‘El Gobierno no se casa con ninguna versión’: Naranjo

‘El Gobierno no se casa con ninguna versión’: Naranjo

El Gobierno busca avanzar en acuerdos que hagan mejoren la lucha contra el narcotráfico en Tumaco.

Óscar Naranjo, vicepresidente de la República

El vicepresidente Óscar Naranjo con las comunidades del puerto.

Foto:

Mauricio Dueñas / EFE

14 de octubre 2017 , 11:00 p.m.

El vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, lleva varios meses viajando casi semanalmente a Tumaco para reunirse con las comunidades y avanzar en acuerdos que hagan más eficiente la lucha contra el narcotráfico en la zona e incrementar la seguridad y la inversión social en la región.

Desde ese puerto, donde despachó la última semana, el general habló con EL TIEMPO de la situación generada por la muerte de los campesinos en medio de protestas contra la erradicación de coca.

¿Cómo ha avanzado la investigación por la muerte de 7 civiles en Tumaco?

El Gobierno, como lo ha dicho el Presidente de la República, no está amarrado a ninguna de las versiones. Lo que es claro es que la Fiscalía, que ha tenido en el terreno hasta 80 investigadores, tendrá la última palabra. Lo que corresponde es asegurarle a la Fiscalía que, a partir de las versiones testimoniales y también de la recolección de evidencia material de prueba, se establezca la veracidad y se esclarezcan los hechos.

A partir de las versiones testimoniales y también de la recolección de evidencia material de prueba, se establezca la veracidad y se esclarezcan los hechos

¿Qué explica la animadversión de los campesinos hacia los grupos de erradicación manual?

Hay tres factores. Primero, que a esas zonas nunca se había llegado con erradicación manual. Dos, que en esa región, desde que se suspendieron las aspersiones aéreas por ser zona de frontera, estaba muy consolidada la producción de cocaína; y tres, que hay una expectativa muy grande para que la sustitución de cultivos, en función de los acuerdos colectivos, sea la única respuesta del Gobierno, pero la respuesta del Gobierno es diferenciada. Hay 1.800 familias ya comprometidas para sustituir voluntariamente cerca de 1.500 hectáreas en la zona de Llorente, mientras que en el Alto Mira se han erradicado ya cerca de 9.000 hectáreas de manera forzosa, que corresponden más a los cultivos industriales.

¿Este incidente podría poner en riesgo las metas de erradicación de coca en la zona?

No. Durante esta semana me he estado asegurando de hablar con las comunidades: hemos hecho 16 reuniones con líderes y con las comunidades, lo que ha involucrado a cerca de 850 personas, para decirles que lo que no puede pasar es que como resultado de estos lamentables hechos se premie al narcotráfico, que está detrás de los intereses de paralizar la erradicación y la sustitución.

¿Qué intereses pueden estar detrás de la situación?

Bueno, si uno calcula que la Fuerza Pública ha incautado en lo que va del año 83 toneladas en Tumaco, pues hay que valorar cuales son los intereses mafiosos que están detrás de mantener el ‘statu quo’ en relación con los cultivos ilícitos, y no hay otra respuesta que decir que al crimen organizado y al crimen transnacional es a los que les interesa mantener esta situación bajo esta tensión.

Lo que no puede pasar es que como resultado de estos lamentables hechos se premie al narcotráfico, que está detrás de los intereses de paralizar la erradicación y la sustitución

¿La colaboración de las Farc en este proceso de acabar con el narcotráfico va marchando?

En relación con el tema de los cultivos ilícitos, hay declaraciones públicas de varios de los representantes de las antiguas Farc que están motivando a las comunidades a abandonar los cultivos para que acepten la sustitución de cultivos. En ese sentido, están cumpliendo el acuerdo.

Pero ¿en el terreno se está viendo lo mismo?

En el terreno hay antiguos miembros de esa organización que no se acogieron al acuerdo o que son disidentes, que quieren persistir en cultivos y su vinculación al narcotráfico a gran escala. Es el caso de alias Guacho, identificado por todas las comunidades como uno de los principales responsables de amenazar a las comunidades, de generar violencia y de oponerse tanto a la erradicación como a la sustitución de cultivos.

JUSTICIA

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