‘Paras’ solo han pagado el 6 por ciento para reparar a sus víctimas

‘Paras’ solo han pagado el 6 por ciento para reparar a sus víctimas

Estado ha girado $ 71.000 millones por condenas de Justicia y Paz. Ex-Auc pusieron 5.100 millones.

Reparación a víctimas

En los 12 años que lleva vigente se han invertido más de 11,1 billones de pesos para aplicar esta justicia transicional y reparar a las víctimas.

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Martín García - Archivo / EL TIEMPO

23 de abril 2017 , 01:06 a.m.

En momentos en los que el país está a la expectativa de cómo será el funcionamiento de la justicia especial para la paz (JEP), que se encargará de juzgar a los guerrilleros de las Farc que se acogieron al acuerdo de La Habana, a particulares y agentes del Estado, el balance que ha dejado la ley de Justicia y Paz, que desmovilizó a los paramilitares, plantea varios retos.

En los 12 años que lleva vigente se han invertido más de 11,1 billones de pesos para aplicar esta justicia transicional y reparar a las víctimas, pero “los resultados son insatisfactorios frente a la finalidad de la ley”, y “deja dudas” sobre si cuando termine el proceso “se cumplirán los objetivos de verdad, justicia y reparación”.

Así lo asegura un informe de la Contraloría General, conocido por EL TIEMPO, en el que se expone que una de las mayores críticas a ese sistema judicial es que “falta voluntad de un importante porcentaje de postulados para reparar a las víctimas”.

Al gasto por la implementación de esta ley, que se firmó en el 2005 –en el gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez–, se suma el costo de los fallos de Justicia y Paz. Esas sentencias han costado 79.746 millones de pesos, de los cuales el 90 por ciento ha sido pagado con recursos públicos, es decir, del bolsillo de todos los colombianos, mientras que los paramilitares solo han aportado el 6 por ciento, unos 5.100 millones de pesos, provenientes de sus bienes.

Esta suma resulta irrisoria, sobre todo porque uno de los compromisos para recibir penas alternativas de 5 a 8 años de prisión en lugar de condenas de más de 40 años era entregar las propiedades que usurparon a campesinos o que consiguieron con rentas ilícitas.

Una de las dificultades ha sido que los ‘exparas’ le han entregado a la Unidad de Víctimas solo 1.524 bienes, avaluados en 303.000 millones de pesos, pero su administración ha sido difícil porque muchos están desmantelados, ocupados por terceros o en zonas de conflicto, y nada más el 44 por ciento tiene extinto el dominio, por lo que el resto no ha podido ser vendido. De hecho, para administrarlos el Estado ha gastado 54.000 millones de pesos.

Falta voluntad de un importante porcentaje de postulados para reparar a las víctimas

Además, de los 6.395 bienes que la Fiscalía investiga de las Auc, los desmovilizados únicamente han ofrecido el 24 por ciento. El resto ha sido hallado con indagaciones de la justicia, pero no porque voluntariamente hayan denunciado su ubicación. Por eso, el estudio afirma que “una gran cantidad de bienes no fueron reportados inicialmente por los postulados, teniendo que ser examinados por la Fiscalía con el fin de determinar si los ocultaron”.

Los exparamilitares, además, no han entregado todas las tierras despojadas. De las 439.517 hectáreas que hoy tienen una solicitud de restitución, apenas han devuelto 612 hectáreas, una cifra que no llega ni al 0,13 por ciento. Solamente han entregado una casa en Antioquia, cinco fincas en Córdoba y una en Chocó.

Tampoco han reconocido todos sus crímenes, por lo que siguen en deuda, sobre todo, con víctimas de violencia sexual y familias de desaparecidos. De los 84.114 hechos delictivos que les ha imputado la Fiscalía, guardaron silencio en el 20 por ciento.

A paso lento

Además de los incumplimientos, el sistema judicial avanza a paso de tortuga. Si bien se han realizado 15.431 sesiones de versiones libres y se han compulsado copias por 16.401 hechos para que políticos y miembros del Ejército sean investigados por jueces ordinarios, con lo que se ha podido reconstruir parte de la memoria histórica, el libro de la verdad sobre la violencia está lejos de ser terminado.

La Contraloría dice que aún falta que los tribunales juzguen 76.713 hechos delictivos, el 93,4 por ciento del total de hechos cometidos por las Autodefensas.

El estudio plantea que desde que entró en vigencia, los 15 magistrados de las salas de Justicia y Paz han proferido 47 sentencias en las que han sido condenados 195 postulados, que son un 8,2 por ciento de los 2.379 paramilitares activos en esa justicia especial.

A este sistema llegó casi el doble de esa cifra, pero alrededor de la mitad fueron expulsados, ya sea porque murieron o mintieron o porque no cumplieron con todos los requisitos de justicia, verdad y reparación.

Ley terminó desbordando la capacidad del Estado

Según funcionarios de la Fiscalía encargados de aplicar esta ley, las demoras se dan por el gran número de víctimas y hechos delictivos cometidos por los paramilitares, lo que no se previó cuando la ley fue expedida.

Además, según los funcionarios, al principio se aplicaron procesos de la justicia ordinaria, y este sistema de justicia, que fue sui géneris en el país, ha tenido que irse adaptando a las necesidades.

“Aunque las recientes investigaciones han implementado criterios de priorización, patrones de macrocriminalidad y análisis de contextos que permiten agrupar un mayor número de postulados y hechos delictivos, la tarea por realizar por parte de la administración de justicia sigue siendo considerable”, dice el informe.

La Contraloría asegura que, de seguir con el mismo ritmo, “es muy probable que se requieran más de cinco años para resolver las imputaciones que faltan”.

MILENA SARRALDE DUQUE
Redacción Justicia

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