Madres de Soacha piden que los ‘falsos positivos’ no entren a la JEP

Madres de Soacha piden que los ‘falsos positivos’ no entren a la JEP

Jueza de Cundinamarca condenó a 21 militares por el asesinato de cinco jóvenes en el 2008.

Madres de Soacha piden que los ‘falsos positivos’ no entren a la JEP

Las madres de cinco jóvenes que aparecieron muertos en Ocaña, en el 2008, asistieron ayer a la audiencia de condena de militares.

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Mauricio León / EL TIEMPO

03 de abril 2017 , 11:22 p.m.

Una semana después de que un juez de garantías se declarara impedido para tramitar uno de los procesos por los ‘falsos positivos’ de Soacha, por la entrada en vigencia de la nueva Justicia Especial para la Paz, la jueza primera especializada de Cundinamarca condenó a 21 militares, entre ellos un coronel, por esos crímenes del 2008. (Lea: Human Rights Watch rechaza envío de ‘falsos positivos’ a la JEP).

En la noche del lunes, la jueza condenó a los 21 militares implicados en los crímenes, entre ellos un coronel, a penas que van de 38 a 52 años de cárcel. Además, se deberá construir un monumento en honor a las víctimas. 

A pesar del escándalo mediático del caso, que llegó a instancias internacionales y forzó al gobierno del expresidente Álvaro Uribe a realizar una purga en el alto mando de la época, pasaron casi diez años para que se impongan apenas las primeras condenas. (Además: Guerrilleros del Eln y ‘paras’ buscan acogerse a beneficios de paz).

Incluso hay casos en los que ni siquiera se han imputado cargos por los homicidios de los jóvenes que fueron reclutados en Soacha con ofertas de trabajo en Santander y Norte de Santander y poco después eran reportados como muertos en combate.

Aunque el caso es emblemático y es una de las pocas condenas por estos crímenes, esta podría terminar subsumida por la nueva jurisdicción de paz. (También: Generales Uscátegui y Arias Cabrales, cerca de la libertad por JEP).

Esto, porque entre los defensores de militares procesados por estos casos la tesis de que las ejecuciones extrajudiciales tienen relación directa con el conflicto es fuerte. Sin embargo, la reforma constitucional que estableció la JEP ordena que la revisión se haga caso por caso, de tal manera que el traslado del procesos no sea automático. En teoría, aquellos hechos en los que la motivación de los militares respondía a los incentivos económicos y de descansos deberían seguir en la justicia ordinaria.

“No se trató de muertes en combate (...). Los militares organizaron una banda criminal. Son repetitivas las escenas en todos los casos en los que hubo desaparición forzada y concierto para delinquir”, dijo la jueza al anunciar la condena para el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado y otros 20 miembros del Ejército Nacional a 48 años.

La jueza señaló que ellos fueron responsables de delitos de lesa humanidad. Las cinco víctimas en este proceso –Diego Alberto Tamayo, Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez– desaparecieron de sus casas en el municipio de Soacha y luego aparecieron muertos en Ocaña, Norte de Santander, entre el 15 de enero y el 25 de agosto del 2008.

La falta de ‘positivos’ en la Brigada Móvil 15, la misma que el Gobierno decidió eliminar tras el escándalo, fue determinante en la tragedia. Los militares, entre los que está el coronel Gabriel Rincón Amado, planearon subir los índices de resultados de la unidad presentando como muertos en combate a los jóvenes que con falsas promesas laborales fueron llevados a Santander y Norte de Santander, donde tras ser interceptados en falsos retenes, fueron reportados como bajas en combate.

Durante la investigación el sargento Jhon Jairo Muñoz Rodríguez confesó que por Jhonatan Orlando Soto y Julio César Meza se pagaron $ 2’200.000 pesos.

Hasta ahora los militares han negado su responsabilidad. Basadas en ese hecho, las madres de las víctimas pidieron que la Justicia Especial para la Paz les niegue la entrada al coronel Rincón Amado y a sus hombres. “Permitir que este caso vaya al Tribunal de Paz sería un premio para los asesinos de mi hijo”, dijo doña Idaly Garcerá, madre de Diego Tamayo.

“Llevándolos presos no me van a devolver a mi hijo, pero quiero que haya justicia y les den la máxima condena, –dijo Carmenza Gómez, madre de Víctor Gómez– cómo va uno a perdonar a alguien que le quitó a un ser querido”.

JUSTICIA

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