Los secretos que se encontraron en el prostíbulo de la mafia

Los secretos que se encontraron en el prostíbulo de la mafia

En el 2003, dos capos reclutaron a 40 prostitutas y a 20 escoltas e inauguraron El Castillo.

El Castillo

El edificio donde funcionaba El Castillo fue sellado, pero está a nombre de terceros. Por eso no pasará a manos del Estado.

Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

19 de febrero 2017 , 04:57 p.m.

Extranjeros, empresarios nacionales, comerciantes, ganaderos y mafiosos disfrutaron durante 14 años del anonimato y lujos de El Castillo, uno de los prostíbulos más prósperos y conocidos de la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá.

El lugar les ofrecía de todo: 40 mujeres a su disposición, ‘suites’ de lujo, 50 cámaras de vigilancia, licor importado, restaurante, peluquería y espectáculos, y tres anillos de seguridad que garantizaban privacidad y protección a los clientes, los reyes del antro.

‘Niña que no preste un buen servicio de los que ofrece tendrá que hacer la devolución del dinero: la administración’, se lee en un aviso a la entrada del lugar, que este martes fue allanado con fines de extinción de dominio luego de que la Fiscalía comprobó lo que EL TIEMPO reveló en el 2014: que El Castillo está vinculado con la mafia.

A pesar del movimiento de gente escoltada y de dinero en efectivo, ninguna autoridad se había preguntado qué pasaba en las entrañas de ese edificio, declarado patrimonio arquitectónico e iluminado con luces de neón y lámparas Baccarat.

Pero en el 2014, su administrador, Juan Pablo Lozano, abrió la caja de Pandora al conceder entrevistas a revistas de espectáculos.

El hombre, un moreno macizo, vestido con camisas Versace, aseguró que él era el dueño del extravagante establecimiento y que tenía negocios en otro prostíbulo con el general de la Policía Ernesto Gilibert.

Aunque el hombre se retractó de inmediato de los señalamientos contra el general, las suites donde atendía a sus clientes por 250.000 pesos la hora y la docena de habitaciones donde dormían sus trabajadoras en grupos de cinco pasaron a un segundo plano.

Las declaraciones de Lozano llevaron a este diario a buscar quiénes eran los verdaderos dueños del lugar, vigilado por escoltas y atendido y animado por lindas niñas del Eje Cafetero, Antioquia y el centro del país, que facturaba cientos de millones de pesos al año.

El rastro narco del lugar fue revelado por EL TIEMPO en un artículo publicado el 23 de agosto del 2014, en el que se mostró que en sus escrituras de constitución, fechadas el 21 de junio del 2003, aparecía José Ricardo Pedraza Díaz. Se trata de un señalado capo y lavador de la mafia que aparentemente vendió su participación dos años después, cuando ya estaba preso y listo para ser extraditado.

El resto de la historia, que terminó con el sellamiento del local, corrió por cuenta de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía. Por orden de la fiscal Martha Ladino se rastrearon los bienes y socios de Pedraza y se encontró a un segundo narcotraficante: Carlos Medina Acosta.


La narcofortuna

Medina, al igual que Pedraza, fue solicitado en extradición por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que los procesó por lavado de dinero de utilidades provenientes del tráfico ilegal de narcóticos.

Entre ambos, dejaron dos haciendas en Vichada, de más de 3.600 hectáreas; un apartamento en el conjunto residencial Reserva 67; una veintena de predios rurales en Cundinamarca; un apartamento en Santa Marta y seis más en Bogotá. En la lista de bienes incautados, además de El Castillo, figura el Hospedaje VIP, un centro médico alternativo y la inmobiliaria Jhapasam & Cía. Todo vale 6.000 millones de pesos.

Para la Fiscalía es claro que las personas que ahora son titulares de dominio de esas fincas y apartamentos forman parte del núcleo familiar de los señores José Ricardo Pedraza Díaz y Carlos Manuel Medina Acosta.

Además, que es obvio que conocen por qué fueron extraditados y que el origen de su patrimonio no es el trabajo lícito, sino producto del lavado de activos y del narcotráfico.

“Pero nadie sabe cuánto dinero se movía en El Castillo. No hay libros de contabilidad ni documentación administrativa. Y el lugar aparece arrendado a terceros por su representante legal, Óscar Ricardo Pedraza Pardo. El edificio figura a nombre de otra persona. Y movieron a unas jóvenes venezolanas que al parecer hacían parte de una red de prostitución”, le dijo a este diario un investigador.

A disposición de la Fiscalía solo quedó licor, equipos de sonido y mobiliario propio de un prostíbulo. Los otros bienes, pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com

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