Los militares ya pueden bombardear a disidencias de las Farc

Los militares ya pueden bombardear a disidencias de las Farc

Mindefensa firmó directiva que, en la práctica, blinda a uniformados de eventuales procesos penales.

Gentil Duarte, Jhon 40 y Rodrigo Cadete

‘Gentil Duarte’ (izq.) militó por más de 30 años en las Farc; ‘Jhon 40’ (centro) es el gran capo de las Farc; ‘Rodrigo Cadete’ (der.) desertó hace un mes y se unió a las disidencias.

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Archivo / EL TIEMPO

31 de octubre 2017 , 06:32 a.m.

Desde la semana pasada, las Fuerzas Militares están blindadas legalmente para utilizar todo su poder de combate, incluyendo los bombardeos aéreos, en contra de las disidencias y grupos de ‘crimen residual’ que persisten en varios territorios tras la desmovilización y desarme de las Farc.

Se trata de la directiva 037, que actualiza la 0016 del año pasado –la cual permitió usar esa arma contra tres grandes bandas criminales– y en la práctica blinda a los miembros de la Fuerza Pública de eventuales procesos penales, como sucedía en el pasado.

Según los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, más de una veintena de grupos, entre disidencias propiamente dichas y pequeñas bandas, han aparecido en una docena de departamentos del país. La más grande, que tiene unos 350 hombres, es la disidencia de los frentes siete y primero que delinque en Guaviare y está a órdenes de alias Gentil Duarte.

Las propias Farc han informado al Gobierno que 481 de sus hombres decidieron seguir por fuera de la ley. Las Fuerzas Militares suman a esa cifra otras 218 personas, con lo que estos grupos podrían tener hoy 699 miembros armados.

Lo que hace la directiva firmada la semana pasada por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, es homologar lo que el Gobierno llama ‘organizaciones del crimen residual’ con los grupos armados organizados (GAO).

En esa categoría están desde el año pasado las bandas del ‘clan Úsuga’, ‘los Pelusos’ y ‘los Puntilleros’.

“Esa directiva nos da el respaldo jurídico para que la Fuerza Pública pueda usar incluso las ‘operaciones beta’ (las bombas) para impedir la expansión de estas nuevas organizaciones”, explicó una alta fuente oficial.

El 10 de marzo pasado, una bomba de bajo poder fue lanzada desde un avión de la Fuerza Aérea contra una zona campamentaria de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare. Pero esa operación buscaba más destruir una infraestructura usada como armería y base el narcotráfico que poner fuera de combate al jefe disidente y sus lugartenientes. De hecho, el bombardeo no dejó muertos ni heridos.

Lo que señala la directiva es que las disidencias, por su disposición en el terreno, su capacidad de fuego y de atentar contra la población civil y la misma integridad de los representantes del Estado, representan una amenaza tal que la Fuerza Pública no solo debe responder a sus acciones sino ir a la ofensiva en el marco de lo que el Derecho Internacional Humanitario llama ‘necesidad y ventaja militar’. Esto se traduce en que poner fuera de combate, en especial las cabezas de las disidencias, justifica el uso de la fuerza del Estado en su máxima expresión. Eso sí, respetando principios básicos del DIH como la no afectación de la vida, integridad y bienes de la población civil.

En cada caso, la decisión de usar las operaciones beta estará en los altos mandos, especialmente de la Fuerza Aérea, pero con directa comunicación con el comando de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa.

Fuentes militares le dijeron a este diario que las operaciones de este tipo son ahora más viables por haberse terminado definitivamente la etapa de movilización de los frentes de las Farc que cumplieron con la entrega de armas y la desmovilización. Y, aunque centenares de guerrilleros permanecen hoy en los ‘espacios territoriales de capacitación y reincorporación’, se tiene claridad sobre las áreas cercanas en las que se mueven las disidencias, lo que minimizará riesgos de errores.

¿Quiénes quedan en la mira? Claramente, hombres como ‘Mordisco’, ‘Gentil Duarte’, ‘Jhon 40’ y ‘Rodrigo Cadete’, todos curtidos jefes guerrilleros que le hicieron ‘conejo’ al proceso de paz y decidieron seguir con el narcotráfico en el suroriente del país.

Otros grupos ilegales ‘posproceso’, como las bandas que están delinquiendo en Tumaco, seguirán en la mira de la Policía, pues, al menos por ahora, se trata de organizaciones tipo sicarial cuyo nivel de amenaza puede ser enfrentado en el marco normativo de los derechos humanos y no del DIH.

JUSTICIA
@justiciaET
justicia@eltiempo.com

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