de madera, la amarraron de brazos y piernas con una manila de amarrar cerdos, le arrancaron la ropa y, mientras le apuntaban con un arma, la violaron”.

La mujer nunca le habló a su marido acerca del abuso sexual y tiempo después se tuvo que separar de él porque no quería que ningún hombre se le volviera a acercar. Según un estudio médico que fue sumado al expediente, la mujer presenta “cuadro mixto ansioso depresivo, por lo que padece de trastornos de sueño, ansiedad e ideas de muerte”.

El 20 de noviembre del 2005, a las 2 de la tarde, en una vereda del valle del Guamuez, también en Putumayo, una menor de edad, de 17 años, se trasladaba a pie para dejarle el almuerzo a su padre. En el camino se cruzó con uno de los ‘paras’ del Bloque Surandaquíes, del BCB, que la atacó salvajemente. “Le tapó la boca para que no gritara y amenazó con asesinar a los integrantes de su familia si decía algo”, narra la sentencia. La víctima quedó en embarazo y sus padres tuvieron que asumir el cuidado del bebé producto de la violación.

Cada una de las historias reveladas por las víctimas parece más aterradora que la anterior. Dos hermanas de 25 y 26 años que vivían en una finca del caserío El Tigre, en el mismo departamento, fueron secuestradas y atacadas por la misma organización criminal: “Mientras se desplazaban hacia el campamento paramilitar, les pusieron unas bolsas en la cabeza y las empujaron diciéndoles que morirían por ser colaboradoras del enemigo. Fueron amarradas a un árbol, separadas y sometidas a abuso”. Una de ellas fue contagiada con una enfermedad de transmisión sexual y durante varios años sufrió sus secuelas.

Rosa, una joven de 25 años que administraba una droguería en el corregimiento El Placer, en Putumayo, fue atacada repetidamente, entre el 2005 y el 2006, por paramilitares que frecuentaban el lugar. Primero le exigían que les entregara medicamentos, que nunca pagaban, y la obligaban a prestar servicios médicos a los heridos. Uno de ellos, conocido como alias Barco y que padecía una enfermedad sexual, no solo obligaba a la mujer a que le diera tratamiento, sino que abusaba sexualmente de ella. Esa situación se mantuvo durante seis meses, tiempo en el cual ella también se contagió, por lo que vivía bajo la amenaza de que las mismas Auc la expulsaran de la zona o la mataran por portar la enfermedad.

Tiempo después, cuando fue al hospital para que revisaran a su hija, afectada por el glifosfato, le hicieron un examen médico y le informaron que era portadora del VIH

La historia de una mujer del corregimiento Vallecito, en San Pablo (Bolívar), es similar. En octubre del 2004 se encontraba junto con sus hijos cuando tres paramilitares del Bloque Libertadores del Río Magdalena irrumpieron en su rancho. La señalaban de “ayudar al enemigo” y la dejaron inconsciente por los golpes que le dieron. Cuando despertó se dio cuenta de que habían abusado de ella. “Tiempo después –se lee en la sentencia–, cuando fue al hospital para que revisaran a su hija, afectada por el glifosfato, le hicieron un examen médico y le informaron que era portadora del VIH”.

De los vejámenes no se salvaban ni las embarazadas. “Se viene con nosotros o matamos a sus hijos”, le dijeron a una mujer de 26 años el 15 de noviembre del 2002, en Orito, dos criminales del Bloque Sur del Putumayo, también perteneciente al BCB. Lo que sucedió luego lo reconstruyó así la justicia: “Se la llevaron a una casa habitada por paramilitares y la encerraron en un cuarto oscuro, en el que había una cama. Uno de los hombres la obligó a que se quitara la ropa y la violó. Luego de eso, la dejó encerrada con la boca tapada y las manos atadas. Unas horas después entró el otro paramilitar, le rasgó la ropa y la sometió a abuso”. Al día siguiente fue abandonada a la orilla del río. Ella, que entonces tenía cinco meses de embarazo, perdió a su bebé.

Los magistrados también documentaron ataques contra miembros de las filas paramilitares. La condena se extiende a la violación a dos muchachos reclutados por el Bloque Central Bolívar en Santander. Alias Silvestre, jefe de una de sus estructuras, fue hallado responsable de uno de estos casos.

Esclavitud sexual

Las denuncias de las mujeres y algunas confesiones de los ex-Auc también permitieron documentar casos de prostitución forzada y de esclavitud sexual. También en Putumayo, dos hermanas de 22 y 23 años que fueron secuestradas en mayo del 2001 reconstruyeron su pesadilla en estos términos: “En la noche teníamos relaciones con civiles que llegaban a tomar, a veces hasta con 12 hombres, y en el día llegaban ellos (los ‘paras’) del monte y nos encerraban. Nos daban primero almuerzo, no nos daban nada dulce, agua en botellita y una sola comida, y no nos pagaban nada (...) No sé quiénes serían; entraba uno y salía, así sucesivamente. Algunas veces la señora nos llevaba el almuerzo, otras veces era otra y nos daban poca agua”.

Ellas les hablaron a los fiscales de una mujer conocida como ‘Paloma’, quien les llevó comida y ropa destapada (faldas cortas y blusas de tiras) y las maquilló.

“A las mujeres las obligaron a pararse al frente de la puerta de la residencia para despertar el interés de los pobladores”, describe el fallo. Ambas fueron forzadas a prostituirse un mes aproximadamente, prestando “servicios sexuales” a civiles y paramilitares de la región. Todo el dinero que recibían se quedaba en manos de los delincuentes.

Ante la falta de comida y atención médica, las muchachas enfermaron, por lo cual los ‘paras’ les 'ordenaron que se fueran a otra zona, porque ya estaban muy feas'

La sentencia agrega que, ante la falta de comida y atención médica, las muchachas enfermaron, por lo cual los ‘paras’ les “ordenaron que se fueran a otra zona, porque ya estaban muy feas”. Terminaron en un negocio administrado por ‘Paloma’, donde además de prostituirse eran obligadas a realizar servicios domésticos, como lavar ropa y cocinar.

Paradójicamente, otro acto violento permitió su liberación. El 16 de junio de 2001, alguien lanzó una granada en el lugar donde eran forzadas a prostituirse. Las dos fueron llevadas de urgencias a un hospital y desde allí pudieron entrar en contacto con su familia y conseguir protección de las autoridades.

Otra de las modalidades fue el virtual secuestro de jóvenes, muchas de ellas casi niñas, para que fueran ‘novias’ de jefes paramilitares.

“Las víctimas eran acosadas y sometidas a abuso sexual por un único paramilitar, quien además se refería a ellas como su mujer o su novia, denotando así una especie de exclusividad en la relación que la víctima era obligada a mantener con el perpetrador. La esclavitud sexual resultaba del deseo del perpetrador de apropiarse del cuerpo y la voluntad de la víctima”, afirman los magistrados.

Ese fue el caso de ‘Escorpión’, un temido paramilitar del Bloque Sur del Putumayo, quien mantuvo encerradas a una mujer y a su hija, en una habitación, durante casi un año. A la mujer le decía que debía tener relaciones sexuales con él cuando se lo ordenara. “Me convertí en su mujer obligada”, contó la víctima.

Y no solo ocurrió en Putumayo, a donde los paramilitares llegaron a finales de los 90 para disputarles a las Farc la primacía sobre el narcotráfico en el departamento, que para la época era el que más coca tenía en todo el país. Uno de los casos más conocidos y también más indignantes es el del corregimiento Riachuelo, en Charalá, Santander.

Los ‘paras’ del Bloque Central Bolívar llegaron allá en el 2001 y, según la justicia, Lucila Gutiérrez, rectora del colegio Nuestra Señora del Rosario, y su esposo, Luis María Moreno (exconcejal de Charalá), pusieron la institución a órdenes de las perversiones de los delincuentes.

Incluso algunas de las actividades, como los bazares y los reinados, eran patrocinadas y financiadas por el paramilitar Carlos Almario Penagos, alias Víctor, comandante del Frente Comuneros Cacique Guanentá. La Fiscalía reseña el caso de una menor que manifestó haber sido obligada a concursar en un reinado, para lo cual se le enseñó a desfilar “con zapatos de tacón y vestidos de coctel”. Después tuvo que caminar ante hombres armados que la tocaban y le lanzaban dinero.

El evento no solo contaba con la autorización de la rectora Gutiérrez (hoy presa), sino que algunos profesores estaban a cargo del peinado y el maquillaje de las niñas.

El fallo asegura que esos reinados eran el “método de selección de los paramilitares, que elegían niñas y adolescentes de su agrado para tomarlas como esclavas sexuales”.

“Yo lo que quiero decir es que me dañaron la vida, mi infancia; me pusieron a vivir algo que no estaba en edad de vivir. Siento desilusión. Ahora tengo una hija y no quiero que ella tenga que pasar por todo lo que yo pasé”, dijo una de las víctimas en audiencia, el 16 de julio del 2014.

Y no se trató solo de abusos sexuales, sino de conductas que aprovechaban constantemente el estado de indefensión de estas personas. En el 2001, por ejemplo, cerca de 200 paramilitares se tomaron un caserío en San José, Putumayo. Tres menores de edad denunciaron años después que, además de violarlas, les cortaron el cabello, les pusieron sobrenombres y las obligaron a barrer las calles durante horas.

Una niña de 14 años a la que obligaban a lavarles los camuflados fue víctima, junto con una prima, de esas prácticas. La sentencia señala que, a instancias de una mujer conocida como la ‘Mona’ y que era enfermera de las Auc, las jóvenes “fueron retenidas por la fuerza (...) A ambas les cortaron el cabello, las obligaron a barrer las calles y fueron abusadas sexualmente. La niña llevaba un gorro azul y los ‘paras’ la apodaron ‘boina azul’”: “Los paramilitares no nos decían nada, solo se reían mientras nos cortaban el cabello, se burlaban”, dijo la menor.

Otra niña de 13 años que se dirigía a la finca de una tía a trabajar fue atacada por ocho paramilitares del Bloque Libertadores del Sur. “La amarraron, la golpearon con un arma de fuego en la cabeza y fue violada”, dice la sentencia. Además, la obligaban a cocinar, la golpearon y le cortaron su cabello. Ocho días después, un paramilitar mandó a sus escoltas a la casa de la abuela. La habían rapado y por eso llevaba una pañoleta en la cabeza: desde entonces le decían ‘boina roja’. Sobre este caso, el paramilitar Elkin Edel Zapata Morales confesó, el 24 de marzo del 2013, que quienes le cortaron el cabello fueron hombres de “la seguridad de ‘Samir’ ”, jefe paramilitar de la región. “Fue con tijera y el corte era bien alto; cuando le hicieron eso, ella lloraba, la tenían amarrada y después de esto andaba con una pañoleta en la cabeza y le decían la ‘boina roja’ ”, reconoció el ex-Auc.

La enfermera conocida como la ‘Mona’ también fue señalada como agresora por una joven que tenía 15 años cuando fue víctima de los abusos sexuales de los ‘paras’. A ella la raparon y enviaron a casa con un trapo verde en la cabeza. Quedó en embarazo producto de la violación y entregó el niño a Bienestar Familiar.

El Tribunal agrega que el barrer las calles fue un método de humillación que era usado frecuentemente por los paramilitares. “Las autodefensas obligaban a las mujeres a quienes les gustaban las fiestas a exponerse en ropa interior mientras barrían el espacio público”.

Las historias han venido conociéndose con los años, cuando las mujeres empiezan a convencerse de que no serán revictimizadas. Sobre el tema, dicen los magistrados, “algunas víctimas no denunciaron por amenaza directa de los perpetradores o porque ellas mismas lo evitaron, debido al estado constante de terror en el que se encontraban a raíz de la presencia y el control social ejercido por los paramilitares”.

Los magistrados dieron órdenes a la Fiscalía para que ubique a otros posibles victimarios, y al Estado lo llamaron a ampliar los programas de atención a las personas afectadas por estas prácticas. “Las mujeres víctimas de violencia sexual sufren afectaciones sobre su integridad, salud y dignidad, las cuales permanecen como una marca invisible por el resto de sus días”, concluye la estremecedora sentencia.

¿Qué era el Bloque Central Bolívar?

El Bloque Central Bolívar se desmovilizó en el 2005 con 7.063 hombres, después de sembrar el terror en Caquetá, Putumayo, Nariño, Vichada, Santander, Norte de Santander, Boyacá, el sur de Bolívar, Risaralda, Caldas y Antioquia.

Aunque en las tres sentencias contra este bloque el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá reconoce a 2.964 víctimas de 1.126 hechos delictivos, la Fiscalía calculó en su momento que eran cerca de 14.000.

En la sentencia, de agosto de este año, se condena a 33 paramilitares, entre ellos los comandantes Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, excluido de Justicia y Paz y preso en EE. UU.; Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez; Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, y Guillermo Pérez Alzate o ‘Pablo Sevillano’.

Por ser postulados a la Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz, debían pagar una pena alternativa de ocho años de prisión; quienes no cumplían los requisitos se exponían a una condena superior a los 40 años.

El bloque, conformado en el 2000 por orden de Carlos Castaño Gil en el sur de Bolívar, estaba integrado por siete frentes.

ANGY VIVIANA ALVARADO RODRÍGUEZ
vivrod@eltiempo.com
Twitter: @angyalvarador

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