Así quedó la ley con la que el gobierno pretende someter a las bandas

Así quedó la ley con la que el gobierno pretende someter a las bandas

El Congreso no eliminó artículos que permiten a las disidencias de las Farc acceder al mecanismo.

Dairo Antonio Úsuga Otoniel

Dairo Antonio Úsuga ‘Otoniel’, jefe del ‘clan Úsuga’.

Foto:

Archivo particular

25 de junio 2018 , 09:07 p.m.

Con un techo de máximo 30 por ciento de rebaja de penas para delitos de lesa humanidad y 50 por ciento para otros delitos, quedó la ley con la que se buscará el sometimiento de bandas criminales a la justicia y que ya solo espera la sanción presidencial para entrar en vigencia.

El proyecto que fue radicado por el Ministerio de Justicia el pasado 20 de marzo terminó su curso hace una semana en el Congreso donde uno de los cambios que le introdujeron fue precisamente limitar a máximo 30 por ciento la rebaja de penas para los delitos más graves.

En el documento inicial ese beneficio había quedado de hasta por la mitad de las condenas que les fueran impuestas a los integrantes de las organizaciones criminales.

Aunque algunos expertos consideran que esa modificación puede desincentivar el sometimiento de las bandas, otros señalan que más que una rebaja de penas, organizaciones como el ‘clan Úsuga’ lo que esperan es poder tener un proceso colectivo, algo que hoy no está contemplado en la ley.

Jorge Retrepo, director del Cerac, afirma que la principal motivación de esas organizaciones es que se puedan entregarse en grupo, dejar las armas y resolver su situación ante un juez de forma organizada.

Además señala que el límite a los beneficios va en consonancia con el cumplimiento de tratados internacionales.

El penalista Camilo Burbano coincide en que los compromisos internacionales obligan a que los delitos de ese tipo de grupos sean efectivamente castigados por lo que las rebajas tampoco pueden ser demasiado altas.

Dice que mientras la ley 600 definía rebajas automáticas del 50 por ciento para quienes se acogieran a sentencia anticipada, el código penal actual establece esos beneficios “hasta por el 50 por ciento por aceptación de cargos; es decir, no es automático”, pues el juez pondera la gravedad de los delitos, el nivel de dolo y otras condiciones para decidir el porcentaje de esas gabelas.

Agregó que los delitos de lesa humanidad no son precisamente el común denominador de esas organizaciones que están mucho más concentradas en el narcotráfico o la extorsión.


Disidencias no están excluidas

El Congreso le hizo cambios al documento, pero mantuvo la posibilidad de que las disidencias de las Farc accedan a ese tratamiento judicial colectivo.

Según el texto, al mecanismo de sometimiento podrán acceder no solo los Grupos Armados Organizados “que usan la violencia armada contra la Fuerza Pública; la población civil; bienes civiles, o contra otros grupos armados, y tienen un mando que ejerce liderazgo”; sino también los Grupos Delictivos Organizados “de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente para cometer delitos graves tipificados en la Convención de Palermo”.

Esa decisión es polémica, pues el acuerdo de paz había señalado que quienes incumplieran el proceso tendrían que enfrentar todo el peso de la ley, sin más oportunidades de recibir gabelas judiciales.

La aprobación del proyecto le dará impulso a la intención que hizo manifiesta en septiembre del año pasado a través de un video Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, de someterse a la justicia. “Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país. En repetidas ocasiones hemos expresado nuestra intención de alcanzar una salida digna y voluntaria para todos nuestros combatientes acogiéndonos a la justicia colombiana”, dijo ‘Otoniel’.

El presidente Juan Manuel Santos señaló unos días después de esa comunicación que ya habían recibido la manifestación del ‘clan’ para someterse a la justicia, que de ninguna manera significaría darles un reconocimiento político.

Si esa intención sigue en firme, el ‘clan Úsuga’ y las demás organizaciones que quieran someterse deberán cumplir con una estricta lista de requisitos, entre ellos, la redacción de un documento donde listen a cada uno de sus integrantes con sus respectivas actas de sujeción. También describir las conductas y los hechos que serán reconocidos de forma individual y colectiva, e identificar a las víctimas de esos delitos.

Además tendrán que entregar información de los bienes que adquirieron producto de los delitos, así como la relación de los testaferros del grupo y sus miembros. 

En la ley quedó establecido que perderán los beneficios quienes resulten condenados por hechos o delitos que no hayan descrito en el acta de sujeción individual.

También será excluido del programa de sometimiento y terminará pagando sentencias completas quienes cometan nuevos delitos en los cinco años posteriores a la emisión de la sentencia.

JUSTICIA

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